Un año contra las tasas judiciales – Manifiesto social

Hay unanimidad entre diferentes fuerzas sociales, sindicatos, abogados. jueces, fiscales, secretarios judiciales, de que tras un año de aplicación de tasas judiciales disuasorias, el modelo de justicia español se ha deteriorado, abandonando al débil y protegiendo al fuerte, rico y poderoso.

Y por eso han publicado el Manifiesto Un año contra las tasas judiciales  – 19 de noviembre de 2013

1.- Transcurrido un año desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Tasas se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación.
2.-La Ley ha privado a muchos miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva. Ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia, y una considerable brecha en el Estado de Derecho.
3.- Nuestros jueces y magistrados han sido privados del conocimiento de cientos de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos. El imprescindible conocimiento de la realidad social ha sido hurtado a los juzgados y tribunales.
4.- No se ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia. Las empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho, ni del abuso del derecho. No se ha dado solución a los problemas en la concesión a la justicia gratuita.
5.- Se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas.
6.- El efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia, obligando al Ministerio de Justicia, al menos, a reconocer en su comparecencia en el Congreso de los Diputados porcentajes muy significativos de reducción de asuntos.
7.- No se ha recaudado lo previsto con el establecimiento de las tasas. La recaudación hasta septiembre ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año.
8.- El Ministerio ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita. Se desconoce el destino de la recaudación por las tasas. Ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia. Junto a ello debemos denunciar la pésima gestión material de las tasas judiciales caracterizada durante este año por la descoordinación entre el Ministerio de Justicia el de Hacienda, la falta de criterios homogéneos y la inseguridad jurídica, acentuando el perjuicio para los ciudadanos y profesionales.
9.- El objetivo de la Ley de Tasas era y es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la justicia de los ciudadanos. El resultado patente y más preocupante es la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
10.- La contestación social ha sido unánime. Además, hay cinco recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que considera que es un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional debería agilizar su respuesta ante el grave daño que están sufriendo los ciudadanos y la degradación del Estado de Derecho.
11.- Reiteramos la más que nunca deseada mejoría de la calidad de las leyes mediante la exigencia de participación real y efectiva de profesionales representativos, jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores de los tribunales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios en la elaboración de los borradores de anteproyectos de ley o normativa
de desarrollo legislativo.

Lista oficial de paises considerados paraisos fiscales en España

En España, se define la lista de países considerados paraísos fiscales en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de medidas fiscales urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. Ello tiene efecto al establecer determinada sujeción o exención de impuestos a intereses o incrementos de patrimonio obtenidos a través de los países o territorios que se determinen reglamentariamente por su carácter de paraísos fiscales diversas normas

«Paraíso fiscal» es un término copiado del francés paradis fiscal y este del inglés tax heaven, a partir de la mala traducción de haven («puerto», «refugio»), seguramente entendido como heaven («paraíso») – en inglés se emplea tax haven.

La lista oficial, en el momento actual, está compuesta por los siguientes paises:

  • 1. Principado de Andorra.
  • 2. Antillas Neerlandesas.
  • 3. Aruba.
  • 4. Emirato del Estado de Bahrein.
  • 5. Sultanato de Brunei.
  • 6. República de Chipre.
  • 7. Emiratos Arabes Unidos.
  • 8. Gibraltar.
  • 9. Hong-Kong.
  • 10. Anguilla.
  • 11. Antigua y Barbuda.
  • 12. Las Bahamas.
  • 13. Barbados.
  • 14. Bermuda.
  • 15. Islas Caimanes.
  • 16. Islas Cook.
  • 17. República de Dominica.
  • 18. Granada.
  • 19. Fiji.
  • 20. Islas de Guernesey y de Jersey (Islas del Canal).
  • 21. Jamaica.
  • 22. República de Malta.
  • 23. Islas Malvinas.
  • 24. Isla de Man.
  • 25. Islas Marianas.
  • 26. Mauricio.
  • 27. Montserrat.
  • 28. República de Naurú.
  • 29. Islas Salomón.
  • 30. San Vicente y las Granadinas.
  • 31. Santa Lucía.
  • 32. República de Trinidad y Tobago.
  • 33. Islas Turks y Caicos.
  • 34. República de Vanuatu.
  • 35. Islas Vírgenes Británicas.
  • 36. Islas Vírgenes de Estados Unidos de América.
  • 37. Reino Hachemita de Jordania.
  • 38. República Libanesa.
  • 39. República de Liberia.
  • 40. Principado de Liechtenstein.
  • 41. Gran Ducado de Luxemburgo, por lo que respecta a las rentas percibidas por las Sociedades a que se refiere el párrafo 1 del Protocolo anexo al Convenio, para evitar la doble imposición, de 3 de junio de 1986.
  • 42. Macao.
  • 43. Principado de Mónaco.
  • 44. Sultanato de Omán.
  • 45. República de Panamá.
  • 46. República de San Marino.
  • 47. República de Seychelles.
  • 48. República de Singapur.

Los países y territorios, de los relacionados anteriormente, que hayan firmado con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que dejan de tener la consideración de paraíso fiscal, no tendrán tal consideración desde el momento en que dichos convenios o acuerdos se apliquen y en tanto en que no dejen de aplicarse.

(1) Con efectos desde el 12-9-2006 y 2-4-2007 (fecha de entrada en vigor del Convenio para evitar la doble imposición respectivo), la República de Malta (MT) y los Emiratos Árabes Unidos (AE) han dejado de estar incluidos en el listado de paraísos fiscales. Con efectos desde el 16 de mayo de 2009, Jamaica (JM) ha dejado de estar incluida en dicho listado, la República de Trinidad y Tobago (TT) desde el 28 de diciembre de 2009. Antillas Neerlandesas (AN) y Aruba (AW) han dejado de considerarse paraísos fiscales a partir de 27 de enero de 2010, fecha de entrada en vigor de los correspondientes Acuerdos de intercambio de información. Gran Ducado de Luxemburgo (XG) ha dejado de considerarse paraíso fiscal a partir de 16 de julio de 2010 por los efectos del Protocolo que modifica el Convenio para evitar la doble imposición de 3 de junio de 1986.
(2) Con efectos desde el 10-2-2011, el Principado de Andorra ha dejado de tener la condición de paraíso fiscal.
(3) Commonwealth de las Bahamas ha dejado de considerarse paraíso fiscal a partir del 17 de agosto de 2011, fecha de entrada en vigor del Acuerdo de información en materia tributaria.
(4) Con efectos desde el 14 de octubre de 2011, fecha de entrada en vigor del Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, Barbados ha dejado de considerarse paraíso fiscal.

Estas últimas aclaraciones proceden del Manual práctico del impuesto de Sociedades 2012 de la Agencia Tributaria

http://www.comercio.es/NR/rdonlyres/4E3963C6-D1A5-4984-8826-45E368EFBDF6/0/NotaAcuerdoTarjetasWeb131205.pdf Comisiones de tarjetas de crédito y tasas de intercambio

Muchas páginas e informes sobre comisiones de tarjetas de crédito y tasas de intercambio en España hacen referencia a una página web que ya no está disponible porque ha cambiado varias veces el organismo dentro de la estructura ministerial  española. La página web indicada es:

http://www.comercio.es/NR/rdonlyres/4E3963C6-D1A5-4984-8826-45E368EFBDF6/0/NotaAcuerdoTarjetasWeb131205.pdf

El documento lo descargué hace años y es este: NotaAcuerdoTarjetasWeb131205

El citado documento hace referencia al acuerdo de las Sociedades de Medios de pago (Sistema 4B, Servired y Euro 600) con representantes de los comercios (ANGED, CEC, CEHAT y FEHR) bajo supervisión de la Dirección General de Comercio y Vigilancia del Servicio de Defensa de la Competencia y de la Comisión de Defensa de la Competencia). Se trata del “Acuerdo Marco regulador de la fijación de las Tasas de Intercambio en transacciones con pago mediante tarjetas de crédito o débito”  firmado el 2 de diciembre de 2005 y disponible en este enlace: Acuerdo-tarjetas-2005-con-cuadro

Posteriormente la Comisión de Defensa de la Competencia ha dado por finalizado el acuerdo y su vigilancia, estableciendo que las partes son libres para determinar las tasas de intercambio que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2011, siempre y cuando lo hagan con pleno respeto a las disposiciones de la Ley 15/2007 y, en particular, del artículo 1.

Esta es la resolución: Resolución de la CNC – EXP. V TC 2457/03 del extinto Servicio de Defensa de la Competencia

En el momento de redactar este artículo, la página web que refleja el seguimiento de las tasas de intercambio en el sector bancario es:

http://www.comercio.mineco.gob.es/es-es/comercio-interior/distribucion-comercial-estadisticas-y-estudios/tarjetas-de-pago/paginas/tarjetas-de-pago.aspx

Y el documento que ha tomado el relevo de la Nota sobre el Acuerdo de 2 de diciembre de 2005 es:

http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-interior/Distribucion-Comercial-Estadisticas-y-Estudios/Tarjetas-de-pago/Pdf/EntradaenvigordelAcuerdoTarjetas060206.pdf

La página que recoge el seguimiento de las tasas de intercambio se reproduce a continuación:

Tarjetas de pago

Acuerdo entre las asociaciones del sector comercial y las entidades de crédito para la reducción de las tasas multilaterales de intercambio en los pagos realizados con tarjeta

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, presidió el día dos de diciembre de 2005 la firma del Acuerdo entre las asociaciones comerciales y los sistemas gestores sobre la fijación de las tasas multilaterales de intercambio en los pagos por tarjeta. Los firmantes del Acuerdo, impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, han sido Servired, Sistema 4B y Euro 6000, que agrupan a los bancos, cajas de ahorro y otras entidades financieras. Por otra parte, las entidades representativas del sector comercial han sido Anged (grandes superficies), Cec (comercio minorista), Avad (venta a distancia), Cehat (hoteles), Caave (agencias de viaje) y Fehr (hostelería).

Antecedentes

Acuerdo 1999:

A instancias del Congreso, en abril de 1999, la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo creó una Comisión para el estudio de problemas derivados de la utilización de tarjetas como medio de pago. En esta Comisión estaban representadas las asociaciones de comerciantes, los sistemas gestores de tarjetas y expertos independientes. Ante la dificultad de actuar sobre las tasas de descuento, se llegó a un acuerdo de disminución de las tasas de intercambio máximas, de la siguiente forma: 3,5 por 100 a partir de julio de 1999; reducción anual de la tasa máxima en un 0,25 por 100, hasta alcanzar el 2,75 por 100 a partir del 1 de julio de 2002. Este acuerdo fue autorizado por el Tribunal de Defensa de la Competencia con fecha 26 de abril de 2000. A partir del seguimiento que hace el Banco de España de las tasas de intercambio, puede decirse que el acuerdo se ha cumplido.

Decisión de la Comisión Europea:

El 24 de julio de 2002 la Comisión Europea aprobó una Decisión sobre las tasas multilaterales de intercambio de VISA en lo que se refiere a operaciones transfronterizas. La autorización de la Comisión se basa en una estimación por parte de VISA de reducción paulatina de la TMI para tarjetas de crédito y débito diferido hasta alcanzar una tasa media ponderada del 0,7 por 100 en 2007 y un compromiso de que esta se ajuste a las siguientes categorías de costes:
  • Procesamiento de las transacciones.
  • Periodo de cobertura financiera gratuita a los titulares de las tarjetas.
  • Garantía de pago al comerciante.
Para las tarjetas de débito (cargo inmediato al cliente) se fija una comisión por operación de 0,28 €.

Texto del Congreso de 2003:

El Pleno del Congreso, en sesión de 27 de mayo de 2003 insta al Gobierno a dictar las disposiciones oportunas para que las TMI se adapten a los principios aceptados por las autoridades europeas y españolas de defensa de la competencia, con objetividad, transparencia y según categorías de costes.

Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia:

Con fecha 11 de abril de 2005, el Tribunal de Defensa de la Competencia dictó tres resoluciones que se refieren a los sistemas de pagos con tarjetas Servired, 4B y Euro 6000. En los casos de Servired y 4B supone la denegación de las autorizaciones de tasas multilaterales de intercambio solicitadas por estos sistemas al Servicio de Defensa de la Competencia con fecha 10 de abril de 2002 y 28 de diciembre de 2001 respectivamente. En el caso de Euro 6000 supone la incoación de un expediente de revocación o modificación de la autorización concedida por el TDC con fecha 9 de julio de 2001. El TDC consideró que:
  • Las TMI para las que se pide autorización no están suficientemente justificadas en relación con los costes.
  • Se establecen las mismas TMI para transacciones realizadas con tarjeta de crédito (y débito aplazado) que con tarjetas de débito, cuando los costes de las mismas son diferentes.
  • Fijación arbitraria de TMI máximas.
  • Discrecionalidad del sistema para privilegiar a unos establecimientos frente a otros, con clasificaciones sectoriales sin que se justifique una afectación de costes a cada tipo de comercio. Esto puede llevar a ventajas de unos establecimientos frente a otros.
  • Falta de transparencia.
No obstante lo anterior, el Tribunal consideró oportuno declarar que admite que la fijación de las TI acordada por las entidades emisoras de tarjetas puede contribuir al progreso técnico y económico si se cumplen las condiciones del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia y si el nivel acordado es determinado objetivamente por los costes, mediante un método transparente y conocido por todos los interesados. En consecuencia, el Tribunal podría autorizar futuros acuerdos de fijación de TI si tales condiciones se cumplieran. Considera de ineludible cumplimiento las siguientes:
  • Las TI correspondientes a las transacciones efectuadas con tarjetas de débito diferirán de las efectuadas con tarjetas de crédito (y débito diferido).
  • Las TI correspondientes a tarjetas de débito incluirán, como máximo, los costes de autorización y procesamiento de las transacciones. Se determinará como una cantidad fija por transacción.
  • Las TI correspondientes a tarjetas de crédito (débito diferido) incluirán, como máximo, los siguientes costes: 1. Costes de autorización y procesamiento de las transacciones. Se determinará como una cantidad fija por transacción. 2. Riesgo de fraude. Se determinará periódicamente como un porcentaje del volumen de la transacción.
  • Se podrán considerar TI distintas para las operaciones correspondientes a las compras por correo o por teléfono, así como a las efectuadas de forma manual o a través de Internet, siempre que se justifiquen las diferencias de forma objetiva.
  • Cualquier modificación deberá consultarse previamente al Tribunal.
  • Las TI serán públicas.

Resolución del Congreso 2005

A iniciativa de los grupos socialista y ERC, el Congreso de los Diputados aprobó el 18 de mayo de 2005 una Resolución sobre Política Económica, que en el apartado IV referente a Apoyo a las Pyme, incluye un punto 7, por el que se insta al Gobierno a:
” Adoptar las medidas necesarias, en relación con los pagos efectuados con tarjeta en los aspectos relativos a las tasas de intercambio aplicados en los mismos, para garantizar que se cumplan los criterios contenidos en las Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de 11 de abril de 2005. Los Ministerios de Economía y Hacienda e Industria, Turismo y Comercio establecerán los mecanismos para garantizar la necesaria transparencia e información en las tasas aplicadas “.

Petición de medidas cautelares

Tras las tres resoluciones del TDC de 11de mayo de 2005 en relación con SERVIRED, 4B y EURO 6000, se ha interpuesto al menos un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por los respectivos sistemas gestores de tarjetas. También algunas de las entidades bancarias asociadas han presentado recurso. En los recursos se ha solicitado la adopción de medidas cautelares. Dichas solicitudes cautelares han sido comunicadas por la Audiencia Nacional al Servicio de Defensa de la Competencia, que ha considerado conveniente esperar al pronunciamiento de la Audiencia para paralizar la ejecución del apartado de las resoluciones del TDC por la que se dispone intimar a estas entidades solicitantes para el desistimiento de la aplicación provisional del sistema de tasas de intercambio hasta ahora vigente.

Búsqueda del acuerdo

Ante la conflictividad en el sector, y teniendo como referente el mandato de la Resolución del Congreso de mayo de 2005, la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo ha instado a las entidades financieras y a las asociaciones comerciales afectadas a la consecución de un acuerdo, que fuese beneficioso para ambas partes y que pusiera fin a la batalla legal y la inseguridad jurídica en el que se encuentraba el sistema de pagos con tarjeta.

Términos del acuerdo

El acuerdo contempla un nuevo sistema multilateral de fijación de tasas de intercambio para los próximos cinco años, que sin duda tendrá efectos positivos para el sector de la actividad comercial, y del que se destacan los siguientes aspectos:
  • El nuevo sistema será sometido al Servicio de Defensa de la Competencia. La seguridad jurídica del acuerdo permitirá al sector financiero acometer las inversiones tecnológicas necesarias para la expansión del sistema de pagos con tarjetas en su convergencia con otros países comunitarios y a una mejora de la eficiencia del mismo.
  • El acuerdo supone para el sector comercial una sustancial rebaja en las tasas máximas hasta ahora vigentes, que va a beneficiar especialmente a los operadores comerciales que en la actualidad soportan mayores tasas. Así, las tasas de intercambio máximas que en la actualidad se sitúan en el 2,32 por 100 (Banco de España, 1º trimestre 2005), pasarían a un 1,4 por 100 en 2006, 1,3 por 100 en 2007 y 1,1 por 100 en 2008, de acuerdo con el cuadro incluido a continuación. Este descenso de las tasas de intercambio se espera que suponga una reducción en las tasas pagadas por el comerciante a las entidades bancarias (tasas de descuento) y que finalmente se traduzca en una mejora del servicio y de los precios al consumidor.
  • Se contempla un periodo transitorio de tres años, entre 2006 y 2008, para el que se ha fijado un cuadro de tasas máximas a respetar por los sistemas gestores de tarjetas, que va a permitir realizar un estudio de costes que servirá para el cálculo de tasas para los dos años siguientes. En cualquier caso, se establece una cláusula de garantía de forma que ningún operador comercial sufra tasas superiores a las que tiene actualmente.
  • Las partes intervinientes han solicitado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la creación de un Observatorio como foro para realizar un seguimiento y difusión de los medios de pago electrónicos en el sector comercial en España.
  • Las entidades procesadoras de pagos con tarjeta se comprometen a dotar un fondo de tres millones de euros durante el periodo 2006-2008, destinado a realizar acciones de difusión e impulso de la utilización de las tarjetas como medio de pago, especialmente en el pequeño comercio.
Tasas de intercambio máximo
Tramos2006200620072007200820082009-20102009-2010
Euros (€)Crédito (%)Débito (€)Crédito (%)Débito (€)Crédito (%)Débito (€)Crédito (%)Débito (€)
0- 100 mill.1,400,531,300,471,100,400,790,35
100 – 500 mill.1,050,360,840,290,630,250,530,21
> 500 mill.0,660,270,660,250,540,210,450,18

Finalización del acuerdo

Finalmente, este acuerdo expiró el pasado 31 de diciembre de 2010. El ahorro que ha supuesto la aplicación del mencionado Acuerdo en el comercio y la hostelería, en el periodo de vigencia (2006 – 2010), para estos sectores, se estima en torno a ochocientos millones de euros en beneficio del comercio, hostelería y los consumidores, ayudando a la contención de los precios, habida cuenta de que, desde el inicio del Acuerdo de Terminación Convencional hasta los últimos datos disponibles, se puede constatar un descenso del 34% de las tasas medias de descuento.
El día 31 de diciembre de 2010 se constataron esos datos y se manifestó la voluntad del Gobierno de trabajar porque las tasas de intercambio, en España, converjan paulatinamente, a las aplicadas en el entorno de la Unión Europea, que se sitúan en el 0,3% en crédito y 0,2% en débito. Un acuerdo sobre estos parámetros sería deseable por cuanto supone un beneficio para la economía y los consumidores. Sin embargo, el mismo no se ha producido, al menos con intervención del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En consecuencia, este acuerdo se está produciendo directamente entre las partes, siendo las propias fuerzas del mercado las que han adquirido el peso específico suficiente para negociar en defensa de sus propios intereses.

 

Documentación acuerdos estudios e informes