Facturas pendientes

La Columna de ABC de hoy, 29 de mayo de 2011, UNA RAYA EN EL AGUA del columnista IGNACIO CAMACHO se titula Financieros a la fuerza y es un buen análisis de una de las causas de la crisis.

Lo transcribo por su interés:

En algunos ayuntamientos, como el de Sevilla, existen facturas pendientes de pago… ¡en pesetas! Eso significa que hay proveedores que llevan más de nueve años sin cobrar, tiempo en el que más de uno habrá quebrado. Al borde de la quiebra están también muchos contratistas de bienes y servicios a los que autonomías y municipios han utilizado como financieros involuntarios de una deuda pública ingente y en muchos casos no contabilizada. Empresas sanitarias, energéticas, de telecomunicaciones, de hostelería, pero también profesionales, autónomos y comerciantes pequeños y medianos que suministraban materiales de necesidad inmediata. Hay hasta clínicas que han cerrado quirófanos por impago de conciertos; una verdadera procesión de afligidos que durante años ha ido acumulando bien a su pesar una verdadera nube tóxica de pasivo.

Esa trampa gigantesca es lo primero que se van a encontrar los nuevos alcaldes y presidentes autonómicos, como se la toparon los dirigentes de CiU —hasta un 0,6 por ciento más de la deuda oficial reconocida— cuando tomaron posesión de la Generalitat catalana. Nadie está limpio de responsabilidad: ocurre lo mismo en las comunidades y ayuntamientos que han estado bajo gobierno del PP. Una deuda inembargable y muchas veces oculta que colapsa el tejido productivo y debería ser la prioridad de cualquier programa de reactivación de la economía y del empleo. El problema es que no basta con hacer auditorías y poner el grito en el cielo contra la bancarrota heredada; urge encontrar fondos para pagar, y las instituciones ya hace tiempo que están al límite —y bastante por encima— de su crédito.

De manera que la única solución, parcial pero imprescindible, es una poda de gasto superfluo. Eso no va a alcanzar para poner el contador a cero pero al menos proporcionará un cierto alivio y sobre todo otorgará autoridad moral para exigir sacrificios o quitas. Porque durante años, los proveedores no sólo se han desesperado de no cobrar sino que mientras se asfixiaban han visto proliferar empresas, nóminas y organismos oficiales cuyos directivos dilapidaban –en ocasones también a débito, para más recochineo— los fondos que faltaban para hacer frente a la montaña de impagos. El adelgazamiento de esa masa administrativa insostenible es una cuestión de ejemplaridad que es menester abordar sin dilaciones ni prórrogas como providencia preliminar de regeneración de la vida pública.

Se trata de una cuestión antipática que conlleva despidos, cierres y demás medidas de ajuste, y que será utilizada por los adversarios políticos para alimentar el discurso del miedo a la derecha, el eje del debate político de los próximos meses. Pero no es negociable: o recortes o ruina. Ruina de las instituciones y ruina de los particulares que las han venido sosteniendo con su deuda paralela.

Voto particular del Juez Varela

Estoy encantado de haber visto este texto de Luciano Varela Castro, magistrado del Tribunal Supremo y miembro de la Junta Electoral Central. Gracias al Blog de Ignacio Escolar.

Anoche opinaba yo en Twitter que la Junta Electoral erraba el diagnóstico y por lo tanto, era incorrecto el tratamiento. Opinión que no me impide acatar aunque no compartir lo definido en los órganos jurisdiccionales, que, en sus sucesivas instancias pueden avalar tesis contradictorias. Y desde luego, el argumentario, cargado de razón jurídica, qeda expuesto por el juez:

Emito este voto particular desde el mayor de los respetos a mis compañeros de la Junta Electoral Central, pero también desde la más profunda de las discrepancias.

Hemos sido emplazados por la Abogacía del Estado a establecer un criterio que, según su expresión “permita actuar, de acuerdo con sus instrucciones, a las Autoridades Públicas”,.y por la Junta Electoral Provincial de Salamanca, que nos solicita “directrices a tener en cuenta para la concesión de autorización” respecto a una previa solicitud, amparada por el artículo 8 de la LO 9/1983 reguladora del derecho de reunión.

Ambas interpelaciones indican que se han producido resoluciones diferentes por diversas Juntas Electorales Provinciales, denegando unas la autorización, por diversos motivos, dándose otras por enteradas y, finalmente, alguna (JEP de Valencia), considerando que ninguna competencia tenía al respecto.

Comparto con mis compañeros que la JEC es competente para “unificar los criterios de las Juntas Electorales Provinciales” y que la competencia en relación a la celebración de manifestaciones en periodo electoral es de la Autoridad Gubernativa “salvo en el caso de los actos de campaña electoral”.

Pero precisamente la primera cuestión que debíamos resolver, para dar la exigible respuesta que reclama la Abogacía del Estado, al comunicarnos lo resuelto por la JEP de Valencia, es si “las concentraciones y reuniones a las que se refieren las consultas elevadas a esta Junta” (JEC), merecen la calificación jurídica de actos de campaña electoral.

Mi discrepancia con la mayoría deriva de que no se da una respuesta expresa a tal cuestión, con la consecuencia de omitir la obligada motivación. Y resulta cuestionable la equiparación y consideración –implícita en el acuerdo de la mayoría- de tales concentraciones con actos de campaña, dado el concepto legal de ésta (artículo. 50.4 de la LOREG) que requiere que el sujeto activo lo sean, precisa y exclusivamente, los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones y que los lleven a cabo con el fin específico de la captación de sufragios. Y no los ciudadanos libres que no protagonizan el procedimiento electoral.

Mi discrepancia deriva de esa falta de respuesta expresa a la petición de la Abogacía del Estado que, al indicar que una JEP resolvió de manera diversa a otras, requería uniformidad de criterio sobre cual sea la Administración competente para establecer las eventuales consecuencias jurídicas de la notificación del ejercicio del derecho de reunión a que se refiere el artículo 10 de la LO 9/1983. Es decir, para la eventual no autorización o modulación de la forma de ejercitar el derecho de reunión en un caso concreto

En segundo lugar, estimo que la declaración de que las reuniones y concentraciones a las que se refieren las consultas elevadas a la Junta (Electoral Central) no podrán celebrarse desde las cero horas del sábado 21 de mayo hasta las 24 horas del domingo 22 de mayo de 2011 “las concentraciones y reuniones a las que se refieren las consultas elevadas a esta Junta se aparta de las pautas a las que remite la constante doctrina del Tribunal Constitucional y caracterizan nuestra sociedad democrática.

Del examen de los escritos presentados en las Delegaciones del Gobierno de Valencia, Madrid y Salamanca, se deriva que los que los presentaron anuncian la pretensión de convalidar “un pacífico y espontáneo ejercicio del derecho de reunión” que tiene por objeto principal “hacer una llamada al ejercicio del voto responsable”

De tales antecedentes, únicos de los que la JEC tiene exacta comunicación y, por ello, única premisa lícitamente admisible de su conclusión, no puede derivarse la consideración de que aquellas concentraciones constituyan un acto de propaganda propio de campaña electoral en el sentido con el que la LOREG define dicho concepto.

La invocación, que hace el acuerdo de la mayoría, de la prohibición legal de actos coactivos contra la libertad del elector o de la petición de voto a favor de determinadas candidaturas o de su negación a otras, implica una previsión de hechos futuros que, además de no venir apoyada en dato objetivo alguno son, cuando menos, de aventurado pronóstico y que, por ello, no pueden justificar por sí solos una negación tan grave del ejercicio de un derecho fundamental.

Precisamente el carácter esencial de tal derecho para la consideración de la articulación política de una sociedad como realmente democrática, obliga a los poderes públicos a no ampararse en la “lábil línea divisoria entre los mensajes amenazantes y los que no lo son” pues es a los ciudadanos a los que compete el poder político de decidir cuales mensajes quieren recibir y qué valor quieren dar a cada uno de ellos “sin tutelas de ningún género” (STC 136/1999 fj 16)

El artículo 21.2 de la Constitución solamente legitima una causa de prohibición: cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. La protección del orden público es de competencia excluyente de la autoridad gubernativa. Incluso durante el periodo electoral (Artículo 54.2 de la LOREG)

La prohibición legal de realizar actos de propaganda electoral, o cualquier acto de campaña electoral, durante la jornada previa a la celebración de elecciones no implica proscripción de manifestaciones con el objeto de dar lugar a debates políticos, cualquiera que sea la influencia que éstos puedan tener sobre las decisiones de los electores (STC 96/2010).

Es obvio que la exposición de ideas, de manera pública y colectiva, puede trascender a las decisiones de los electores. Pero cabe decir que, lejos de coartarlas, las enriquece porque las abastece de argumentos.

Si del debate se pasara, mediante actos concretos, a la conminación del elector, tales comportamientos, una vez individualizados, tienen específicas consecuencias jurídicas respecto de las personas a las que se les puedan imputar. Incluso de orden penal, conforme al artículo 144 de la LOREG.

La consideración de “las concentraciones y reuniones a las que se refieren las consultas elevadas a esta Junta” como actos de campaña electoral, y la prohibición de su realización en la jornada previa a la de votación, tiene como consecuencia la ilegítima limitación del ejercicio colectivo de un derecho – el de reunión- que es básico y corresponde a todo ciudadano libre en una sociedad democrática. Su injustificada limitación rompe con el principio de responsabilidad personal, que también caracteriza a las sociedades democráticas, trasladando la prohibición a quienes, al no realizar personalmente el acto prohibido, no pueden considerarse incursos en el presupuesto legal de la limitación del derecho.

Aunque es de esperar que, por sentido común, no derive en la pretensión de criminalizar, por ese solo hecho, a todos los que, participando en aquellas, enriquecen el debate político.

Luciano Varela Castro

Reivindicaciones de la #SpanishRevolution

A partir del documento de consenso redactado tras la Asamblea celebrada el día 20 de mayo de 2011 en ACAMPADA SOL, y considerando que tal consenso es imposible dada la diversidad de ideas de los participantes, recojo seguidamente las propuestas con las que YO estoy de acuerdo.

  1. Modificación de la Normativa electoral. Modificación para que para que puedan votarse directamente candidatos sobre las listas (listas abiertas). Modificación para definir circunscripciones únicas vinculadas al ámbito del tipo de convocatoria. La obtención de escaños debe ser proporcional al número de votos. Definir en la normativa electoral un sistema de control y métricas que obligatoriamente deban considerarse en los programas electorales y su seguimiento por el Instituto Nacional de Estadística. Establecer la obligatoriedad de que las listas electorales estén libres de imputados o condenados por corrupción.
  2. Modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, eliminando restricciones y estableciendo canales de participación telemáticos.
  3. Atención a los derechos básicos y fundamentales recogidos en la Constitución. En su contexto, yo apoyo la idea de modificar la Ley Hipotecaria para que la entrega de la vivienda en caso de impago cancele la deuda. Estoy de acuerdo en matizar esta modificación de forma que no se cree inseguridad jurídica y se aplique un período transitorio largo.
  4. Modificación de las leyes y medidas discriminatorias e injustas. Entre ellas, determinadas disposiciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades y de la normativa derivada de ella como el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en particular la disposición final 43 (conocida como Ley Sinde). Reforma de la Legislación de Propiedad Intelectual para eliminar el Canon compensatorio por copia privada, arbitrando otros mecanismos para compensar a los autores y editores y redefiniendo el concepto de copia ilegal.
  5. Reforma fiscal favorable a las rentas más bajas.
  6. Reforma de las condiciones laborales de la clase política para reducir progresivamente sus retribuciones tras dejar sus cargos.
  7. Modificación de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, reforzando los sistemas  de Auditoría e Intervención de cuentas y definiendo sistemas de control que se extiendan a las actividades personales de la clase política.
  8. Efectiva separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Establecimiento de mecanismos de acceso a los Tribunales Supremo y Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial,  y a los cargos del Ministerio Fiscal por méritos, que excluyan la intervención de los partidos políticos mayoritarios.
  9. Introducción del concepto de Moción de Censura Popular y Moción de Confianza Popular en la Constitución, y en la normativa parlamentaria, de forma que pueda plantearse la participación telemática de la ciudadanía reequilibrando los cómputos parlamentarios en las circunstancias previstas para las mociones de Censura o de Confianza convencionales.
  10. Igualdad de los españoles ante la Ley. Reequilibrio de capacidad normativa del estado detrayendo competencias de las Comunidades Autónomas y promoviendo un sistema normativo común que evite la fragmentación normativa que dificulta la actividad económica. Si cualquier Comunidad Autónoma promueve una normativa no existente que favorezca el desarrollo de la sociedad en su ámbito, un mecanismo de promoción legislativa debe extender la normativa al resto del estado.
  11. Clausurar los servicios públicos de empleo y favorecer los privados y los de redes sociales. El coste de mantener los servicios públicos no compensa sus resultados.

Añado sugerencias que me hacen y con las que estoy de acuerdo:

  • Definición procedimientos abreviados para la persecución y enjuiciamiento  de casos de corrupción
  • Definición de impuestos especiales en las plusvalías por recalificación
  • Publicación en forma de OpenData accesible al público y manejable con aplicaciones informáticas de las métricas de gestión del gobierno (eAdministración) y de la financiación de los partidos.

Como veis no coinciden. Y faltan cosas. Y es que la #SpanishRevolution no es un movimiento unitario.

Jota Navarra en Madrid

Quería hacer un resumen de la fiesta navarra en torno a la Jota que tuvo lugar ayer en el Museo de la Ciudad, organizada por la Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid, pero mis amigos de 400 Km se han anticipado. Así que recomiendo que leáis su post: Fiestón de la Jota Navarra en Madrid

Mi aportación: el hashtag #cantandojotas para Twitter

Donde comprar “Diario de Navarra” en Madrid

Me entrevistaron en Diario de Navarra el viernes pasado, y este domingo se publica la entrevista (Gracias, Iñigo).

Así que me he preguntado ¿dónde se puede comprar el Diario de Navarra en Madrid?

Como ya llevo muchos años en esta capital, en algunos momentos he detectado que este periódico se podía encontrar en el kiosko de la Plaza de la Cibeles y en el de Plaza de Castilla.

Me he acercado al de Plaza de Castilla (en la esquina con la calle  de Mateo Inurria) y lo he encontrado.

Ahora bien, seguro que hay muchos más sitios en los que se puede encontrar. Animo a los que leeis este post y sabéis más sitios a que los añadáis en los comentarios. Gracias.