Fianzas y objetos desaparecen de juzgados lentos y desorganizados

¿Puede decirse lo mismo en junio de 2014? Porque este era el titular de una noticia de El País del 29 de junio de 1997. El autor de la noticia era Bonifacio de la Cuadra.

La desorganización de muchos juzgados y el lento sistema de trabajo motiva la mayor parte de las reclamaciones de indemnización por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, informadas favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial. He aquí casos de objetos o fianzas que se pierden o retrasos que perjudican.34 diskettes y una pistola. En 1991 la policía registró un despacho, en el que intervino 34 diskettes de ordenador y una pistola y los puso a disposición de un juzgado de Santander. Cuando tres años después se acordó su devolución, no pudo efectuarse, por ignorarse donde se encontraban. Juan García Arbiza valora las pérdidas en un total de 5.315.000 pesetas, que reclama al Ministerio de Justicia.

Incendio en la Audiencia. José Miguel Martínez pide 20 millones de pesetas por los danos y perjuicios materiales y morales sufridos por el retraso de 14 años en un proceso penal contra él en el que terminó siendo absuelto y que le obligó a la presentación quincenal en el juzgado. Hubo que reconstruir el sumario por el incendio ocurrido en la Audiencia de Alicante, por falta de vigilancia nocturna.

Tabaco robado esfumado. Álvaro Morla García reclama 158.390 pesetas, importe del tabaco que le fue sustraído en 1993 de un vehículo suyo y que fue recuperado por la Guardia Civil, que lo entregó a un juzgado de León, en donde se esfumó.

739 días de cárcel indebida. Nueve millones de pesetas pide Cristóbal Sánchez Girona como indemnización por los 739 días de prisión provisional indebida en un proceso penal en Tarragona en el que finalmente fue absuelto. Solicita 5,9 millones por daños materiales (8.000 pesetas por cada uno de los 739 días indebidos de cárcel) y el resto, hasta nueve millones, por perjuicios morales.

Pérdida de tres fianzas. Ángel Marcen Seral reclama las 600.000 pesetas -más intereses- que depositó en 1986 en un juzgado de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) como fianza por su libertad provisional, y que de modo indebido fueron devueltas a una tercera persona. Igual hace Agustín Arellano Mollano respecto a las 100.000 pesetas que en 1982 ingresó por el mismo motivo en un juzgado de Bergara (Guipuzcoa) y que en 1993. no le devolvieron por no aparecer el resguardo justificativo del ingreso. Tampoco apareció en 1994, en un juzgado de Bilbao, el ingreso de 25.000 pesetas hecho por Ana María Tascón Fernández 10 años antes, a cambio de la libertad de su marido, por lo que también reclama.

Un abogado reclama al Estado 55,4 millones al ser absuelto tras ocho años de procesamiento

Un abogado procesado durante ocho años y luego absuelto reclama al Estado 55,4 millones. Los familiares de sendos difuntos piden seis millones por haber ordenado los jueces enterrarles sin avisar de la aparición de los cadáveres. Son algunas de las reclamaciones al Ministerio de Justicia por anormal funcionamiento judicial, por más de 132 millones, de pesetas, informadas favorablemente, en sus primeros meses de mandato, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegido en 1996. Más de la mitad del medio centenar de informes confirma el anormal funcionamiento judicial, en su mayor parte por retrasos o pérdidas de objetos o fianzas en los juzgados. Pero sólo en un caso cree el CGPJ repercutible la indemnización sobre el juez.

Frente al deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia, la Constitución de 1978 estableció una solución escoba, para cuando a los ciudadanos perjudicados les fracasan otros recursos y resortes jurídicos. El artículo 121 establece que “los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.En 1985 se desarrolló por ley ese precepto y comenzaron a producirse las reclamaciones por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Según los últimos datos disponibles -el actual Ministerio de Justicia no ha podido facilitar durante esta semana los datos relativos a 1996, recabados por este periódico-, desde principios de 1991 a finales de 1995 costaron al Estado 174 millones de pesetas, distribuídos entre 148 reclamaciones estimadas, de un total de 1.038 en los cinco años.

Estafa inexistente

De la nueva hormada de reclamaciones estudiadas por el nuevo CGPJ -que, como el anterior, informa a favor más de la mitad- destaca, por su importe, la del abogado que pide al Estado 55.444.430 pesetas. Se trata de José María Torne Farré, de 64 años, que ha ejercido la abogacía durante 37 años en Cataluña. En 1986 fue procesado en Valencia por presuntos delitos de estafa e introducción y puesta en circulación de títulos al portador falsos. En 1994, tras una serie de peripecias procesales, Torne fue absuelto de tales delitos. En consecuencia, reclama 444.430 pesetas por gastos, 30 millones por daños morales -habida cuenta su profesión, las penas pedidas y los ocho años y cuatro meses que estuvo procesado- y 25 millones “por baja en el rendimiento económico de su bufete”.El CGPJ informa que se ha producido funcionamiento anormal de la Justicia, entre otras razones porque el letrado “estuvo sometido a procesamiento durante más de ocho años, sin que sea atribuible a su actuación la dilación del mismo, no siendo, por otra parte, la materia debatida de una complejidad que pudiera justificar tan dilatada tramitación”.

Otras dos reclamaciones guardan relación con la falta de información sobre la muerte de dos personas. En un caso, Cristóbal Criado se queja de que no fue informado de la muerte de un hijo suyo, cuyo cadáver fue encontrado “con documentación acreditativa de su completa filiación y domicilio” en Cornellá (Barcelona).

Criado, pide un millón de pesetas por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, porque el juzgado archivó la investigación y acordó el entierro del cadáver sin haber realizado “actuación alguna” para localizar a la familia, que durante cinco meses estuvo buscando infructuosamente a su desaparecido, incluso a través de un programa de televisión. El CGPJ informa favorablemente la petición, ya que el juzgado contaba con “datos más que suficientes para, al menos, tratar de localizar a los familiares del finado”.

Cadáver identificado

Otro caso similar es el planteado por Santas Torrijos y María Elia Suárez, madre y esposa de otro difunto. Ambas narran que el 27 de agosto de 1994 fue hallado en Las Palmas de Gran Canaria el cadáver de su familiar, identificado con DNI, NIF y otros efectos personales, a pesar de lo cual los familiares no fueron informados. Dos meses después un amigo comunicó que había fallecido. Preguntaron, en el Juzgado de Instrucción número 5 y se les contestó que “casos de esos había muchos”. Ambas mujeres alegan los sufrimientos padecidos y solicitan cinco millones de pesetas por los daños morales causados.El CGPJ estima que se produjo anormal funcionamiento judicial. Razona que cuando el 3 de noviembre de 1994 se entregaron los efectos personales del fallecido a las reclamantes, entre ellos existía una cartera con el DNI y el NIF y otra documentación personal que habría permitido informarles. No hacerlo les privó de la toma de decisiones “pertenecientes a un ámbito tan íntimo como el de los sentimientos y emociones (…) ligados al enterramiento de un familiar”.

El juez que la hace sigue sin pagarla

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) permite al Ministerio de Justicia repercutir el importe de la indemnización pagada por el Estado, por anormal funcionamiento de la justicia, sobre el juez o magistrado responsable de los daños “por dolo [intencionalidad] o culpa grave”. Sin embargo, son escasísimos los casos en que se ha intentado. Los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, también suelen eludir pronunciarse sobre la materia. El resultado es que, a veces, el juez que la hace no la paga.La Administración alega que la mayoría de tales indemnizaciones se derivan de problemas estructurales o no personalizables, por lo que no resulta fácil concretar la responsabilidad en un juez, un secretario u otro funcionario. Sin embargo, durante el mandato de Juan Alberto Belloch al frente del Ministerio de Justicia, en una ocasión se intentó recobrar de un juez de Sabadell (Barcelona) los 4,7 millones indemnizados por un retraso de casi cinco años en resolver un asunto.

El anterior CGPJ se planteó la actitud a adoptar en sus informes. El 26 de febrero de 1992 acordó formular un “pronunciamiento expreso” cuando quede clara “la improcedencia de la acción de repetición que asiste al Estado, (…) guardando silencio en caso contrario”. El actual CGPJ, en un informe de 15 de enero de 1997, acordó que si “aprecia que no concurren de modo manifiesto los requisitos necesarios para repetir contra el juez o magistrado que hubiera intervenido en el proceso de que se trate, podrá hacerlo constar así en su informe, mientras que, en caso contrario, si no puede excluirse la existencia de dolo o culpa grave, bastará con poner de manifiesto tal circunstancia”.

El CGPJ considera que la facultad discrecional de recuperar de los jueces el importe de la indemnización puede “constituir un elemento perturbador de la independencia jurisdiccional”, por lo que decide que sólo pondrá de manifiesto tal circunstancia, “de modo que no se efectue una invitación explícita o implícita al ejercicio de la acción de repetición”. Así lo ha hecho respecto a un juez que, en unión de una secretaria de un juzgado de Córdoba, autorizó la “indebida entrega de dinero embargado”, que dio lugar a la reclamación de 350.870 pesetas, más intereses, formulada por Luis Mengibar Jiménez, e informada a favor por el CGPJ.