Ley Sinde

La denominada “Ley Sinde”, “Ley Sinde-rechos” o “Ley Sinde-scargas” es en realidad una de las disposiciones finales del borrador de “Ley de Economía Sostenible” cuyo trámite parlamentario cumplió ayer una etapa sin la aprobación de la citada disposición, causando una gran alegría a sus detractores (mayoría en twitter y en las redes sociales) y una gran frustración a sus promotores.

Este es el texto de la controversia:

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 34/2002, de  11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información, el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba texto refundido de la Ley  de Propiedad Intelectual y la  Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para la protección de la propiedad
intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Uno. Se introduce una nueva  letra e) en el art. 8.1.de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y  de Comercio Electrónico con el siguiente
tenor:
“e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.”
Dos. Se introduce un nuevo apartado segundo del artículo 8 Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información  y de Comercio Electrónico, con renumeración
correlativa de los actuales 2, 3, 4 y 5
“2. Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado
anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio  de la sociedad de la
información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a
los prestadores de servicios de la sociedad de  la información la comunicación de los datos
que permitan tal identificación  a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Los
prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la
identificación.”
Tres. Se introduce una Disposición adicional quinta en el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, con la
siguiente redacción:

“El Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de
los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de
servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y
concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico.”
Cuatro. Se modifica el art. 158 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril con la siguiente redacción:
“Artículo 158. Comisión de Propiedad Intelectual
1.  Se crea en el Ministerio de Cultura  la Comisión de Propiedad Intelectual, como
órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje
y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente ley.
2.  La Comisión actuará por medio de dos Secciones.
La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación y arbitraje  que le atribuye la
presente ley.
La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura,
por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los
responsables de servicios de la sociedad de  información en los términos previstos en los
artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico.
3.  Corresponde a la Sección Primera el ejercicio de las funciones de mediación y
arbitraje de acuerdo con las siguientes reglas:
1º. En su función de mediación:
a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento de las partes, para el caso
de que no llegue a celebrarse un contrato, para la autorización de la distribución por
cable de una emisión de radiodifusión, por falta de acuerdo entre los titulares de los
derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.
b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes.
Se considerará que todas las partes aceptan  la propuesta a que se refiere el párrafo
anterior, si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres meses. En este
supuesto, la resolución de la Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23
de diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden jurisdiccional civil.
La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificará a las partes, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El procedimiento mediador, así como la  composición de la Comisión a efectos de
mediación, se determinarán reglamentariamente,  teniendo derecho, en todo caso, a formar
parte de la misma, en cada asunto en que intervengan, dos representantes de las entidades
de gestión de los derechos de propiedad intelectual objeto de negociación y otros dos de las
empresas de distribución por cable.
2º. La Comisión actuará en su función de arbitraje:

a) Dando solución, previo sometimiento de las partes, a los conflictos que, en aplicación
de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior,  puedan producirse entre las
entidades de gestión y las asociaciones de usuarios de su repertorio o entre aquéllas y
las entidades de radiodifusión. El sometimiento de las partes a la Comisión será
voluntario y deberá constar expresamente por escrito.
b) Fijando una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, a los efectos señalados en
el apartado 2 del artículo anterior, a solicitud de una asociación de usuarios o de una
entidad de radiodifusión, siempre que éstas se sometan, por su parte, a la competencia
de la Comisión con el objeto previsto en el párrafo a de este apartado.
3.º Reglamentariamente se determinarán, para el ejercicio de su función de arbitraje, el
procedimiento y composición de la Comisión, teniendo derecho, en todo caso, a formar
parte de la misma, en cada asunto en que  intervengan, dos representantes de las
entidades de gestión y otros dos de la asociación de usuarios o  de la entidad de
radiodifusión.
La decisión de la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes.
Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio de las acciones que puedan
ejercitarse ante la jurisdicción competente. No obstante, el planteamiento de la controversia
sometida a decisión arbitral ante la Comisión impedirá a los Jueces y Tribunales conocer de
la misma, hasta tanto haya sido dictada la resolución y siempre que la parte interesada lo
invoque mediante excepción.
4.  Corresponde a la Sección  Segunda, que actuará conforme a los principios de
objetividad y proporcionalidad, el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8 y
concordantes de la Ley 34/2002, para la salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual frente a su vulneración por los responsables de  servicios de la sociedad de
información.
La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un
servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la
propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o que
haya causado o sea susceptible de causar un  daño patrimonial. La ejecución de estos
actos, en cuanto pueden afectar a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20
de la Constitución, requerirá de la previa autorización judicial, de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 122 bis  de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- administrativa.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las acciones civiles, penales
y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes.
Reglamentariamente se determinarán la composición y funcionamiento de la Sección y
el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. El procedimiento
para el restablecimiento de la legalidad, que se iniciará siempre a instancia del titular de los
derechos de propiedad intelectual que se consideran vulnerados o de la persona que tuviera
encomendado su ejercicio, estará basado en los principios de celeridad, proporcionalidad y
demás previstos en la Ley 30/1992, de 26 de  noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Cinco. Se modifica el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, numerando su texto actual como apartado 1 y añadiendo
un apartado 2, con el contenido siguiente:
“2. Corresponderá a los Juzgados Centrales de  lo Contencioso-administrativo autorizar,
mediante auto, la ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión
de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de
la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en
aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico”.
Seis. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 80 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con el siguiente tenor:
“d) Los recaídos sobre las autorizaciones previstas en el artículo 8.6 y en los artículos 9.2
y 122 bis.”
Siete. Se introduce un nuevo artículo 122 bis en la Ley 29/1998, de 13 de abril, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con el siguiente tenor:
1. La ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación de servicios de la
sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad
intelectual, adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en
aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico, requerirá de autorización judicial  previa de conformidad con lo
establecido en los apartados siguientes.
2. Acordada la medida por la Comisión, solicitará del Juzgado competente la autorización
para su ejecución, referida a la posible afectación a los derechos y libertades garantizados
en el artículo 20 de la Constitución
3. En el plazo improrrogable de cuatro días siguientes a la recepción de la notificación de
la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado convocará
al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los
derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante a
una audiencia en la que, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá
mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la
ejecución de la medida.
Ocho. Se modifica el apartado 5 de la Disposición adicional cuarta de la ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa, con el siguiente tenor:
“5. Los actos administrativos dictados por la Agencia Española de Protección de Datos,
Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo
Económico y Social, Instituto “Cervantes”, Consejo de Seguridad Nuclear y Consejo de
Universidades, Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, directamente, en
única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

La disposición pretendía ajustar el actual ordenamiento jurídico a los intereses particulares de determinados agentes sociales relevantes en cuanto a su actividad económica en torno a determinados medios de comercialización de contenidos susceptibles de utilizar la via digital, pero no a todos. Muchos creadores se están adaptando a los condicionantes de internet por otras vías y han manifestado no necesitar ni defender la medida legal a debate.

Sin embargo, cabe destacar que aun sin las medidas diseñadas en la modificación legal descartada, la Ley 34/2002, de  11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, y el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba texto refundido de la Ley  de Propiedad Intelectual, incluyen lo esencial para permitir el cierre cautelar de webs que pueda considerarse que tengan aspectos contrarios al ordenamiento jurídico.

Por tanto, la batalla no ha terminado. Es preciso modificar las Leyes citadas para que pueda garantizarse una internet libre que promueva la innovación en la forma de rentabilizar los contenidos digitales, sin subordinarse a intereses económicos cortoplacistas. La Propiedad Intelectual es claramente un derecho de propiedad que hay que preservar, como otros derechos, pero los criterios de valoración de esa propiedad, a dia de hoy tienen condicionantes nuevos, y es preciso estimular a quienes sean capaz de maximizarla en las condiciones que sean compatibles con el desarrollo de la sociedad de la información.