Los jueces denuncian en un informe los abusos del sistema legal de desahucios

Un informe, elaborado por 7 magistrados a solicitud del CGPJ, critica la “mala praxis” bancaria, la venta “torticera” de productos financieros y proponen transferir a los hipotecados las ayudas a la banca

 Artículo publicado en El País.

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Madrid. 24-Octubre-2012

 

Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en España, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe será estudiado hoy por el órgano rector de los jueces.

Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Esta es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, señalan en el estudio al que ha tenido acceso EL PAÍS. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.

El informe elaborado por los jueces, habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y propone toda una batería de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento. “El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado”, dice textualmente el informe, “pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.

El informe, que forma parte del estudio Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles, ha sido dirigido por Manuel Almenar, vocal del CGPJ, y elaborado durante ocho meses junto a seis magistrados de distintos puntos de España. Propone una transformación de fondo en el marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias.

El análisis arranca preguntándose cómo y por qué se ha llegado al drama que atraviesan esas 350.000 familias. Y la respuesta apunta en una dirección: la banca. Los bancos, su “ligereza y mala praxis” son, en opinión de la comisión, los causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario “sin valorar las posibilidades reales del deudor” y de la “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos… (participaciones preferentes)”.

Los autores destacan que en los últimos cuatro años las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado y que en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año pasado, alcanzando la cifra de 350.000. Y lo analizan así: “No se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos préstamos que concertaron en época de bonanza económica (por tanto no con fines especulativos o por pura pretensión suntuaria), simplemente para adquirir una vivienda digna que tras el estallido de la crisis no pueden pagar”.

Para la comisión de jueces la banca siempre ha jugado con una “importante ventaja” sobre el deudor. Así, destacan que goza de un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909, que les permite cobrar sus deudas de forma rápida, “un proceso extremadamente agresivo frente al deudor que dota a la escritura del préstamo hipotecario de mayor eficacia incluso que una sentencia ya que las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecución de una sentencia”. Los magistrados citan un informe del Defensor del Pueblo titulado Crisis económica y deudores hipotecarios; actuaciones y propuestas, en el que se incide en este aspecto

El escenario que describen concluye en una situación perversa ya que, finalizada la ejecución, y tras la subasta, los inmuebles se adjudican al banco, “generalmente por un precio inferior al del mercado”, y pasan a engrosar sus activos inmobiliarios “quedando muchas veces desocupados durante años ante la ausencia de potenciales adquirientes dado que en un círculo vicioso la crisis económica ha reducido al mínimo la demanda”.

¿Cómo solucionar estas situaciones de injusticia? ¿Qué medidas se pueden adoptar? El informe propone abrir el debate para evitar “la desgraciada situación en la que se encuentran miles de familias en este país como consecuencia de la crisis económica, con riesgo de pérdida de su vivienda, frecuentemente, el bien mayor del que disponen”. Situaciones excepcionales, como la que vive la economía española, requieren de “soluciones excepcionales”, señala el estudio.

Como primera medida, propone la determinación del concepto de “deudor hipotecario de buena fe”, lo que permitirá que los cambios normativos afecten a gente que realmente los necesita, personas que están punto de perder su vivienda habitual o el local de su negocio.

Otorgar al juez la posibilidad de que conceda moratorias en el pago de cuotas es una de las 18 medidas que desgrana el informe: desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad podrían ser motivos para que el juez estuviera facultado para conceder un aplazamiento del pago.

Pero el estudio va aún más lejos y propone que la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo de cancelar el crédito, se convierta en una “regulación imperativa en determinadas circunstancias”.

El análisis elaborado por los siete magistrados comisionados critica el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. De hecho, propone extender el radio de acción de las medidas de protección, que hasta ahora solo se concedían en casos muy excepcionales, para que puedan acceder a ellas muchos otros deudores en apuros. Bajo el nuevo marco normativo, el juez podría establecer periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y también quitas de la deuda.

Otras medidas que suponen una transformación de fondo son las encaminadas a impedir que los bancos se puedan adjudicar las viviendas de los desahuciados a precio de saldo. El informe dice: “La ley hoy permite a las entidades bancarias adjudicarse bienes por valor notoriamente inferior al real, cuando debería realizarse por su valor real y con arreglo a una tasación realizada por peritos independientes ajenos a la entidad crediticia”. Asimismo, plantea la introducción de mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing.

Esta profunda revisión del régimen legal y procesal que plantea el informe de los siete magistrados se cierra con una propuesta que permitiría que los ciudadanos participen con voz propia. Reclama la creación de unas comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores. Reclama protagonismo para los hipotecados.

 

 

El fracaso del Código de Buenas Prácticas

La medida estrella del Gobierno para favorecer a los ciudadanos desahuciados fue el Código de Buenas Prácticas, pero la comisión de magistrados del Consejo General del Poder Judicial cree que ha fracasado. “No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios”.

Los magistrados destacan que este código, además de ser de asunción voluntaria por los bancos, solo “se aplica a deudores que estén en el umbral de exclusión” y aseguran que desde que entró en vigor hace seis meses “la aplicación de esta norma ha sido testimonial”. La comisión denuncia el privilegio procesal de los bancos para una tutela judicial reforzada “que surgió a principios de siglo pasado (1909) en un contexto que nada tiene que ver con la situación de crisis actual, un proceso en el que el deudor prácticamente nada puede alegar u oponer”. Y propone reconducir la ejecución hipotecaria a las normas generales de la ejecución ordinaria. El análisis reclama que las ayudas públicas a la banca se completen con otras que permitan extender aquellas ayudas a los particulares y buscar soluciones que mitiguen la situación existente y repartan las cargas sociales derivadas de la crisis y que hoy afectan exclusivamente a los ciudadanos, el eslabón más débil de la cadena”. El informe ha sido coordinado por el vocal del CGPJ Manuel Almenar y elaborado junto a los magistrados Ángel Galgo, Enrique García y Pablo Quecedo (Audiencia Provincial de Madrid), Pilar López (Juzgado de primera Instancia de Madrid), María del Mar Hernández (Juzgado Mercantil de Santander) y Pedro Luis Viguer (Decano Audiencia Provincial de Valencia).

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Dietas Harvey, Atkins, Dukan y otras dietas bajas en carbohidratos

He sido una persona obesa gran parte de mi vida. Por eso entiendo lo que debió sentir William Banting, conforme intentaba varias dietas con escaso éxito y sentía sobre su salud los efectos de su obesidad. A el se debe el libro “Carta abierta sobre la corpulencia” (Letter-on-corpulence-William-Banting) en el que refleja el éxito de adoptar una dieta centrada en las proteinas, recomendada por su amigo el doctor John Harvey, tras conocer los primeros estudios sobre la diabetes. El libro se publicó en 1863 y puede considerarse el precedente de las actuales dietas hiperprotéicas más populares.

Hoy en día se conocen más los efectos de los diferentes tipos de dietas sobre la salud, y, aunque existe cierto consenso entre los nutricionistas al desaconsejar las dietas desequilibradas, lo cierto es que un elevado número de personas no consiguen que les funcionen las “dietas ideales” equibradas y de pocas calorías.

Y por eso, ante la alternativa de seguir con sobrepeso y riesgo para su salud por aspectos como la hipertensión, la hipertriglicemia o la hipercolesterolemia, prefieren arriesgarse a los potenciales efectos adversos de las dietas bajas en carbohidratos.

Al final, se coma lo que se coma, se sigue una dieta y se adoptan hábitos alimenticios. De modo que unos serán más saludables que otros. Y con control médico o sin control médico, es el propio interesado el que al final decide qué comer. En todo caso, salir de la obesidad, a ser posible de forma permanente, es beneficioso para la salud, incluso si se produce alguno de los efectos negativos que pronostican los detractores de estas dietas.

No obstante, puesto que se conocen tales efectos, es bueno adoptar todas las posibles medidas que minimicen los efectos negativos.

Estas dietas (llamadas cetogénicas) promueven el consumo preferente de alimentos proteínicos limitando los carbohidratos, y con mayor o menor tolerancia respecto a la aportación de lípidos según la dieta (Atkins los permite y Dukan no). Conforme avanza el conocimiento del organismo, de las dietas y de determinadas enfermedades (como la diabetes) se sabe mejor qué se debe hacer para favorece hábitos saludables.

Así, la dieta Dukan permite los productos lácteos (con una cierta cantidad de hidratos de carbono) y las verduras, en contraposición con la dieta Atkins.

Y hay un cierto consenso en las versiones más recientes de las dietas para permitir la aportación de fibra (por ejemplo el destacado consumo de salvado de avena de la dieta Dukan). Aunque la fibra procede mayoritariamente de alimentos ricos en hidratos de carbono, la cantidad aportada no tiene un efectos excesivo sobre los principios de la dieta (aunque retrase sus efectos), y sin embargo combate uno de los aspectos más criticados: el estreñimiento que causan estas dietas. Además se minimiza otro posible efecto adverso: la posibilidad de contraer un cáncer de colon.

También hay consenso en la recomendación de beber al menos 2 litros de agua y de caminar o hacer un ejercicio ligero al menos 20 minutos al día.

Si beber 2 litros de agua siempre es recomendable, en estas dietas en las que se desarrolla en el organismo un proceso quimico de cetosis (formación de cuerpos cetónicos) es especialmente recomendable por su efecto purificador sobre la sangre y por el estímulo al funcionamiento de los riñones para su eliminación.

Mi conclusión es que estas dietas son básicamente un método para cambiar de hábitos alimenticios y desde ese punto de vista no deberían considerarse “dietas milagro”.

También he llegado a la conclusión de que una cierta cantidad de hidratos de carbono y de grasas  en una dieta básicamente protéica no llega a producir el temido “efecto rebote” si no desvirtúa el principio general.

Y que los habitos se deben ir modificando con la idea de que formen parte de nuestro modo de vida. Y por tanto, es imprescindible que dejen algo de margen para sentirnos felices (evitando que acierte la frase “con esta dieta no sé  si viviré mas tiempo, pero sí que el tiempo que sea, se me va hacer eterno”) .

Tampoco me parece criticable su adopción sin control médico. Al fin y al cabo uno come lo que quiere y el control médico está implícito en la atención sanitaria primaria que lleva a cabo controles periódicos con análisis de sangre y orina propios de las diferentes afecciones que nos hacen visitar al médico.

En definitiva, adoptar estas dietas, son pasos en la dirección correcta: salir del tipo de hábitos alimenticios que nos han llevado a la obesidad y que han causado nuestra actual situación de riesgo para nuestra salud.

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