Open banking

La apertura de las APIs de los bancos a terceros, a través de plataformas abiertas (open platform) es lo que se denomina  open banking.

Las entidades financieras que ofrecen estas APIs se convierten en plataformas de crecimiento viral  ya que en ellas se apoyan otras entidades entre las que puede estar la próxima oferta disruptiva que revolucione un determinado modo de hacer las cosas.

Al abrir los datos de los bancos a desarrolladores, startups y otros partners del mundo Fintech, no solo se potencia la entidad sino también se empodera a sus clientes.

Además, en breve plazo, la Segunda Directiva de Pagos PSD2 hará obligatoria para las entidades financieras la disponibilidad de este tipo de interfaces para ponerlos a disposición de agregadores de información  e iniciadores de pagos.

El aspecto clave de estos futuros servicios de Open banking es la gestión de identidad, por lo que, claramente, las Fintech del futuro, en buena medida, serán Prestadores de Servicios de Confianza Digital y deberán someterse a lo previsto pr el Reglamento UE 910/2014 (#eIdAS)

 

Firma biómetrica de trazo escrito

firma-digitalizada2013El mercado de la firma biómetrica digital es todavía un sector incipiente pero que está ofreciendo muchas oportunidades a las empresas que ya han empezado a implantar esta tecnología. Entre otras ventajas, esta tecnología permite a los usuarios realizar firmas manuscritas en formato electrónico sobre tabletas de una forma totalmente segura y fiable, como si estuviese firmando un documento en papel. Los archivos se guardan y certifican no sólo teniendo en cuenta el grafo del firmante, sino también otros datos biométricos como la velocidad o la presión con la que se firma, lo que garantiza una total seguridad en cualquier operación que se haga.

La firma biométrica permite además una mayor agilidad y seguridad en el proceso de contratación, pudiendo firmar un mismo documento por diferentes personas en lugares y momentos distintos. Soporta la inclusión de Sellado de tiempo en las operaciones de firma, así como geolocalización cuando se realiza desde dispositivos móviles. Además, supone una disminución de pérdidas o errores  operativos, con el consecuente ahorro de costes.

Este tipo de firma, llamado también firma manuscrita digitalizada avanzada, es una firma electrónica según lo establecido por la Ley 59/2003 para las firmas electrónicas avanzadas pero que admite la prueba pericial de firma de forma semejante a las firma manuscritas realizadas en papel.

Pero no todas las firmas realizadas sobre tabletas digitalizadoras tienen las mismas garantías de seguridad. Para tener la certeza de que la entidad que capta la firma no puede utilizarla en otros documentos diferentes es convenienete cerciorarse de que es un sistema auditado y certificado.

EADTrust  es la entidad que audita y certifica este tipo de soluciones. Y otorga el logo de calidad a los sistemas auditados.

Contactar con el 902 365 612 para conocer las soluciones ya auditadas y certificadas.

 

¿Son más seguros los cajeros de exterior o los de esclusa?

Aunque a veces parece que los cajeros de esclusa son más seguros, la estadística demuestra que son más seguros los de exterior.

En los de esclusa, a veces puede estar esperando un delincuente en el interior, sin posibilidad de escapar, y sin expectativas de que alguien desde el exterior perciba la situación de amenaza.

Los cajeros de exterior dejan más margen para plantearse una huida, y además facilitan la posibilidad de recibir ayuda en caso de necesidad.

¿Tu qué opinas?

http://www.comercio.es/NR/rdonlyres/4E3963C6-D1A5-4984-8826-45E368EFBDF6/0/NotaAcuerdoTarjetasWeb131205.pdf Comisiones de tarjetas de crédito y tasas de intercambio

Muchas páginas e informes sobre comisiones de tarjetas de crédito y tasas de intercambio en España hacen referencia a una página web que ya no está disponible porque ha cambiado varias veces el organismo dentro de la estructura ministerial  española. La página web indicada es:

http://www.comercio.es/NR/rdonlyres/4E3963C6-D1A5-4984-8826-45E368EFBDF6/0/NotaAcuerdoTarjetasWeb131205.pdf

El documento lo descargué hace años y es este: NotaAcuerdoTarjetasWeb131205

El citado documento hace referencia al acuerdo de las Sociedades de Medios de pago (Sistema 4B, Servired y Euro 600) con representantes de los comercios (ANGED, CEC, CEHAT y FEHR) bajo supervisión de la Dirección General de Comercio y Vigilancia del Servicio de Defensa de la Competencia y de la Comisión de Defensa de la Competencia). Se trata del “Acuerdo Marco regulador de la fijación de las Tasas de Intercambio en transacciones con pago mediante tarjetas de crédito o débito”  firmado el 2 de diciembre de 2005 y disponible en este enlace: Acuerdo-tarjetas-2005-con-cuadro

Posteriormente la Comisión de Defensa de la Competencia ha dado por finalizado el acuerdo y su vigilancia, estableciendo que las partes son libres para determinar las tasas de intercambio que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2011, siempre y cuando lo hagan con pleno respeto a las disposiciones de la Ley 15/2007 y, en particular, del artículo 1.

Esta es la resolución: Resolución de la CNC – EXP. V TC 2457/03 del extinto Servicio de Defensa de la Competencia

En el momento de redactar este artículo, la página web que refleja el seguimiento de las tasas de intercambio en el sector bancario es:

http://www.comercio.mineco.gob.es/es-es/comercio-interior/distribucion-comercial-estadisticas-y-estudios/tarjetas-de-pago/paginas/tarjetas-de-pago.aspx

Y el documento que ha tomado el relevo de la Nota sobre el Acuerdo de 2 de diciembre de 2005 es:

http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-interior/Distribucion-Comercial-Estadisticas-y-Estudios/Tarjetas-de-pago/Pdf/EntradaenvigordelAcuerdoTarjetas060206.pdf

La página que recoge el seguimiento de las tasas de intercambio se reproduce a continuación:

Tarjetas de pago

Acuerdo entre las asociaciones del sector comercial y las entidades de crédito para la reducción de las tasas multilaterales de intercambio en los pagos realizados con tarjeta

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, presidió el día dos de diciembre de 2005 la firma del Acuerdo entre las asociaciones comerciales y los sistemas gestores sobre la fijación de las tasas multilaterales de intercambio en los pagos por tarjeta. Los firmantes del Acuerdo, impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, han sido Servired, Sistema 4B y Euro 6000, que agrupan a los bancos, cajas de ahorro y otras entidades financieras. Por otra parte, las entidades representativas del sector comercial han sido Anged (grandes superficies), Cec (comercio minorista), Avad (venta a distancia), Cehat (hoteles), Caave (agencias de viaje) y Fehr (hostelería).

Antecedentes

Acuerdo 1999:

A instancias del Congreso, en abril de 1999, la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo creó una Comisión para el estudio de problemas derivados de la utilización de tarjetas como medio de pago. En esta Comisión estaban representadas las asociaciones de comerciantes, los sistemas gestores de tarjetas y expertos independientes. Ante la dificultad de actuar sobre las tasas de descuento, se llegó a un acuerdo de disminución de las tasas de intercambio máximas, de la siguiente forma: 3,5 por 100 a partir de julio de 1999; reducción anual de la tasa máxima en un 0,25 por 100, hasta alcanzar el 2,75 por 100 a partir del 1 de julio de 2002. Este acuerdo fue autorizado por el Tribunal de Defensa de la Competencia con fecha 26 de abril de 2000. A partir del seguimiento que hace el Banco de España de las tasas de intercambio, puede decirse que el acuerdo se ha cumplido.

Decisión de la Comisión Europea:

El 24 de julio de 2002 la Comisión Europea aprobó una Decisión sobre las tasas multilaterales de intercambio de VISA en lo que se refiere a operaciones transfronterizas. La autorización de la Comisión se basa en una estimación por parte de VISA de reducción paulatina de la TMI para tarjetas de crédito y débito diferido hasta alcanzar una tasa media ponderada del 0,7 por 100 en 2007 y un compromiso de que esta se ajuste a las siguientes categorías de costes:
  • Procesamiento de las transacciones.
  • Periodo de cobertura financiera gratuita a los titulares de las tarjetas.
  • Garantía de pago al comerciante.
Para las tarjetas de débito (cargo inmediato al cliente) se fija una comisión por operación de 0,28 €.

Texto del Congreso de 2003:

El Pleno del Congreso, en sesión de 27 de mayo de 2003 insta al Gobierno a dictar las disposiciones oportunas para que las TMI se adapten a los principios aceptados por las autoridades europeas y españolas de defensa de la competencia, con objetividad, transparencia y según categorías de costes.

Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia:

Con fecha 11 de abril de 2005, el Tribunal de Defensa de la Competencia dictó tres resoluciones que se refieren a los sistemas de pagos con tarjetas Servired, 4B y Euro 6000. En los casos de Servired y 4B supone la denegación de las autorizaciones de tasas multilaterales de intercambio solicitadas por estos sistemas al Servicio de Defensa de la Competencia con fecha 10 de abril de 2002 y 28 de diciembre de 2001 respectivamente. En el caso de Euro 6000 supone la incoación de un expediente de revocación o modificación de la autorización concedida por el TDC con fecha 9 de julio de 2001. El TDC consideró que:
  • Las TMI para las que se pide autorización no están suficientemente justificadas en relación con los costes.
  • Se establecen las mismas TMI para transacciones realizadas con tarjeta de crédito (y débito aplazado) que con tarjetas de débito, cuando los costes de las mismas son diferentes.
  • Fijación arbitraria de TMI máximas.
  • Discrecionalidad del sistema para privilegiar a unos establecimientos frente a otros, con clasificaciones sectoriales sin que se justifique una afectación de costes a cada tipo de comercio. Esto puede llevar a ventajas de unos establecimientos frente a otros.
  • Falta de transparencia.
No obstante lo anterior, el Tribunal consideró oportuno declarar que admite que la fijación de las TI acordada por las entidades emisoras de tarjetas puede contribuir al progreso técnico y económico si se cumplen las condiciones del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia y si el nivel acordado es determinado objetivamente por los costes, mediante un método transparente y conocido por todos los interesados. En consecuencia, el Tribunal podría autorizar futuros acuerdos de fijación de TI si tales condiciones se cumplieran. Considera de ineludible cumplimiento las siguientes:
  • Las TI correspondientes a las transacciones efectuadas con tarjetas de débito diferirán de las efectuadas con tarjetas de crédito (y débito diferido).
  • Las TI correspondientes a tarjetas de débito incluirán, como máximo, los costes de autorización y procesamiento de las transacciones. Se determinará como una cantidad fija por transacción.
  • Las TI correspondientes a tarjetas de crédito (débito diferido) incluirán, como máximo, los siguientes costes: 1. Costes de autorización y procesamiento de las transacciones. Se determinará como una cantidad fija por transacción. 2. Riesgo de fraude. Se determinará periódicamente como un porcentaje del volumen de la transacción.
  • Se podrán considerar TI distintas para las operaciones correspondientes a las compras por correo o por teléfono, así como a las efectuadas de forma manual o a través de Internet, siempre que se justifiquen las diferencias de forma objetiva.
  • Cualquier modificación deberá consultarse previamente al Tribunal.
  • Las TI serán públicas.

Resolución del Congreso 2005

A iniciativa de los grupos socialista y ERC, el Congreso de los Diputados aprobó el 18 de mayo de 2005 una Resolución sobre Política Económica, que en el apartado IV referente a Apoyo a las Pyme, incluye un punto 7, por el que se insta al Gobierno a:
” Adoptar las medidas necesarias, en relación con los pagos efectuados con tarjeta en los aspectos relativos a las tasas de intercambio aplicados en los mismos, para garantizar que se cumplan los criterios contenidos en las Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de 11 de abril de 2005. Los Ministerios de Economía y Hacienda e Industria, Turismo y Comercio establecerán los mecanismos para garantizar la necesaria transparencia e información en las tasas aplicadas “.

Petición de medidas cautelares

Tras las tres resoluciones del TDC de 11de mayo de 2005 en relación con SERVIRED, 4B y EURO 6000, se ha interpuesto al menos un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por los respectivos sistemas gestores de tarjetas. También algunas de las entidades bancarias asociadas han presentado recurso. En los recursos se ha solicitado la adopción de medidas cautelares. Dichas solicitudes cautelares han sido comunicadas por la Audiencia Nacional al Servicio de Defensa de la Competencia, que ha considerado conveniente esperar al pronunciamiento de la Audiencia para paralizar la ejecución del apartado de las resoluciones del TDC por la que se dispone intimar a estas entidades solicitantes para el desistimiento de la aplicación provisional del sistema de tasas de intercambio hasta ahora vigente.

Búsqueda del acuerdo

Ante la conflictividad en el sector, y teniendo como referente el mandato de la Resolución del Congreso de mayo de 2005, la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo ha instado a las entidades financieras y a las asociaciones comerciales afectadas a la consecución de un acuerdo, que fuese beneficioso para ambas partes y que pusiera fin a la batalla legal y la inseguridad jurídica en el que se encuentraba el sistema de pagos con tarjeta.

Términos del acuerdo

El acuerdo contempla un nuevo sistema multilateral de fijación de tasas de intercambio para los próximos cinco años, que sin duda tendrá efectos positivos para el sector de la actividad comercial, y del que se destacan los siguientes aspectos:
  • El nuevo sistema será sometido al Servicio de Defensa de la Competencia. La seguridad jurídica del acuerdo permitirá al sector financiero acometer las inversiones tecnológicas necesarias para la expansión del sistema de pagos con tarjetas en su convergencia con otros países comunitarios y a una mejora de la eficiencia del mismo.
  • El acuerdo supone para el sector comercial una sustancial rebaja en las tasas máximas hasta ahora vigentes, que va a beneficiar especialmente a los operadores comerciales que en la actualidad soportan mayores tasas. Así, las tasas de intercambio máximas que en la actualidad se sitúan en el 2,32 por 100 (Banco de España, 1º trimestre 2005), pasarían a un 1,4 por 100 en 2006, 1,3 por 100 en 2007 y 1,1 por 100 en 2008, de acuerdo con el cuadro incluido a continuación. Este descenso de las tasas de intercambio se espera que suponga una reducción en las tasas pagadas por el comerciante a las entidades bancarias (tasas de descuento) y que finalmente se traduzca en una mejora del servicio y de los precios al consumidor.
  • Se contempla un periodo transitorio de tres años, entre 2006 y 2008, para el que se ha fijado un cuadro de tasas máximas a respetar por los sistemas gestores de tarjetas, que va a permitir realizar un estudio de costes que servirá para el cálculo de tasas para los dos años siguientes. En cualquier caso, se establece una cláusula de garantía de forma que ningún operador comercial sufra tasas superiores a las que tiene actualmente.
  • Las partes intervinientes han solicitado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la creación de un Observatorio como foro para realizar un seguimiento y difusión de los medios de pago electrónicos en el sector comercial en España.
  • Las entidades procesadoras de pagos con tarjeta se comprometen a dotar un fondo de tres millones de euros durante el periodo 2006-2008, destinado a realizar acciones de difusión e impulso de la utilización de las tarjetas como medio de pago, especialmente en el pequeño comercio.
Tasas de intercambio máximo
Tramos 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009-2010 2009-2010
Euros (€) Crédito (%) Débito (€) Crédito (%) Débito (€) Crédito (%) Débito (€) Crédito (%) Débito (€)
0- 100 mill. 1,40 0,53 1,30 0,47 1,10 0,40 0,79 0,35
100 – 500 mill. 1,05 0,36 0,84 0,29 0,63 0,25 0,53 0,21
> 500 mill. 0,66 0,27 0,66 0,25 0,54 0,21 0,45 0,18

Finalización del acuerdo

Finalmente, este acuerdo expiró el pasado 31 de diciembre de 2010. El ahorro que ha supuesto la aplicación del mencionado Acuerdo en el comercio y la hostelería, en el periodo de vigencia (2006 – 2010), para estos sectores, se estima en torno a ochocientos millones de euros en beneficio del comercio, hostelería y los consumidores, ayudando a la contención de los precios, habida cuenta de que, desde el inicio del Acuerdo de Terminación Convencional hasta los últimos datos disponibles, se puede constatar un descenso del 34% de las tasas medias de descuento.
El día 31 de diciembre de 2010 se constataron esos datos y se manifestó la voluntad del Gobierno de trabajar porque las tasas de intercambio, en España, converjan paulatinamente, a las aplicadas en el entorno de la Unión Europea, que se sitúan en el 0,3% en crédito y 0,2% en débito. Un acuerdo sobre estos parámetros sería deseable por cuanto supone un beneficio para la economía y los consumidores. Sin embargo, el mismo no se ha producido, al menos con intervención del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En consecuencia, este acuerdo se está produciendo directamente entre las partes, siendo las propias fuerzas del mercado las que han adquirido el peso específico suficiente para negociar en defensa de sus propios intereses.

 

Documentación acuerdos estudios e informes

 

La red global de centros de datos del Santander

Los CPD del Banco Santander y la red GSNet (Grupo Santander Network-Global Santander Network).

Los taxistas locales le llaman «el búnker» y, por una vez, han dado en el clavo.

En una zona industrial a las afueras del municipio cántabro de Solares se levantan las impresionantes instalaciones de uno de los cinco centros de datos globales del Grupo Santander. Inaugurado en diciembre de 2011 tras 14 meses de obra. este bastión tecnológico se oculta bajo tierra en una parcela de 350.000 metros cuadrados. con 250 plazas de aparcamiento y una torre de comunicaciones de 65 metros de altura que preside el paraje, con las olas del Cantábrico al fondo. El tesoro, también aquí, está escondido. Y circula por los 28 kilómetros internos de fibra óptica que conforman esta «santa bárbara» de la era digital.

«Este tipo de infraestructuras tecnológicas deben configurarse como una fortaleza física, y eso se ve, y también como una fortaleza digital, menos visible». explica uno de los responsables de las instalaciones durante la visita. El acceso al centro de datos exige superar al menos cinco barreras físicas de seguridad. Más cuando uno se adentra en el verdadero búnker dentro de la fortaleza: los dos centros de datos, de 3.000 metros cuadrados cada uno, situados bajo tierra en edificios compactos de hormigón refrigerados
por›36 chimeneas. Un centro de ciberseguridad vigila las 24 horas del día el estado de las lineas defensivas digitales de estas granjas de datos.

El de Solares es uno de los cinco «data centers» corporativos que el Grupo Santander culminará este ano. configurado como una puntera federación de centros de datos conectados por tecnología IP (de protocolo de internet). Con la inauguración este verano de 2013 de centros «gemelos» en Querétaro (México) y en Campinas (Sao Paulo,
Brasil) y la de las nuevas instalaciones británicas. este otoño. en Carlton Park (al sur del Leicester), la compañía concluirá el diseño de un activo que hace ya ocho años definió como «estratégico» para su negocio. A esta red se suman los dos centros españoles, el de Cantabria y el de Boadilla del Monte, situado en la sede madrileña del grupo.

«Nuestra mayor responsabilidad es la custodia de los datos de nuestros clientes, lo más crítico es la seguridad física del dato, y para ello debemos tener el númerode copias adecuado en el lugar adecuado», explica un responsable de tecnología de la entidad. Cada email que manda uno de los casi 190.000 empleados del Santander en todo el mundo, cada operación que realiza por banca online uno de sus 102 millones de clientes, y cada movimiento de fondos genera uno o varios «datos» digitales, que será albergado en uno de estos cinco «data centers».

Su misión es asegurar que esos datos están disponibles, pase lo que pase.

Tres copias de seguridad Para ello, estos complejos son construidos a prueba de terremotos o ataques con bombas. Pero, además, entra en juego la lógica en red del sistema, que permite que esos datos estén en tres sitios a la vez gracias al desarrollo de las tecnologías de virtualización (crear servidores virtuales como copias de cada servidor real). La información personal y bancaria de los clientes del Santander UK, por ejemplo, se almacena en los centros de datos del Reino Unido y en el de Boadilla. El centro de Cantabria actúa además como «centro de recuperación de desastres», y guarda una tercera copia de seguridad. Un enjambre digital controlado desde los llamados Centros de Control donde, en el caso de Solares, se procesan hasta 10.000 transacciones por segundo realizadas por el banco en Reino Unido, Alemania, Portugal y España.

En esta era de creciente vulnerabilidad digital de las grandes infraestructuras, los países y sus empresas levantan también enormes fortalezas.

En las de ahora, los cañones son invisibles.

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La red global de centros de datos del Santander, al igual que las comunicaciones telefónicas y la actividad en internet en todo el mundo, está conectada por una red submarina de cables de fibra óptica que transportan la información. Se estima que, bajo los océanos, estas autopistas digitales tienen ya una extensión de 900.000 kilómetros. Y su importancia crucial ha sido puesta de manifiesto con las recientes revelaciones de que los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses las tienen «pinchadas››para poder espiar hasta 600.000 llamadas de teléfono al día. En el caso del «data center» del Santander en Solares. sus instalaciones estan conectadas por este tipo de cable con Miami, el sur de Inglaterra y Fráncfort. Una pantalla controla de forma permanente el estado «verde››, u operativo, de estos cables que les conectan con las tuberías más esenciales de la economía global.

Autor del texto: Borja Bergareche

Códigos de retrocesión en pagos con tarjeta (chargeback codes)

Para la gestión de controversias (dispute resolution) es conveniente conocer lo códigos de retrocesión de las tarjetas.

Los incluyo a continuación:

VISA

 

30                      Services Not Provided or Merchandise Not Received
41                      Cancelled Recurring Transaction
53                      Not as Described or Defective Merchandise
57                      Fraudulent Multiple Transactions
60                      Requested Copy Illegible
62                      Counterfeit Transaction
70                      Account Number on Exception File
71                      Declined Authorization
72                      No Authorization Obtained
73                      Expired Card
74                      Late Presentment
75                      Cardholder Does Not Recognize the Transaction
76                      Incorrect Transaction Code
77                      Non Matching Acct Number
78                      Service Code Violation, Did not Obtain Authorization (International Only)
79                      Requested Transaction Information Not Received
80                      Incorrect Transaction Amount or Acct Number
81                      Fraudulent Transaction – Card Present
82                      Duplicate Processing
83                      Fraudulent Transaction – Card Not Present
85                      Credit Not Processed
86                      Paid by Other Means
90                      Services Not Rendered – ATM or VisaTravel Money Transactions
93                      Risk Identification Service (RIS)
96                      Transaction Exceeds Floor Limit

28                      Cardholder Requests Copy Bearing Signature
29                      Request for T&E Documents
30                      Cardholder Dispute – Cardholder Requests Draft
33                      Legal Process or Fraud Analysis
34                      Repeat Request for Copy

 

MasterCard

4801                  Requested Transaction Information not Received
4802                  Requested/Required Information Illegible or Missing
4803                  Documentation Received Invalid/Incomplete
4804                  Duplicate Processing
4807                  Warning Bulletin Filed
4808                  Requested/Required Authorization Not Obtained
4812                  Account Number Not on File
4831                  Transaction Amount Differs (Authorization to Settlement)
4834                  Duplicate Processing
4835                  Card Not Valid or Expired
4837                  No Cardholder Authorization
4840                  Fraudulent Processing of Transaction
4841                  Cancelled Recurring Transaction
4842                  Late Presentment
4846                  Correct Transaction Currency Code Not Provided
4847                  Exceeds Floor Limit – Not Authorized and Fraudulent Transaction
4849                  Questionable Merchant Activity
4850                  Credit Posted as a Purchase
4853                  Merchandise/Services Not as Described
4854                  Cardholder Dispute Not Elsewhere Classified (US Only)
4855                  Non-receipt of Merchandise
4856                  Defective Merchandise
4857                  Card Activated Telephone Transaction
4859                  Services Not Rendered
4860                  Credit Not Processed
4862                  Counterfeit Transaction Magnetic Stripe POS Fraud
4863                  Cardholder Does Not Recognize – Potential Fraud (US Only)
4870                  Chip Liability Shift
4871                  Chip & PIN Liability Shift
4905                  Invalid Acquirer Reference Data on Second Presentment

43                      Legal/Fraud Imprint Verification
42                      Potential Chargeback or Compliance Documentation
41                      Legal/Fraud Signature Verification
24                      Cardholder Inquiry – Unspecified/Other
23                      Cardholder Inquiry – Needs for Personal Records
22                      Cardholder Inquiry –Disagrees with Billing
21                      Cardholder Inquiry –Does Not Recognize Transaction
05                      Cardholder Does Not Agree with Amount Billed

American Express

A01                        Amount Differs from Authorization to Settlement
A02                        Did Not Receive Valid Authorization Approval
A03                        Valid 6 digit Authorization code Not Provided
A04                        Valid Authorization Not Obtained – You were advised to call AmEx directly
A05                        Authorization Approval Code Not on Record
A06                        Overlimit Authorization Approval Not Obtained
A07                        Authorization Was Declined
A08                        Charge submitted After Authorization Expired (Valid 30 days)
A09                        Charge submitted After Authorization Expired (Valid 30 days)
A10                        Transaction did not Receive Valid Approval
C01                         Credit Agreed to Provide Cardholder Not Received
C02                         Credit Agreed to Provide Cardholder Not Received
C03                         Credit Agreed to Provide Cardholder Not Received
C04                         Cardholder Provided Proof Merchandise Returned
C05                         Cardholder Provided Proof Order Cancelled
C06                         Credit Not Processed, Contact Cardholder for Reimbursement
C07                         Disputes Return Policy, Contact Cardholder
C08                         Merchandise Not Received
C09                         Services Not Rendered
C10                         Discontinue Recurring Billing – Second Contact/Notice
C11                         Cardholder Claims Charge Greater than what they Signed for
C12                         Cardholder Claims Charge Greater than what they Signed for
C13                         Cardholder  Paid by Other Means
C14                         Cardholder Provided Proof Paid by Other Means
C15                         Cardholder Provided Proof Paid by Other Means
C16                         International Card – Can’t Charge for this good/service
C17                         AmEx Card Not Valid In US
C18                         Reservation Cancelled – Credit Due
C19                         Double Billing – Charged for No Show and Reservation
C25                         Cardholder received Merchandise (Positive Signal)
C26                         Discontinue all Future Billings to this Account
C27                         Cardholder No Longer Disputes Charges (Positive Signal)
C28                         Charge Submitted After You Were Advised to Discontinue Future Billing
C29                         Supporting Documentation Provided by Merchant shows Overcharge
F01                         Did Not Receive Valid Authorization Approval for Amount of Charge
F05                         No Signature, Swipe or Imprint when Merchandise/Tickets Picked up
F06                         Client information does not match Cardholder info
F08                          Unable to Support “Signature on File” charge, Contact Cardholder for Payment
F10                         Did not receive Full Mag Stripe Data
F11                         Signature is not that of Cardholder’s
F12                         Signature Misspelled
F13                         Signature differs from name on card, possible double imprint or switched cards
F14                         Cardholder Signature was Not Obtained
F15                         Self Directed Charged and Signed Documentation not Available
F16                         Customer didn’t Place Order – Goods Never Received – Not Shipped to Billing Address
F17                         Tickets Sent to address other than Cardholder address and Not Received
F18                         Merchandise not shipped Cardholder billing address and Cardholder disputes billing
F19                        Cardholder Claims Merchandise Not Received and was not sent to Billing Address
F20                         Expired Card
F21                        Card Not Valid
F22                         Card Expired or Not Yet Valid
F23                         Card Expired when Ticket was Accepted
F24                         Multiple Charges
F25                         Did Not Receive Authorization Approval for Total Amount Charged
F26                         Name Provided on Transaction is Not Cardholder Name
F27                         Supporting Documentation Does Not Bear Cardholder’s Name
F28                         Cardholder Claims Fraudulent Use of Cards for Mail or Electronic Tickets Order
FR1                         Establishment on Full Recourse/Immediate Chargeback Program
FR2                         Establishment on Full Recourse/Immediate Chargeback Program
FR3                         Cardholder has No Knowledge of Charge after Supporting Documents Provided
FR4                         Establishment on Immediate Chargeback Agreement, Discontinue Future Billings
FR5                         Establishment on Immediate Chargeback Program, Disputed Charges Debited
FR6                         Establishment on Partial Immediate Chargeback Agreement, Discontinue Billings
FR40                      Establishment on Immediate Chargeback Agreement, Discontinue Future Billings
M01                       Chargeback Authorization Received and Processed
M02                       Processed Credit Establishment Requested
M05                       Credit Authorized but Cardholder Does Not Agree to Amount
M07                       Cannot Bill Cardholder from (Hotel) Room Damages
M08                       Cannot Bill Cardholder from Damages, Goods and Services Only
M09                      Your Contract with AmEx does Not permit billing for Damages
M15                       Account No Longer Active, Discontinue Future Billings
M16                       Charge Incurred after Account was Cancelled
M17                       Cardholder’s Account Cancelled at time Charge was Incurred
M18                       Second notice of Inactive Account, Discontinue Future Billings
M30                       Submitted file not processed because it appears to be Duplicate
M32                       Processed Adjustment to your Account
M34                       Establishment Not on CARDeposit Program and you may Not Bill this type of charge
M35                       Unspecified or Other Adjustment (Explanation Included)
M36                       Unspecified or Other Adjustment
M37                       Credit must be processed to Cardholder’s AmEx account, contact Cardholder directly
M41                       Support has been provided to Cardholder who still denies charge, Affidavit provided
M47                       Cardholder had no Knowledge of charge
M48                       Chargeback Reversed (Positive Signal)
P01                        Transaction submitted for invalid/incorrect Account number
P02                        Transaction submitted for invalid/incorrect Account number
P05                        Transaction Processed in Wrong Amount
P06                        Charge Submitted Late
P07                        Charge Not Submitted in Reasonable Time after Charge was incurred
P08                        Cardholder Claims Same Transaction Posted Twice on Account
P10                        AmEx Records Indicate Duplicate Billing
P11                        Cardholder Claimed Duplicate Billing and you did Not Provide Support for all Charges
P14                        Invalid Charge, Account Number not Assigned to AmEx Cardholder
P15                        Complete Response/Documentation Not Received with Specified Time Frame
P16                        Original Response to Inquiry not Received with Specified Time Frame
P17                        Missed Deadline to Supply Documentation for Representment
P18                        Response Received but Not Agreed Credits, Credit Amount Debited
P19                        Charge Submitted on Invalid Plastic Number
P20                        Credit Submitted on Invalid Plastic Number
P21                        Transaction was Submitted on a Test Account Number
R01                        Full Shipping Information Not Provided on Proof of Delivery
R02                        Delivery Address not Provided as Requested
R03                        Insufficient Documentation – Itemized Receipt
R04                        Reply Did Not Address Cardholder Dispute
R05                        Cannot Bill Cardholder Account for Check that has been Returned
R06                        Customer didn’t Place Order & Goods Never Received, No Knowledge of Phone/Address provided
R07                        Delivery Address and Signed Proof of Delivery Not Provided
R10                        Supporting Documentation Provided Did Not Include Name and/or Signature
R13                        Second Inquiry to Request Information Regarding Charge
R14                        Response to Inquiry Not Received within time frame
R15                        Documentation/Support Agreed to Not Received
R17                        Documentation/Support Received After Debit has been Made, Non-Reversible
R20                        Did Not Receive Reply, with Signed Proof of Delivery you may re-bill Cardholder
R21                        Reply Received After AmEx charged your Account
R22                        Support Received and Chargeback Reversed (Positive Signal)
R23                        Terms and Conditions and/or Proof of Usage by Cardholder Not Provided
S01                         Request for Chargeback Reversal Reviewed and Denied – Account Not Credited
T01                         Issuer Provides Proof Tickets were Returned and Cardholder did not Receive Credit
T02                         Tickets were voided and Cardholder Credit Not Received
T03                         Tickets are mirror images tickets
T04                         Lost Ticket Review Period Elapsed, Cardholder Credit Not Received
T05                         Charges not Authorized, made by passenger other than by Cardholder

003                         Credit Not Received for Tickets/Vouchers
004                         Request Reshipment of Tickets Not Received
007                         Billing was to be in Installments – Credit Due
009                         Customer Requests Return Instructions/Pickup
010                         Partial Credit Received – Remaining Credit Due
011                         Customers Requests Waiving Cancellation Fee – Credit Due
012                         Charged Billed Twice in Error
015                         Requests Credit for Exchange Fee
016                         Requests Credit for Damaged Merchandise
018                         Requests Credit for Overcharge
020                         Claims Cancelled Service – Requests Credit and Discontinue Future Billings
021                         Claims Cancelled Service – Issue Credit or Provide Cancellation Policy and Discontinue Billing
022                         Claims Cancelled Membership – Requests Credit and Discontinue Future Billings
024                         Damaged Merchandise, Requests Return
027                         Order Canceled – Issue Credit or Provide Cancellation Policy/Proof of Delivery
028                         Membership Cancelled in Writing – Issue Credit/supply signed Cancellation Policy & discontinue
029                         Membership Expired – Issue Credit or supply signed contract with renewal policy/expiration date
030                         Defective Merchandise – Credit Requested
031                         Deposit on Vehicle not Purchased, Issue Credit or provide Signed Agreement
033                         Cardholder Does has No Knowledge of Charges, Provide support and itemization or Issue Credit
040                         Service / Membership Cancelled – Credit Requested or Proof of Usage
041                         Unable to contact/cancel – Discontinue Charges
042                         Customer Claims Alternate Bill Arrangement – Requests Credit and Discontinue Future Billings
043                         Request to Cancel Service – Contact Customer Directly
044                         Requests Cancellation of Service – Provide Cancellation instructions/authorization
045                         Requests Replacement for Damaged Merchandise
048                         Requests Replacement for Damaged Merchandise
049                         Deposit on Vehicle not Leased – Issue Credit or Provide signed Agreement
059                         Requests Repair of Damaged Merchandise
060                         Requests Repair of Defective Merchandise
061                         Credit should have been Charge – Bill Customer
062                         Charge should have been Credit – Issue Full Credit
063                         Dissatisfied w/ Good/Service – Credit Requested
070                         Dissatisfied w/ Repair Work on Vehicle – Credit Requested
071                         Requests Credit for Personal Property Damage (Moving services) – Credit Requested
072                         Cardholder has no Knowledge of Billing and it has Wrong Signature
073                         Reservation not Guaranteed, was to be Cancelled – Credit Requested
076                         Cancelled Service – Issue credit or provide copy of agreement and Discontinue Future Billings
077                         Request to Return Merchandise – Provide Return Instructions
078                         Invalid Plastic Number, Provide Valid Number to avoid Chargeback
079                         Invalid Plastic Number, Provide Valid Number to avoid Chargeback
080                         Cancelled Time Share – Credit Requested or provide copy of signed agreement
082                         Customer has No Knowledge of Credit to their Account
083                         Referenced Customer Deceased
086                         Discontinue billings to this Inactive Account
087                         Issue Credit and Discontinue Billing to Inactive Acct
089                         Alternative Billing Arrangements – Credit Requested or provide supporting documentation
090                         Membership/Service Paid in Full – Credit Requested and Discontinue Future Billings
091                         Cancellation Made within Allowable Time – Credit Requested
093                         Cardholder Does Not Recognize Charges
094                         Cardholder Does Not Recognize Charges
095                         Cancelled Service – Credit Requested or provide signed proof serviced were rendered
097                         Customer Requests Credit for Unauthorized Charges
099                         Class/Course Cancelled – Credit Requested
107                         Facility No Longer Open – Credit Requested and Discontinue Future Billings
110                         Calls associated with charges Connected to Wrong Number
117                         Call associated with charges was Cut-off
119                         Cardholder has No Knowledge of CARDeposit Billing – Requests Credit
120                         Requests Credit for Overcharge for Vehicle Rental
121                         Requests Credit for Rental Vehicle did not perform properly
122                         Cardholder has No Knowledge of Vehicle Rental – Issue Credit
123                         Cardholder has No Knowledge of Vehicle Rental – Issue Credit
124                         Customer Requests support for Charges
125                         Cardholder has No Knowledge of Vehicle Rental – Issue Credit
127                         Cardholder Does Not Recognize Charges, Provide Documentation or Issue Credit
128                         Cardholder Claims they did Not Authorize Charges, Provide Documentation or Issue Credit
129                         Cardholder Does Not Recognize Charges, Provide Documentation or Issue Credit
130                         Requests Credit for Deposit not Deducted from Rental Billing
131                         Charge was to be Billed Directly to Insurance company
132                         Customer Billed Twice from separate business addresses
133                         Billed Twice for same Purchase
134                         Customer Claims Portion of Charge was a Deposit
136                         Customer Claims Charge was for Deposit
141                         Customer Claims Charge was Deposit on Vehicle Returned
143                         Customer Claims Flowers ordered Not Received
146                         Disputed Merchandise Returned but 2nd charge processed instead of credit
147                         Customer Claims Billing Paid by Insurance Company
150                         Returned Damaged Merchandise – Provide Documentation or Issue Credit
151                         Returned Damaged Merchandise and Requests Replacement or Credit
152                         Received & Returned Incorrect Merchandise, Provide Documentation or Issue Credit
153                         Received & Returned Incorrect Merchandise and Requests Replacement or Credit
154                         Cancelled Order – Provide Documentation or Issue Credit
155                         Merchandise not Received – Provide Documentation or Issue Credit
156                         Merchandise not Received – Issue Credit and Rebill Upon Delivery
157                         Returned Merchandise but not sent Replacement- Provide Documentation or Issue Credit
158                         Merchandise Returned, Provide Documentation or Issue Credit
159                         Customer Requests signed support and itemization for Charges
160                         Tickets/Vouchers not Ordered – Provide Documentation or Issue Credit
161                         Tickets/Vouchers Returned – Provide Documentation or Issue Credit
162                         Tickets/Vouchers Returned – Provide Documentation or Issue Credit
163                         Tickets/Vouchers Not Received – Provide Documentation or Issue Credit
164                         Tickets/Vouchers unused and Lost or Stolen – Provide Documentation or Issue Credit
165                         Tickets/Vouchers Lost or Stolen – Provide Documentation or Issue Credit
166                         Requests Credit for Payment made directly to establishment,
167                         Reservation Confirmed on Incorrect Date – Provide Documentation or Issue Credit
168                         Reservation Confirmed in Incorrect Location – Provide Documentation or Issue Credit
169                         Incorrect Conversion Rate Used – Provide Documentation or Issue Credit
170                         Cancelled Reservation – Provide Documentation or Issue Credit
171                         Assured Reservation Not Honored – Provide Documentation or Issue Credit
173                         Requests Credit for Duplicate Billing
174                         Customer Requests signed support and itemization for Charges
175                         Customer Requests Credit for a Charge
176                         Cardholder Does Not Recognize the referenced Charges
177                         Cardholder Claims Charge Unauthorized
178                         No Merchandise Ordered or Delivered – Provide Documentation or Issue Credit
179                         Cardholder Does Not Recognize Charge for Reservation
180                         Cardholder Does Not Recognize Charge for stay at Establishment.
181                         No Knowledge of Referenced No Show Charge
182                         Cardholder Question Charges for Damages at Establishment
183                         Cardholder Does Not Recognize Charges from Establishment
184                         Charges identified as Cash Advances – cannot be billed through AmEx
185                         Purchased but refused Delivery – Provide Documentation or Issue Credit
186                         Incorrect Merchandise – Issue Credit and provider Return Instructions
187                         Requests Replacement for Incorrect Merchandise
188                         Cardholder has no Knowledge of Charge, Requests Credit
189                         No Subscription Issues Received – Provide Documentation or Issue Credit
190                         No Subscription Issues Received – Request to begin Delivery
191                         Merchandise not Ordered or Received – Provide Documentation or Issue Credit
192                         Customer Requests signed support and itemization for Charges
193                         Charges Incurred at establishment are Fraudulent
194                         Charges Incurred at establishment are Fraudulent – Full Magnetic Stripe data not received
195                         Customer Doesn’t Recognize charge and Requests signed support and itemization for Charges
196                         Cardholder Does Not Recognize Charges, Provide Documentation or Issue Credit
197                         Subscription Cancelled yet Billed – Provide Documentation or Issue Credit
198                         Subscription Never Ordered – Provide Documentation or Issue Credit
199                         Cardholder charged for both stay and no-show – Requests Credit for No-show
200                         Sent Claim Report and Request signed support and itemization for Charges
608                         Customer not disputing but requests signed support and itemization of charges
610                         Charge was to be to Third Party – Provide Documentation or Issue Credit
620                         Customer was under billed
656                         No Knowledge of Referenced No-Show/Assured Reservation Charge
657                         Requests Credit for Overcharge
658                         Claims Received  Multiple Billings in Error
671                         Billing was to be Complimentary Stay
672                         Customer Doesn’t Recognize delayed charges – Provide Documentation or Issue Credit
673                         Billed Assured Reservation and Actual Stay – Credit Due for Assured Reservation
674                         Invalid or Incorrect Acct Number – Customer Doesn’t Recognize Charge
675                         CARDeposit Billing was to be Applied to the Stay – Provide Documentation or Issue Credit
676                         Cancelled CARDeposit Reservation – Provide Documentation or Issue Credit
678                         Second Request for Credit on Billing
679                         Billed Twice for CARDeposit
680                         Customer Claims Overcharge – Provide Documentation or Issue Credit
681                         Guaranteed Reservation Cancelled within Guidelines – Provide Documentation or Issue Credit
682                         Cancellation of Membership – Provide Documentation or Issue Credit
683                         Charge Belongs to another Person due to AmEx cards being switched
684                         Charge was Paid in Cash – Provide Documentation or Issue Credit
685                         Customer Requests Copy of Signed Receipt
687                         Does Not Recognize Charge, Provide Documentation or Issue Credit
688                         Charge was to be Paid by Customer’s Company – Credit and Rebill Correct Party
689                         Reservation Made and paid by Third Party – Provide Documentation or Issue Credit
690                         Not Disputing Charges but requesting support and itemization
691                         Not Disputing Charges but requesting signed support and itemization
692                         Customer should have been billed for only one night – Provide Documentation or Issue Credit
693                         Customer Questions charge for Damages – Provide Documentation or Issue Credit
694                         Dissatisfactory Accommodations, Requests Credit
695                         Payment made directly to Establishment – Provide Documentation or Issue Credit
696                         Car Rental Cancelled – Provide Documentation or Issue Credit
697                         Claims Billed Twice for same Rental Vehicle – Provide Documentation or Issue Credit
698                         Customer Requests support for Rental Charges
699                         Customer should have been billed for only one night – Provide Documentation or Issue Credit
700                         Service Cancelled – Provide Documentation or Issue Credit
701                         Customer Requests Cancellation of Service- Discontinue Future Billings
702                         Customer Received Duplicate Credits
703                         Repair/Replacement was to be covered under warranty – Provide Documentation or Issue Credit
704                         Event Cancelled – Credit due for Tickets not used
705                         Tickets Cancelled – Provide Documentation or Issue Credit
706                         Customer Refused Delivery – Provide Documentation or Issue Credit
707                         Call Associated with Bill had poor transmission quality
708                         Call Associated with Bill was not completed/connected
712                         Services Not Rendered
713                         Duplicate Billing – Provide Documentation or Issue Credit
722                         Customer Does Not Recognize Charge for Stay – Provide Documentation or Issue Credit
723                         Payment made directly to Establishment – Provide Documentation or Issue Credit
730                         Issue Credit for Charge and Discontinue all Future Billings
792                         Customer has no Knowledge of charge – Credit and Discontinue Future Billings
800                         Customer No Longer Disputes Charge (Positive Signal)
R040                       Service/Membership Cancelled – Issue Credit and Discontinue Future Billings
R041                      Customer Unable to contact and Cancel Service – Discontinue Future Billings
R042                      Customer made Alternate Billing Arrangements – Provide Documentation or Issue Credit
R043                      Customer Requests Cancellation of Service – Contact Customer Directly
R044                      Customer Requests Cancellation Instructions/Authorization- Contact Directly
RM05                     Cardholder does not agree to amount billed
RM21                     Cardholder does not recognize
RM23                     Cardholder Requests Copy
RM41                     Require for Legal/Fraud Analysis
RM42                     Required for chargeback
S06                        Automatic Closure of Inquiry
V28                        Cardholder Requests Copy w/ Signature
V29                        Charge detail or rental agreement request
V30                        Cardholder requests copy
V31                        Required for chargeback
V32                        Original lost in transit
V33                        Required for legal/fraud analysis
V34                        Repeat request for copy
V35                        Written cardholder demand
V36                        Legal process specifies original
V37                        Previous copy illegible
V38                        Required for paper/handwriting analysis
V39                        Repeat request for original
V40                        Required for arbitration
V78                        Cardholder requests copy with signature
V79                        Charge detail or rental agreement request
V80                        Cardholder requests copy
V81                        Required for chargeback
V82                        Original lost in transit
V83                        Required for legal/fraud analysis
V84                        Repeat request for copy
V85                        Written cardholder demand
V86                        Legal process specifies original
V87                        Previous copy illegible
V88                        Required for paper/handwriting analysis
V89                        Repeat request for original
V90                        Required for arbitration

Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

PREÁMBULO

I

La creación del euro en 1999 y su puesta en circulación en 2002 como moneda única, al menos en la zona de los países que adoptaron la nueva divisa, debió originar, al mismo tiempo, la regulación uniforme de los instrumentos de pago que hacen posible la utilización de dicha moneda.

Aunque se aprobaron determinadas normas comunitarias con objetivos armonizadores sobre algunos aspectos de los sistemas de pago, no fue hasta 2005 cuando la Comisión de la Unión Europea presentó la propuesta de Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior, la cual fue aprobada como Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2005/65/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE. El objeto de la presente Ley es incorporarla al Ordenamiento jurídico español.

El objetivo general de la Directiva es garantizar que los pagos realizados en el ámbito de la Unión Europea -en concreto, las transferencias, los adeudos directos y las operaciones de pago directo efectuadas mediante tarjeta- puedan realizarse con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales internos de los Estados miembros. Junto a ello contribuye al reforzamiento y protección de los derechos de los usuarios de los servicios de pago y facilita la aplicación operativa de los instrumentos de la zona única de pagos en euros, lo que se ha denominado SEPA («Single Euro Payments Area»), que se ha de desarrollar por la industria privada con el impulso del Banco Central Europeo y de los Bancos Centrales nacionales.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación

1. El objeto de esta Ley es la regulación de los servicios de pago, relacionados en el apartado 2, que se presten en territorio español, incluyendo la forma de prestación de dichos servicios, el régimen jurídico de las entidades de pago, el régimen de transparencia e información aplicable a los servicios de pago, así como los derechos y obligaciones respectivas tanto de los usuarios de los servicios como de los proveedores de los mismos.

2. Los servicios de pago que regula esta Ley son:

  • a) Los servicios que permiten el ingreso de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de la propia cuenta de pago.
  • b) Los servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de la propia cuenta de pago.
  • c) La ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago:
    • 1.º Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes,
    • 2.º Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar,
    • 3.º Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
  • d) La ejecución de operaciones de pago cuando los fondos estén cubiertos por una línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago:
    • 1.º Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes,
    • 2.º Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar,
    • 3.º Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
  • e) La emisión y adquisición de instrumentos de pago.
  • f) El envío de dinero.
  • g) La ejecución de operaciones de pago en las que se transmita el consentimiento del ordenante a ejecutar una operación de pago mediante dispositivos de telecomunicación, digitales o informáticos y se realice el pago a través del operador de la red o sistema de telecomunicación o informático, que actúa únicamente como intermediario entre el usuario del servicio de pago y el prestador de bienes y servicios.

Se faculta al Gobierno para introducir modificaciones en este apartado 2 cuando así lo hicieran los órganos competentes de la Unión Europea en el Anexo de la Directiva 2007/64/CE, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior.

3. Los Títulos III y IV se aplicarán, en los términos allí previstos, a los contratos que regulan los servicios de pago prestados por los proveedores de tales servicios residentes en España, incluidas las sucursales en España de proveedores extranjeros. Asimismo se aplicarán los mencionados Títulos a las operaciones de pago que se efectúen en territorio español. No obstante, cuando el servicio de pago se preste al amparo de contratos marco celebrados por entidades de pago que tengan su domicilio en otros Estados miembros de la Unión Europea mediante el ejercicio en España de la libertad de prestación de servicios, sin establecimiento, prevista en el artículo 11, se aplicará la legislación del Estado de origen de la entidad de pago que preste el servicio. En estos casos, cuando se trate de operaciones con consumidores, se aplicará la legislación española siempre que fuera más favorable.

4. Esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo previsto en la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, en aquellos casos en que un instrumento o servicio de pago incluya la concesión de un crédito de esa naturaleza.

Artículo 2 Definiciones

A efectos de esta Ley, se entenderá por:

  • 1. «Estado miembro de origen»: uno de los siguientes:
    • a) El Estado miembro en el que el proveedor de servicio de pago tenga fijado su domicilio social; o,
    • b) Si el proveedor de servicio de pago no posee domicilio social con arreglo a la legislación nacional, el Estado miembro en el que tenga fijada su administración central;
  • 2. «Estado miembro de acogida»: el Estado miembro distinto del Estado miembro de origen en el cual el proveedor de servicio de pago tiene un agente o una sucursal o presta servicios de pago;
  • 3. «Servicio de pago»: cualquiera de las actividades comerciales contempladas en el artículo 1.2 de la presente Ley;
  • 4. «Entidad de pago»: una persona jurídica a la cual se haya otorgado autorización, para prestar y ejecutar servicios de pago;
  • 5. «Operación de pago»: una acción, iniciada por el ordenante o por el beneficiario, consistente en situar, transferir o retirar fondos, con independencia de cualesquiera obligaciones subyacentes entre ambos;
  • 6. «Sistema de pago»: un sistema de transferencia de fondos regulado por disposiciones formales y normalizadas, y dotado de normas comunes para el tratamiento, liquidación o compensación de operaciones de pago;
  • 7. «Ordenante»: una persona física o jurídica titular de una cuenta de pago que autoriza una orden de pago a partir de dicha cuenta o, en el caso de que no exista una cuenta de pago, la persona física o jurídica que dicta una orden de pago;
  • 8. «Beneficiario»: una persona física o jurídica que sea el destinatario previsto de los fondos que hayan sido objeto de una operación de pago;
  • 9. «Proveedor de servicios de pago»: los organismos públicos, entidades y empresas autorizadas para prestar servicios de pago en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, se acojan o no a las excepciones previstas en el artículo 26 de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007 sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE, así como los de terceros países, que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios de pago;
  • 10. «Usuario de servicios de pago»: una persona física o jurídica que haga uso de un servicio de pago, ya sea como ordenante, como beneficiario o ambos;
  • 11. «Consumidor»: una persona física que, en los contratos de servicios de pago que son objeto de la presente Ley, actúa con fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional;
  • 12. «Contrato marco»: un contrato de servicio de pago que rige la ejecución futura de operaciones de pago individuales y sucesivas, y que puede estipular la obligación de abrir una cuenta de pago y las correspondientes condiciones;
  • 13. «Servicio de envío de dinero»: un servicio de pago que permite bien recibir fondos de un ordenante sin que se cree ninguna cuenta de pago a nombre del ordenante o del beneficiario, con el único fin de transferir una cantidad equivalente a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario, o bien recibir fondos por cuenta del beneficiario y ponerlos a disposición de éste;
  • 14. «Cuenta de pago»: una cuenta a nombre de uno o varios usuarios de servicios de pago que sea utilizada para la ejecución de operaciones de pago;
  • 15. «Fondos»: billetes y monedas, dinero escritural y dinero electrónico con arreglo al artículo 1.2 del Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico;
  • 16. «Orden de pago»: toda instrucción cursada por un ordenante o beneficiario a su proveedor de servicios de pago por la que se solicite la ejecución de una operación de pago;
  • 17. «Fecha de valor»: momento utilizado por un proveedor de servicios de pago como referencia para el cálculo del interés sobre los fondos abonados o cargados a una cuenta de pago;
  • 18. «Tipo de cambio de referencia»: tipo de cambio empleado como base para calcular cualquier cambio de divisas, ya sea facilitado por el proveedor del servicio de pago o proceda de una fuente disponible públicamente;
  • 19. «Autenticación»: un procedimiento que permita al proveedor de servicios de pago comprobar la utilización de un instrumento de pago específico, incluyendo sus características de seguridad personalizadas;
  • 20. «Tipo de interés de referencia»: tipo de interés empleado como base para calcular cualquier interés que deba aplicarse y procedente de una fuente disponible públicamente que pueda ser verificada por las dos partes en un contrato de servicios de pago;
  • 21. «Identificador único»: una combinación de letras, números o signos especificados por el proveedor de servicios de pago al usuario de dichos servicios, que este último debe proporcionar a fin de identificar de forma inequívoca al otro usuario del servicio de pago, a su cuenta de pago en una operación de pago o a ambos;
  • 22. «Agente»: una persona física o jurídica que presta servicios de pago en nombre de un proveedor de servicios de pago;
  • 23. «Instrumento de pago»: cualquier mecanismo o mecanismos personalizados, o conjunto de procedimientos acordados por el proveedor de servicios de pago y el usuario del servicio de pago, utilizado por éste para iniciar una orden de pago;
  • 24. «Medio de comunicación a distancia»: cualquier medio que, sin la presencia física simultánea del proveedor y del usuario de servicios de pago, pueda emplearse para la celebración de un contrato de servicios de pago;
  • 25. «Soporte duradero»: cualquier instrumento que permita al usuario de servicios de pago almacenar la información que le ha sido transmitida personalmente, de manera fácilmente accesible para su futura consulta, durante un período de tiempo adecuado para los fines de dicha información, y que permita la reproducción sin cambios de la información almacenada;
  • 26. «Día hábil»: día de apertura comercial, a los efectos necesarios para la ejecución de una operación de pago, de los proveedores de servicios de pago del ordenante o del beneficiario que intervienen en la ejecución de la operación de pago. En el caso de cuentas de pago contratadas telemáticamente, se seguirá el calendario correspondiente a la plaza en la que esté ubicada la sede social del proveedor de servicios de pago con el que se hubieren contratado;
  • 27. «Adeudo domiciliado»: servicio de pago destinado a efectuar un cargo en la cuenta de pago del ordenante, en el que la operación de pago es iniciada por el beneficiario sobre la base del consentimiento dado por el ordenante al beneficiario, al proveedor de servicios de pago del beneficiario o al proveedor de servicios de pago del propio ordenante;
  • 28. «Sucursal»: un centro de actividad, distinto de la administración central, que constituye una parte de una entidad de pago, desprovisto de personalidad jurídica, y que efectúa directamente todas o algunas de las operaciones inherentes a la actividad de la entidad de pago; todos los centros de actividad establecidos en un mismo Estado miembro por una entidad de pago con la administración central en otro Estado miembro, se considerarán una única sucursal; y,
  • 29. «Grupo»: un grupo de empresas en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.

Artículo 3 Excepciones a la aplicación de la Ley

Esta Ley no se aplicará a las siguientes actividades:

  • a) las operaciones de pago efectuadas exclusivamente en efectivo y directamente del ordenante al beneficiario, sin intervención de ningún intermediario;
  • b) las operaciones de pago del ordenante al beneficiario a través de un agente comercial autorizado para negociar o concluir la compra o venta de bienes o servicios por cuenta del ordenante o del beneficiario;
  • c) el transporte físico, como actividad profesional, de billetes y monedas, incluidos la recogida, tratamiento y entrega;
  • d) las operaciones de pago consistentes en la recogida y entrega no profesionales de dinero en efectivo realizadas con motivo de actividades no lucrativas o benéficas;
  • e) los servicios en los que el beneficiario proporciona dinero en efectivo al ordenante como parte de una operación de pago, a instancia expresa del usuario del servicio de pago inmediatamente antes de la ejecución de una operación de pago, mediante pago destinado a la compra de bienes o servicios;
  • f) el negocio de cambio de billetes extranjeros, cuando los fondos no se mantengan en cuentas de pago;
  • g) las operaciones de pago realizadas por medio de cualquiera de los siguientes documentos extendidos por un proveedor de servicios de pago a fin de poner fondos a disposición del beneficiario:
    • 1.º Cheques en papel con arreglo al Convenio de Ginebra de 19 de marzo de 1931 que establece una Ley uniforme sobre cheques,
    • 2.º Cheques en papel similares a los contemplados en el letra i) y regulados por el Derecho de Estados miembros que no sean parte en el Convenio de Ginebra de 19 de marzo de 1931 que establece una Ley uniforme sobre cheques,
    • 3.º Efectos en papel con arreglo al Convenio de Ginebra de 7 de junio de 1930 que establece una Ley uniforme sobre letras de cambio y pagarés,
    • 4.º Efectos en papel similares a los que se refiere el inciso anterior y regulados por el Derecho de los Estados miembros que no sean partes en el Convenio de Ginebra de 7 de junio de 1930 que establece una Ley uniforme sobre letras de cambio y pagarés,
    • 5.º Vales en papel,
    • 6.º Cheques de viaje en papel, y,
    • 7.º Giros postales en papel, según la definición de la Unión Postal Universal;
  • h) las operaciones de pago realizadas por medio de un sistema de liquidación de pagos o valores o entre agentes de liquidación, entidades de contrapartida central, cámaras de compensación o bancos centrales y otros participantes en el sistema, y proveedores de servicios de pago, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5;
  • i) las operaciones de pago relacionadas con la gestión de carteras, con inclusión de dividendos, réditos u otras distribuciones, o con amortizaciones o ventas, realizadas por personas mencionadas en la letra h) del presente artículo o por empresas de servicios de inversión, entidades de crédito, instituciones de inversión colectiva y sus Gestoras, Planes y Fondos de Pensiones y sus Gestoras y cualquier otra entidad autorizada a custodiar instrumentos financieros;
  • j) los servicios prestados por proveedores de servicios técnicos como soporte a la prestación de servicios de pago, sin que dichos proveedores lleguen a estar en ningún momento en posesión de los fondos que deban transferirse, incluidos el tratamiento y almacenamiento de datos, servicios de confianza y de protección de la intimidad, autenticación de datos y entidades, la tecnología de la información y el suministro de redes de comunicación, suministro y mantenimiento de terminales y dispositivos empleados para los servicios de pago;
  • k) los servicios que se basen en instrumentos que puedan utilizarse para la adquisición de bienes o servicios únicamente en las instalaciones del emisor o, en virtud de un acuerdo comercial con el emisor, bien en una red limitada de proveedores de servicios o para un conjunto limitado de bienes o servicios, de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente;
  • l) las operaciones de pago ejecutadas por medio de dispositivos de telecomunicación, digitales o de tecnologías de la información, cuando los bienes o servicios adquiridos se entregan y utilizan mediante dispositivos de telecomunicación, digitales o de tecnologías de la información, siempre y cuando el operador de servicios de telecomunicación, digitales o de tecnologías de la información no actúe únicamente como intermediario entre el usuario del servicio de pago y el proveedor de los bienes y servicios;
  • m) las operaciones de pago efectuadas por cuenta propia entre proveedores de servicios de pago y sus agentes o sucursales;
  • n) las operaciones de pago entre las empresas de un mismo grupo, siempre que se realicen sin la intervención de intermediarios, a través de un proveedor de servicios de pago que no pertenezca al propio grupo; y,
  • ñ) los servicios de proveedores de retirada de dinero en cajeros automáticos que actúen en nombre de uno o varios expedidores de tarjetas, que no sean parte del contrato marco con el consumidor que retire dinero de una cuenta de pago, siempre y cuando dichos proveedores no realicen otros servicios de pago, contemplados en el artículo 1.2.

Artículo 4 Reserva de actividad

1. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas para la prestación de servicios transfronterizos en el artículo 11 de la presente Ley por otros proveedores de servicios de pago de la Unión Europea, podrán prestar, con carácter profesional, los servicios de pago relacionados en el artículo 1 de la misma las siguientes categorías de proveedores de servicios de pago:

2. A los efectos de esta Ley, también se considerarán proveedores de servicios de pago, cuando no actúen en su condición de autoridades públicas:

  • a) el Banco de España;
  • b) la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

3. Se prohíbe a toda persona física o jurídica que no sea proveedor de servicios de pago o que esté explícitamente excluido del ámbito de aplicación de la presente Ley, prestar, con carácter profesional, cualquiera de los servicios de pago enumerados en el artículo 1.

4. Las personas físicas o jurídicas que infrinjan lo dispuesto en este artículo, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito sin perjuicio de las demás responsabilidades que puedan resultar exigibles.

Artículo 5 Acceso a los sistemas de pago

1. Las normas de acceso de los proveedores de servicios de pago autorizados a los sistemas de pago serán objetivas, no discriminatorias y proporcionadas y no dificultarán el acceso más de lo que sea necesario para prevenir riesgos específicos, tales como riesgos de liquidación, riesgos operativos y riesgos de explotación, y garantizar la estabilidad operativa y financiera del sistema de pago.

En particular, los sistemas de pago no podrán imponer a los proveedores de servicios de pago, usuarios de servicios de pago u otros sistemas de pago, ninguno de los requisitos siguientes:

  • a) normas que restrinjan la participación efectiva en otros sistemas de pago;
  • b) normas que discriminen entre los proveedores de servicios de pago autorizados en relación con los derechos, obligaciones y facultades de los participantes; o,
  • c) cualquier restricción basada en el estatuto institucional.

2. El apartado 1 no será aplicable a:

  • a) los sistemas de pago reconocidos con arreglo a lo dispuesto en la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores;
  • b) los sistemas de pago compuestos exclusivamente de proveedores de servicios de pago que pertenezcan a un grupo compuesto de entidades vinculadas por su capital, cuando una de ellas posea un control efectivo sobre las demás.

3. Las letras b) y c) del apartado 1, no serán aplicables a los sistemas de pago en que un único proveedor de servicios de pago, ya sea como entidad única o como grupo, se encuentre en las siguientes circunstancias:

  • a) actúe o pueda actuar como proveedor del servicio de pago del ordenante y del beneficiario y sea responsable exclusivo de la gestión del sistema, y,
  • b) autorice a otros proveedores de servicios de pago a participar en el sistema y estos últimos no estén habilitados para negociar las comisiones entre ellos mismos en relación con el sistema de pago, aunque puedan establecer su propia tarifa en relación con el ordenante y el beneficiario.

4. Los sistemas de pago a los que sea de aplicación el apartado 1 del presente artículo, que tengan su administración central en España o que estén gestionados por una sociedad o entidad española, estarán obligados a comunicar al Banco de España sus normas de acceso.

El Banco de España hará públicos los sistemas de pago que le hayan comunicado aquellas normas.

5. El Banco de España, en ejercicio de sus funciones de vigilancia del funcionamiento de los sistemas de pago se encargará de supervisar el cumplimiento de lo establecido en este artículo, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 16 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del Banco de España.

TÍTULO II

Régimen jurídico de las entidades de pago

Artículo 6 Definición, autorización y registro

1. Tendrán la consideración de entidades de pago aquellas personas jurídicas, distintas de las contempladas en el artículo 4.1.a) y b), a las cuales se haya otorgado autorización para prestar y ejecutar los servicios de pago relacionados en el artículo 1.2. La autorización podrá contemplar todos o alguno de los servicios de pago citados.

La denominación «entidad de pago», así como su abreviatura «EP», quedará reservada a estas entidades, las cuales podrán incluirlas en su denominación social, en la forma en que reglamentariamente se determine.

Las entidades de pago no podrán llevar a cabo la captación de depósitos u otros fondos reembolsables del público en la forma prevista en el artículo 28.2.b) de la Ley 26/1988, ni emitir dinero electrónico. Los fondos recibidos por dichas entidades de los usuarios de servicios de pago para la prestación de servicios de pago no constituirán depósitos u otros fondos reembolsables.

2. Corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia, autorizar la creación de las entidades de pago, así como el establecimiento en España de sucursales de dichas entidades no autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los tres meses siguientes a su recepción o al momento en que se complete la documentación exigible. La solicitud de autorización se entenderá desestimada por silencio administrativo si transcurrido ese plazo máximo no se hubiera notificado resolución expresa. La denegación de la autorización deberá motivarse.

3. La autorización para la creación de una entidad de pago se denegará:

  • a) Cuando ésta carezca de una buena organización administrativa y contable o de procedimientos de control interno adecuados, que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad.A estos efectos, las entidades de pago dispondrán, en condiciones proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, de una estructura organizativa adecuada, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, así como de procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos a los que estén o puedan estar expuestos, junto con mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables sólidos.
  • b) Si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad, no se considera adecuada la idoneidad de los accionistas que vayan a tener una participación significativa. Entre otros factores, la idoneidad se apreciará en función de:
    • 1.º La honorabilidad comercial y profesional de los accionistas. Esta honorabilidad se presumirá cuando los accionistas sean Administraciones públicas;
    • 2.º Los medios patrimoniales con que cuentan dichos accionistas para atender los compromisos asumidos;
    • 3.º La falta de transparencia en la estructura del grupo al que eventualmente pueda pertenecer la entidad, o la existencia de graves dificultades para inspeccionar u obtener la información necesaria sobre el desarrollo de sus actividades.
  • c) Cuando sus administradores y directivos no tengan la honorabilidad comercial y profesional requerida,
  • d) Cuando incumpla los requisitos de capital mínimo o los demás que reglamentariamente se establezcan para la autorización de las entidades de pago.

A los efectos de esta Ley se entenderá por participación significativa en una entidad de pago española aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto de la entidad, y aquéllas que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la entidad. Se podrá determinar reglamentariamente, habida cuenta de las características de los distintos tipos de entidades de pagos, cuándo se deberá presumir que una persona física o jurídica puede ejercer una influencia notable.

4. Los requisitos exigibles para la autorización lo serán también, en los términos que se indiquen reglamentariamente, para conservarla. En particular, y a tales efectos, las personas físicas y jurídicas que adquieran, directa o indirectamente, una participación significativa en una entidad de pago deberán informar al Banco de España indicando la cuantía de la participación alcanzada.

5. Una vez obtenida la autorización y tras su constitución e inscripción en el Registro Mercantil, las entidades de pago deberán, antes de iniciar sus actividades, quedar inscritas en el Registro Especial de Entidades de Pago que se creará en el Banco de España. En ese Registro figurarán además de las entidades de pago autorizadas, sus agentes y sucursales. En dicho Registro se harán constar los servicios de pago para los que se haya habilitado a cada entidad de pago. El Registro estará a disposición pública para su consulta, será accesible a través de internet y se actualizará periódicamente.

6. Se faculta al Gobierno para desarrollar el régimen jurídico aplicable a la creación y condiciones de ejercicio de la actividad de las entidades de pago, y, en particular, para el establecimiento de su capital inicial mínimo y las exigencias de recursos propios y garantías, de acuerdo con las previsiones contenidas en esta Ley.

7. A las entidades de pago, les será de aplicación, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen, la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 7 Revocación

1. La autorización concedida a una entidad de pago sólo podrá ser revocada en los siguientes supuestos:

  • a) Si no hace uso de la autorización en un plazo de doce meses.
  • b) Si interrumpe de hecho las actividades específicas de su objeto social durante un período superior a seis meses.
  • c) Si se acredita que obtuvo la autorización por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular.
  • d) Si incumple las condiciones que motivaron la autorización.
  • e) Por renuncia expresa a la autorización.
  • f) Cuando pueda constituir una amenaza para la estabilidad del sistema de pagos en caso de seguir prestando servicios de pago.
  • g) Como sanción.

La autorización de una sucursal de una entidad de pago de países terceros será revocada, en cualquier caso, cuando sea revocada la autorización de la entidad de pago que ha creado la sucursal.

2. El Ministro de Economía y Hacienda será competente para acordar la revocación.

3. Cuando el Banco de España tenga conocimiento de que a una entidad de pago de otro Estado miembro de la Comunidad Europea que opera en España le ha sido revocada su autorización, acordará de inmediato las medidas pertinentes para que la entidad no inicie nuevas actividades de pago, así como para salvaguardar los intereses de los usuarios de pago.

4. La revocación de la autorización se hará constar en todos los Registros públicos correspondientes y, tan pronto como sea notificada al establecimiento, conllevará el cese del mismo, en cuantas operaciones vinieran amparadas por la concesión de la autorización revocada.

5. Cuando se hubiese acordado la revocación de la autorización de una entidad de pago, el Banco de España informará de ello a las autoridades supervisoras competentes de los Estados miembros donde aquella tenga una sucursal o actúe en régimen de libre prestación de servicios, en los términos legalmente previstos.

Artículo 8 Capital y recursos propios

1. Las entidades de pago deberán mantener en todo momento, además del capital mínimo exigible reglamentariamente, un volumen suficiente de recursos propios en relación con los indicadores de negocio, en los términos que reglamentariamente se establezcan. A estos efectos, los recursos propios computables se definirán de acuerdo con lo dispuesto, a los mismos efectos, para las entidades de crédito.

2. En relación con las obligaciones mencionadas en el apartado anterior, el Banco de España:

  • a) Podrá exceptuar a las entidades de pago integradas en un grupo consolidable de entidades de crédito tal y como se definen éstos en las letras a) y b) del artículo 8.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros del cumplimiento individual íntegro de las exigencias de recursos propios.
  • b) Podrá exigir, sobre la base de la evaluación de los procesos de gestión de riesgos y de los mecanismos de control interno de la entidad de pago, que la entidad de pago posea una cifra de fondos propios hasta un 20 por ciento superior, o permitir que la entidad de pago posea una cifra de recursos propios hasta un 20 por ciento inferior a la que resulte de las exigencias mínimas de capital requeridas a la entidad conforme a las normas del apartado 1 de este precepto.
  • c) Adoptará las medidas necesarias para impedir el uso múltiple de los elementos de recursos propios cuando la entidad de pago pertenezca al mismo grupo de otra entidad de pago o entidad financiera, así como para asegurar una distribución adecuada de los recursos propios entre las entidades que compongan el grupo.
  • d) Podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar la existencia de capital suficiente para los servicios de pago, en particular, cuando las actividades de la entidad de pago en relación con servicios distintos de los pagos perjudiquen o puedan perjudicar la solidez financiera de la misma.

3. Cuando una entidad de pago no alcance los niveles mínimos de recursos propios establecidos de conformidad con el presente artículo, la entidad deberá destinar a la formación de reservas los porcentajes de sus beneficios o excedentes líquidos que reglamentariamente se determinen, sometiendo a tal efecto su distribución a la previa autorización del Banco de España.

Artículo 9 Actividades

1. Además de la prestación de los servicios de pago que se contemplan en el artículo 1.2 de esta Ley, las entidades de pago estarán habilitadas para llevar a cabo las siguientes actividades:

  • a) la prestación de servicios operativos o servicios auxiliares estrechamente relacionados, tales como la garantía de la ejecución de operaciones de pago, servicios de cambio de divisas, actividades de custodia y almacenamiento y tratamiento de datos;
  • b) la gestión de sistemas de pago, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5;
  • c) las actividades económicas distintas de la prestación de servicios de pago, con arreglo a la legislación comunitaria y nacional aplicables.

No obstante, cuando una entidad de pago realice simultáneamente otras actividades económicas distintas de los servicios de pago, y dichas actividades perjudiquen o puedan perjudicar la solidez financiera de la entidad de pago o puedan crear graves dificultades para el ejercicio de su supervisión el Banco de España podrá exigirle que constituya una entidad separada para la prestación de los servicios de pago.

2. Las entidades de pago únicamente podrán mantener cuentas de pago cuyo uso exclusivo se limite a operaciones de pago. Dichas cuentas no podrán devengar intereses, y quedarán sujetas a las restantes limitaciones operativas que reglamentariamente se determinen para asegurar su finalidad.

3. Las entidades de pago podrán conceder créditos en relación con los servicios de pago contemplados en las letras d), e) y g) del artículo 1.2 de esta Ley únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:

  • a) Que se trate de un crédito concedido exclusivamente en relación con la ejecución de una operación de pago;
  • b) Que el crédito concedido en relación con el pago, ejecutado con arreglo al artículo 11 de la presente Ley, sea reembolsado dentro de un plazo corto que, en ningún caso, supere los doce meses;
  • c) Que dicho crédito no se conceda con cargo a los fondos recibidos o en posesión a efectos de la ejecución de una operación de pago; y,
  • d) Que los fondos propios de la entidad de pago sean en todo momento adecuados, conforme a los criterios que a tal efecto establezca el Banco de España teniendo en cuenta la cuantía total de los créditos concedidos.

Artículo 10 Requisitos de garantía

1. Las entidades de pago salvaguardarán los fondos recibidos de los usuarios de servicios de pago o recibidos a través de otro proveedor de servicios de pago para la ejecución de las operaciones de pago, sujetándose a uno de los dos procedimientos siguientes:

  • a) No se mezclarán en ningún momento con los fondos de ninguna persona física o jurídica que no sean usuarios de servicios de pago en cuyo nombre se dispone de los fondos y, en caso de que todavía estén en posesión de la entidad de pago y aún no se hayan entregado al beneficiario o transferido a otro proveedor de servicios de pago al final del día hábil siguiente al día en que se recibieron los fondos, se depositarán en una cuenta separada en una entidad de crédito o se invertirán en activos seguros, líquidos y de bajo riesgo en los términos que se establezcan reglamentariamente.En este caso, los titulares de los fondos gozarán de derecho de separación sobre las cuentas y activos mencionados en el párrafo precedente, de conformidad con la normativa concursal, en beneficio de los usuarios de servicios de pago, con respecto a posibles reclamaciones de otros acreedores de la entidad de pago, en particular en caso de insolvencia.
  • b) O bien, estarán cubiertos por una póliza de seguro u otra garantía comparable de una compañía de seguros o de una entidad de crédito que disponga de la calidad crediticia mínima que se determine reglamentariamente, que no pertenezcan al mismo grupo que la propia entidad de pago, por una cantidad equivalente a la que habría sido separada en caso de no existir la póliza de seguro u otra garantía comparable, que se hará efectiva en caso de que haya sido dictado auto de declaración de concurso de la entidad.

El procedimiento adoptado por la entidad se hará público en la forma que se determine reglamentariamente y figurará en el Registro Especial a que se refiere el artículo 6.5 de la presente Ley.

2. En caso de que una entidad destine una fracción de los fondos a los que se refiere el apartado anterior a operaciones de pago futuras, y el resto se utilice para servicios distintos de los servicios de pago, esa fracción de los fondos destinados a operaciones de pago futuras también estará sujeta a los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo. En caso de que dicha fracción sea variable o no se conozca con antelación, se aplicará el presente apartado sobre la base de una hipótesis acerca de la fracción representativa que se destinará a servicios de pago, siempre que esa fracción representativa pueda ser objeto, a satisfacción del Banco de España, de una estimación razonable a partir de datos históricos.

Artículo 11 Ejercicio del derecho de establecimiento y libre prestación de servicios

1. Cuando una entidad de pago española pretenda prestar servicios de pago por primera vez en otro Estado miembro de la Unión Europea, bien mediante el establecimiento de una sucursal o en régimen de libre prestación de servicios, deberá comunicarlo previamente al Banco de España.

A la comunicación acompañará, al menos, la siguiente información:

  • a) Un programa de actividades en el que se indiquen, en particular, las operaciones del artículo 1.2 que pretenda realizar y, en su caso, la estructura de la organización de la sucursal y su domicilio previsible; y,
  • b) El nombre y la trayectoria profesional de los directivos responsables de la sucursal.

En el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de dicha comunicación, el Banco de España deberá comunicar a las autoridades competentes del Estado de acogida:

  • a) El nombre y la dirección de la entidad de pago;
  • b) Los nombres de las personas responsables de la gestión de la sucursal, así como su estructura organizativa y su dirección previsible; y,
  • c) El tipo de servicios de pago que se pretenden prestar.

2. Las entidades de pago autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, que no se hayan acogido, total o parcialmente, a las excepciones permitidas por el artículo 26 de la Directiva 2007/64, podrán prestar en España, bien mediante la apertura de una sucursal, bien en régimen de libre prestación de servicios, los servicios de pago contemplados en el artículo 1.2.

La apertura en España de sucursales de entidades de pago autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea no requerirá autorización previa, ni dotación específica de recursos.

Recibida por el Banco de España una comunicación de la autoridad supervisora de la entidad de pago, que contenga, al menos, la información prevista en el apartado 1 anterior, y cumplidos los demás requisitos que reglamentariamente se determinen, se procederá a inscribir la sucursal en el correspondiente Registro Especial de Entidades de Pago, momento a partir del cual podrá la sucursal iniciar sus actividades en España.

Las entidades de pago autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea podrán iniciar en España su actividad en régimen de libre prestación de servicios tan pronto como el Banco de España reciba una comunicación de su autoridad supervisora indicando qué actividades pretenden realizar en España. Ese régimen será también de aplicación cuando la entidad de pago pretenda iniciar por primera vez en España alguna otra actividad de las señaladas en el artículo 1.2.

3. Reglamentariamente se determinará la forma de proceder en el caso de que la entidad de pago pretenda efectuar cambios que entrañen modificación de las informaciones comunicadas al Banco de España.

4. Las entidades a las que se refiere el apartado dos deberán respetar en el ejercicio de su actividad en España las disposiciones dictadas por razones de interés general, ya sean éstas de ámbito estatal, autonómico o local.

5. Respecto a la prestación de servicios de pago transfronterizos por las entidades de crédito se estará a lo dispuesto en el Título V de la Ley 26/1988.

6. La prestación de servicios de pago en terceros países, incluso mediante la creación o adquisición de filiales, quedará sujeta, en los términos que reglamentariamente se determinen, a la previa autorización del Banco de España.

7. Los apartados anteriores se entenderán sin perjuicio de las competencias atribuidas a las autoridades supervisoras por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales y sus disposiciones de desarrollo y sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1781/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondo.

Artículo 12 Utilización de agentes y delegación de la prestación de funciones de las entidades de pago

1. Reglamentariamente se fijarán los requisitos que deban reunir quienes actúen con carácter habitual como agentes de las entidades de pago y las condiciones a que estarán sometidos en el ejercicio de su actividad.

2. Del mismo modo se establecerán las condiciones en las que las entidades de pago podrán delegar la prestación de funciones operativas relacionadas con los servicios de pago.

Artículo 13 Mantenimiento de registros

Las entidades de pago conservarán todos los documentos necesarios a efectos del presente Título durante, al menos, cinco años, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y sus disposiciones de desarrollo, así como en otras disposiciones comunitarias o nacionales aplicables.

Artículo 14 Contabilidad y auditoría

1. Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para establecer y modificar las normas de contabilidad y los modelos a que deberán sujetarse las cuentas anuales de las entidades de pago, disponiendo la frecuencia y el detalle con que los correspondientes datos deberán ser suministrados a las autoridades administrativas encargadas de su control y hacerse públicos con carácter general por las propias entidades de pago. En el ejercicio de esta facultad, para el cual podrá habilitarse al Banco de España, no existirán más restricciones que la exigencia de que los criterios de publicidad sean homogéneos para todas las entidades de pago.

2. Las entidades de pago deberán someter sus cuentas anuales a la auditoría de cuentas prevista en el artículo 1.2 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, de conformidad con lo previsto en su Disposición Adicional primera.

3. Será de aplicación a los auditores de las entidades de pago lo dispuesto en la Disposición Final primera de la Ley 19/1988. La obligación de informar que allí se establece se entenderá referida al Banco de España.

4. Las entidades de pago que lleven a cabo otras actividades económicas distintas de la prestación de servicios de pago deberán informar separadamente en la memoria de las cuentas anuales de los activos, pasivos, ingresos y gastos de la actividad relativa a los servicios de pago y actividades auxiliares o vinculadas a ellos, y la relativa a las restantes actividades no relacionadas con ellos.

Artículo 15 Supervisión

1. Corresponderá al Banco de España el control e inspección de las entidades de pago cuando lleven a cabo la prestación de servicios de pago y su inscripción en el Registro que se creará al efecto. El citado control e inspección se realizará en el marco de lo establecido por el artículo 43.bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen. Esta competencia se extenderá a cualquier oficina, centro o agente dentro o fuera del territorio español y, en la medida en que el cumplimiento de las funciones encomendadas al Banco de España lo exija, a las sociedades que se integren en el grupo de la afectada.

A estos efectos, el Banco de España podrá recabar de las entidades y personas sujetas a su supervisión cuanta información sea necesaria para comprobar el cumplimiento de la normativa de ordenación y disciplina a que aquellas estén sujetas. Con el fin de que el Banco de España pueda obtener dicha información, o confirmar su veracidad, las entidades y personas mencionadas quedan obligadas a poner a disposición del Banco cuantos libros, registros y documentos considere precisos, incluidos los programas informáticos, ficheros y bases de datos, sea cual sea su soporte, físico o virtual.

También podrá emitir recomendaciones o guías de acuerdo con lo previsto en el artículo 10bis.1.d) de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.

2. El Banco de España deberá informar a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida siempre que desee efectuar inspecciones in situ en el territorio de este último.

El Banco de España podrá encomendar a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la realización de inspecciones in situ en la entidad de que se trate.

3. El Banco de España podrá, en el ejercicio de sus propias competencias de control, en particular en lo que se refiere al adecuado funcionamiento del sistema de pagos, inspeccionar las sucursales de entidades de pago autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, podrá asumir la realización de las inspecciones que en relación con esas sucursales le hayan sido encomendadas por las autoridades supervisoras del Estado miembro donde la entidad haya sido autorizada.

Todo lo anterior se entiende con independencia de las competencias del propio Banco de España o de otras autoridades españolas responsables de que la actividad de la sucursal se realice de conformidad con las normas de interés general aplicables.

4. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, el Banco de España podrá recabar de las sucursales de las entidades de pago comunitarias la misma información que exija a las entidades españolas.

5. La supervisión del Banco de España podrá alcanzar igualmente a las personas españolas que controlen entidades de pago de otros Estados miembros de la Unión Europea, dentro del marco de la colaboración con las autoridades responsables de la supervisión de dichas entidades.

6. Las resoluciones que dicte el Banco de España en el ejercicio de las funciones a que se refieren los apartados anteriores serán susceptibles de recurso ante el Ministro de Economía y Hacienda.

7. Las medidas de intervención y de sustitución previstas en el Título III y el artículo 62 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, podrán aplicarse a las entidades de pago.

Artículo 16 Información y secreto profesional

1. En el ejercicio de sus funciones de supervisión e inspección de las entidades de pago, el Banco de España colaborará con las autoridades que tengan encomendadas funciones semejantes en otros Estados y podrá comunicar informaciones relativas a la dirección, gestión y propiedad de estas entidades, así como las que puedan facilitar el control de solvencia de las mismas y su supervisión o sirva para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares; igualmente, podrá suscribir, a tal efecto, acuerdos de colaboración.

En el caso de que las autoridades competentes no pertenezcan a otro Estado miembro de la Unión Europea, el suministro de estas informaciones exigirá que exista reciprocidad y que las autoridades competentes se hallen sujetas al deber de secreto profesional en condiciones que, como mínimo, sean equiparables a las establecidas por las leyes españolas.

En el caso de que las autoridades competentes pertenezcan a otro Estado miembro de la Unión Europea, el Banco de España facilitará a las interesadas, por propia iniciativa, cualquier información que sea esencial para el ejercicio de sus tareas de supervisión, y, cuando se le solicite, toda información pertinente a iguales fines.

2. Será asimismo de aplicación, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen, lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de Entidades de Crédito al de las Comunidades Europeas, tanto a los efectos previstos en el apartado anterior como a los restantes contemplados en el propio artículo.

3. Adicionalmente, el Banco de España podrá intercambiar información que sea relevante para el ejercicio de sus respectivas competencias con:

  • a) El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, en su calidad de autoridades monetarias y de supervisión, y, en su caso, con otras autoridades públicas responsables de la vigilancia de los sistemas de pago y liquidación;
  • b) otras autoridades pertinentes designadas en virtud de la presente Ley, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y sus disposiciones de desarrollo y de otras disposiciones de Derecho comunitario aplicables a los proveedores de servicios de pago.

La SEPA ha de significar, cuando esté concluida, previsiblemente en 2010, que los servicios de pago, contemplados en la Directiva, se presten en la Unión Europea como en un territorio sin fronteras y donde las posibles diferencias de costes no tengan otra causa que la eficiencia de los prestadores de los servicios.

II

Los objetivos específicos de la Directiva y, por consiguiente, de la presente Ley son los que se exponen seguidamente.

En primer lugar, se persigue estimular la competencia entre los mercados nacionales y asegurar igualdad de oportunidades para competir. En esta línea, se permite la creación de nuevas entidades de pago que, sin perjuicio de que cumplan importantes exigencias y garantías para su funcionamiento, puedan representar una ampliación de los proveedores de servicios de pago.

En segundo lugar, se pretende aumentar la transparencia en el mercado, tanto para los prestadores de los servicios como de los usuarios. Para conseguir este objetivo es preciso establecer normas comunes, como mejor sistema para ofrecer seguridad jurídica, tanto en el ámbito nacional como en el transfronterizo, toda vez que son uniformes las condiciones y los requisitos de información aplicables a los servicios de pago.

En tercer lugar, se establece un sistema común de derechos y obligaciones para proveedores y para usuarios en relación con la prestación y utilización de los servicios de pago. Sin tal ordenación, sería imposible la integración del mercado único de pagos.

Todo ello contribuirá a una mayor eficiencia, un nivel más elevado de automatización y un procedimiento común sujeto a legislación comunitaria.

III

La presente Ley, siguiendo el mismo esquema que la Directiva, se estructura en cinco Títulos.

El Título I contiene las disposiciones generales que regulan los aspectos principales del texto legal. Se delimita el ámbito de aplicación por lo que concierne a los servicios de pago que se enumeran de una manera exhaustiva y en cuanto al territorio en el que se prestan, que es el territorio español, cualquiera que sea el origen o el destino final de las operaciones. Por tanto, se establece un sólo sistema para los proveedores que estén sujetos a la Ley española, sin restringir las operaciones a las que tuvieran lugar únicamente en territorio de la Unión Europea.

Es de destacar que la Ley establece la reserva de actividad para prestar los servicios de pago en favor de los proveedores que también de modo exhaustivo se enumeran como posibles prestadores. Se trata de las entidades de crédito y de las nuevas entidades de pago, cuyo régimen jurídico se establece en el Título II. Es muy importante señalar que esas nuevas entidades de pago quedan sometidas a una regulación similar a la bancaria y bajo la supervisión del Banco de España. También se establece lo que las distingue sustancialmente de las entidades de crédito, que es la prohibición de captar depósitos de clientes.

Se espera que las nuevas entidades de pago ayuden a aumentar la competencia entre los proveedores de servicios, con la previsible reducción de su coste.

En el Título III se establece, con carácter general para todos los servicios de pago, el sistema de transparencia en cuanto a las condiciones y los requisitos de información aplicables a dichos servicios. Ello se hace con un criterio flexible, con mayores o menores exigencias según las características del usuario, protegiendo con mayor rigor a los consumidores ordinarios, pero dando siempre un margen notable a la libertad contractual. En todo caso, el proveedor del servicio deberá facilitar al usuario toda la información y condiciones relativas a la prestación que ambos concierten.

En el Título IV se establecen los derechos y las obligaciones de los proveedores y de los usuarios en relación con servicios de pago. Al igual que en el Título anterior, se permiten distintos niveles de exigencia, siempre previendo que la mayor protección se ofrezca al consumidor ordinario.

En cuanto al pago de los servicios, se introduce como regla general que el ordenante y el beneficiario de la operación han de asumir cada uno el coste que le corresponda. Ello no impedirá que organismos públicos, como la Seguridad Social, puedan establecer convenios con las entidades financieras para que dichas entidades no cobren gasto alguno en determinadas operaciones de pago.

En general, todo el sistema se fundamenta en el equilibrio contractual entre proveedor y usuario, pero estableciendo en cuestiones principales el criterio de que se trata de un estatuto legal irrenunciable, como sucede en cuanto a las consecuencias jurídicas de actuaciones no justificadas o defectuosas.

Merece destacarse la regulación plenamente armonizada que se introduce sobre la fecha de valor de los abonos y adeudos en la cuenta del cliente derivados de las operaciones de pago, con arreglo al criterio de eficiencia y rapidez.

En una materia tan compleja, la presente Ley lleva a cabo la incorporación al Ordenamiento jurídico español de aquellas disposiciones de la Directiva 2007/64/CE sobre servicios de pago en el mercado interior que requieren rango legal. En una fase posterior, la transposición de la misma deberá completarse con el oportuno desarrollo reglamentario, de conformidad con los elementos determinantes que la Ley establece, que han de observarse al redactar las normas reglamentarias.

Finalmente, conviene destacar que con las normas transitorias se pretende facilitar la aplicación de la nueva Ley, agilizando trámites, con la reducción de gastos que ello conlleva.

TÍTULO III

Transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, resolución y modificación del contrato marco

Artículo 17 Ámbito de aplicación

1. El presente Título se aplicará a las operaciones de pago singulares, a los contratos marco y a las operaciones de pago afectadas por dichos contratos.

2. Cuando el usuario del servicio de pago no sea un consumidor, las partes en las operaciones y contratos mencionados en el apartado anterior podrán acordar que no se aplique, en todo o en parte, este Título y sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 18 Transparencia de las condiciones y los requisitos de información aplicables a los servicios de pago

El proveedor de servicios de pago facilitará al usuario de servicios de pago, de un modo fácilmente accesible para él, toda la información y condiciones relativas a la prestación de los servicios de pago que en desarrollo de esta Ley se fijen. El Ministro de Economía y Hacienda determinará los requisitos de información y demás condiciones aplicables a las operaciones de pago único y a las operaciones de pago reguladas por un contrato marco, así como las excepciones al régimen general de información para los instrumentos de pago de escasa cuantía.

Artículo 19 Gastos de información

1. El proveedor de servicios de pago no podrá cobrar al usuario del servicio de pago por el suministro de información indicada en el presente Título y sus disposiciones de desarrollo.

2. El proveedor y el usuario de servicios de pago podrán acordar que se cobren gastos por la comunicación de información adicional o más frecuente, o por la transmisión de ésta por medios de comunicación distintos de los especificados en el contrato marco, siempre y cuando la información se facilite a petición del usuario del servicio de pago.

3. Cuando el proveedor de servicios de pago pueda cobrar los gastos en concepto de información con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, esos gastos serán adecuados y acordes con los costes efectivamente soportados por el proveedor de servicios de pago.

Artículo 20 Carga de la prueba sobre los requisitos de información

La carga de la prueba del cumplimiento de los requisitos en materia de información establecidos en el presente Título y sus disposiciones de desarrollo recaerá sobre el proveedor de servicios de pago.

Artículo 21 Resolución del contrato marco

1. El usuario del servicio de pago podrá resolver el contrato marco en cualquier momento a menos que las partes hayan convenido en un preaviso. El plazo de preaviso no podrá exceder de un mes.

2. La resolución de un contrato marco que se haya celebrado por un período indefinido o superior a 12 meses será gratuita para el usuario de servicios de pago si se efectúa una vez transcurridos los 12 meses. En todos los demás casos, los gastos derivados de la resolución serán apropiados y estarán en consonancia con los costes.

3. De acordarse así en el contrato marco, el proveedor de servicios de pago podrá resolver un contrato marco celebrado por un período indefinido si avisa con una antelación mínima de dos meses.

4. De los gastos que se cobren periódicamente por los servicios de pago, el usuario de servicios de pago solo abonará la parte proporcional adeudada hasta la resolución del contrato. Cuando dichas comisiones se hayan pagado por anticipado, se reembolsarán de manera proporcional.

5. Las disposiciones del presente artículo se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil sobre los derechos de las partes a solicitar la declaración de nulidad del contrato marco.

Artículo 22 Modificación de las condiciones del contrato marco

1. El proveedor de servicios de pago deberá proponer cualquier modificación de las condiciones contractuales y de la información y las condiciones a las que se refiere el artículo 18 de manera individualizada y en papel u otro soporte duradero, en la forma que se determine por el Ministro de Economía y Hacienda, y con una antelación no inferior a dos meses respecto de la fecha en que entre en vigor la modificación propuesta.

No obstante, se podrán aplicar de manera inmediata todas aquellas modificaciones que, inequívocamente, resulten más favorables para los usuarios de servicios de pago.

Todas las modificaciones propuestas deberán destacarse con claridad. Cuando se haya convenido así, el proveedor de servicios de pago informará al usuario de servicios de pago de que cabe considerar que ha aceptado la modificación de las condiciones de que se trate en caso de no comunicar al proveedor de servicios de pago su no aceptación con anterioridad a la fecha propuesta de entrada en vigor. En tal caso, el proveedor de servicios de pago especificará que el usuario de servicios de pago tendrá el derecho a resolver el contrato marco de forma inmediata y sin coste alguno antes de la fecha propuesta para la aplicación de las modificaciones.

2. Las modificaciones de los tipos de interés o de cambio podrán aplicarse de inmediato y sin previo aviso, siempre que así se haya acordado en el contrato marco y que las variaciones se basen en los tipos de interés o de cambio de referencia acordados. El usuario de servicios de pago será informado de toda modificación del tipo de interés lo antes posible, a menos que las partes hayan acordado una frecuencia específica o un procedimiento de comunicación o puesta a disposición de la información. No obstante, los cambios en los tipos de interés o de cambio que sean más favorables para los usuarios de servicios de pago podrán aplicarse sin previo aviso.

3. Las modificaciones de los tipos de interés o de cambio utilizados en las operaciones de pago se aplicarán y calcularán de una forma neutra y que no resulte discriminatoria con respecto a los usuarios de servicios de pago.

Los jueces denuncian en un informe los abusos del sistema legal de desahucios

Un informe, elaborado por 7 magistrados a solicitud del CGPJ, critica la “mala praxis” bancaria, la venta “torticera” de productos financieros y proponen transferir a los hipotecados las ayudas a la banca

 Artículo publicado en El País.

Autores: /

Madrid. 24-Octubre-2012

 

Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en España, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe será estudiado hoy por el órgano rector de los jueces.

Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Esta es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, señalan en el estudio al que ha tenido acceso EL PAÍS. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.

El informe elaborado por los jueces, habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y propone toda una batería de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento. “El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado”, dice textualmente el informe, “pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.

El informe, que forma parte del estudio Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles, ha sido dirigido por Manuel Almenar, vocal del CGPJ, y elaborado durante ocho meses junto a seis magistrados de distintos puntos de España. Propone una transformación de fondo en el marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias.

El análisis arranca preguntándose cómo y por qué se ha llegado al drama que atraviesan esas 350.000 familias. Y la respuesta apunta en una dirección: la banca. Los bancos, su “ligereza y mala praxis” son, en opinión de la comisión, los causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario “sin valorar las posibilidades reales del deudor” y de la “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos… (participaciones preferentes)”.

Los autores destacan que en los últimos cuatro años las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado y que en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año pasado, alcanzando la cifra de 350.000. Y lo analizan así: “No se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos préstamos que concertaron en época de bonanza económica (por tanto no con fines especulativos o por pura pretensión suntuaria), simplemente para adquirir una vivienda digna que tras el estallido de la crisis no pueden pagar”.

Para la comisión de jueces la banca siempre ha jugado con una “importante ventaja” sobre el deudor. Así, destacan que goza de un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909, que les permite cobrar sus deudas de forma rápida, “un proceso extremadamente agresivo frente al deudor que dota a la escritura del préstamo hipotecario de mayor eficacia incluso que una sentencia ya que las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecución de una sentencia”. Los magistrados citan un informe del Defensor del Pueblo titulado Crisis económica y deudores hipotecarios; actuaciones y propuestas, en el que se incide en este aspecto

El escenario que describen concluye en una situación perversa ya que, finalizada la ejecución, y tras la subasta, los inmuebles se adjudican al banco, “generalmente por un precio inferior al del mercado”, y pasan a engrosar sus activos inmobiliarios “quedando muchas veces desocupados durante años ante la ausencia de potenciales adquirientes dado que en un círculo vicioso la crisis económica ha reducido al mínimo la demanda”.

¿Cómo solucionar estas situaciones de injusticia? ¿Qué medidas se pueden adoptar? El informe propone abrir el debate para evitar “la desgraciada situación en la que se encuentran miles de familias en este país como consecuencia de la crisis económica, con riesgo de pérdida de su vivienda, frecuentemente, el bien mayor del que disponen”. Situaciones excepcionales, como la que vive la economía española, requieren de “soluciones excepcionales”, señala el estudio.

Como primera medida, propone la determinación del concepto de “deudor hipotecario de buena fe”, lo que permitirá que los cambios normativos afecten a gente que realmente los necesita, personas que están punto de perder su vivienda habitual o el local de su negocio.

Otorgar al juez la posibilidad de que conceda moratorias en el pago de cuotas es una de las 18 medidas que desgrana el informe: desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad podrían ser motivos para que el juez estuviera facultado para conceder un aplazamiento del pago.

Pero el estudio va aún más lejos y propone que la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo de cancelar el crédito, se convierta en una “regulación imperativa en determinadas circunstancias”.

El análisis elaborado por los siete magistrados comisionados critica el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. De hecho, propone extender el radio de acción de las medidas de protección, que hasta ahora solo se concedían en casos muy excepcionales, para que puedan acceder a ellas muchos otros deudores en apuros. Bajo el nuevo marco normativo, el juez podría establecer periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y también quitas de la deuda.

Otras medidas que suponen una transformación de fondo son las encaminadas a impedir que los bancos se puedan adjudicar las viviendas de los desahuciados a precio de saldo. El informe dice: “La ley hoy permite a las entidades bancarias adjudicarse bienes por valor notoriamente inferior al real, cuando debería realizarse por su valor real y con arreglo a una tasación realizada por peritos independientes ajenos a la entidad crediticia”. Asimismo, plantea la introducción de mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing.

Esta profunda revisión del régimen legal y procesal que plantea el informe de los siete magistrados se cierra con una propuesta que permitiría que los ciudadanos participen con voz propia. Reclama la creación de unas comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores. Reclama protagonismo para los hipotecados.

 

 

El fracaso del Código de Buenas Prácticas

La medida estrella del Gobierno para favorecer a los ciudadanos desahuciados fue el Código de Buenas Prácticas, pero la comisión de magistrados del Consejo General del Poder Judicial cree que ha fracasado. “No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios”.

Los magistrados destacan que este código, además de ser de asunción voluntaria por los bancos, solo “se aplica a deudores que estén en el umbral de exclusión” y aseguran que desde que entró en vigor hace seis meses “la aplicación de esta norma ha sido testimonial”. La comisión denuncia el privilegio procesal de los bancos para una tutela judicial reforzada “que surgió a principios de siglo pasado (1909) en un contexto que nada tiene que ver con la situación de crisis actual, un proceso en el que el deudor prácticamente nada puede alegar u oponer”. Y propone reconducir la ejecución hipotecaria a las normas generales de la ejecución ordinaria. El análisis reclama que las ayudas públicas a la banca se completen con otras que permitan extender aquellas ayudas a los particulares y buscar soluciones que mitiguen la situación existente y repartan las cargas sociales derivadas de la crisis y que hoy afectan exclusivamente a los ciudadanos, el eslabón más débil de la cadena”. El informe ha sido coordinado por el vocal del CGPJ Manuel Almenar y elaborado junto a los magistrados Ángel Galgo, Enrique García y Pablo Quecedo (Audiencia Provincial de Madrid), Pilar López (Juzgado de primera Instancia de Madrid), María del Mar Hernández (Juzgado Mercantil de Santander) y Pedro Luis Viguer (Decano Audiencia Provincial de Valencia).

Noticias relacionadas, publicadas en diferentes medios:

Horarios de oficina de EVO Banco

La nueva marca de Novagalicia Banco para el territorio nacional, fuera de su feudo en Galicia es el nuevo  EVO Banco, que ya comienza a despertar el interés de ahorradores.

Aunque la  campaña de lanzamiento en internet, prensa y marquesinas la asemejan a ING Direct, y estos días se centra en una cuenta en especial, no olvidemos que es una entidad que cuenta con al menos una oficina por capital de provincia (y en ciudades de más de 100.000 habitantes). Es un verdadero concepto Bricks and Bits, que da nombre a este blog

Por ello, otro de los aspectos diferenciales de EVO banco es su horario extendido que lo hace más ventajoso para personas atareadas.

EVO Banco ofrecerá atención amplia de sus oficinas, al abrir unas 12 horas diarias (desde las 8,00 horas de la mañana hasta las 20,00 horas de la tarde, ininterrumpidamente), además de hacerlo en zonas turísticas y sus oficinas también en sábados, domingos y festivos. En su página web se puede ver cual queda más cerca. Este horario previsto, se está negociando con los representantes sindicales, por lo que, de momento, el horario convencional es de lunes a viernes de 08:30 a 14:15 y los jueves de 16:45 a 19:15.

Con EVO Banco, Novagalicia tiene por objetivo además de lograr éxito es el de lograr equilibrar su balance, y poder conseguir liquidez fuera de su territorio.El próximo 31 de Marzo, Novagalicia, junto con las demás entidades financieras, tendrá que presentar los planes que le permitan hacer frente a las nuevas dotaciones en sus activos inmobiliarios.

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Estrategia Bricks and Bits

La expansión tradicional de la banca

Durante muchos años, la expansión de las entidades financieras venía marcada por los criterios de elección de entidad financiera por parte de los clientes, que señalaban como los más importantes los de “proximidad al domicilio” y “proximidad al lugar de trabajo”.

Este criterio ha hecho que en España se pusiera en marcha un esquema muy eficiente de sucursal bancaria, que permitía lograr una elevada capilaridad con un coste razonable de personal, y, por ello se desarrolló un sistema de red de sucursales pequeñas que cubría de forma tupida la geografía del país.

Para que esta estrategia tenga éxito, es preciso que la entidad financiera cuente con una infraestructura tecnológica eficiente que permita automatizar cuantas funciones sea posible, de forma que libere al personal de oficina de las tareas de contenido administrativo y le permita centrarse en sus actividades comerciales.

Por otro lado la competencia internacional ha propiciado la constitución de grandes grupos financieros que puedan acometer por volumen estrategias de banca especialista, que recorran segmento a segmento todas las posibles actividades de una entidad financiera, con filosofía de banco universal y cobertura internacional.

Y cuando se han producido las fusiones, la estrategia de capilaridad se ha transformado en la pesada carga de la redundancia, que obliga muchas veces a las entidades fusionadas a revisar sus criterios de presencia geográfica, y a dedicar un gran esfuerzo financiero a la optimización de redes.

Por ello, la estrategia de “bricks and mortar“, que ha permitido desarrollar un modelo de negocio en el cual era previsible la evolución de la base de clientes y las métricas de crecimiento se indexaban con el número de sucursales, se manifiesta como penalizadora en términos de capacidad de reacción ante la complejidad de la reestructuración que exigen los nuevos esquemas de competencia internacional.

Los nuevos canales e Internet

En esas circunstancias, algunas entidades han llevado a cabo una estrategia de expansión más conservadora, que limite la necesidad de que el cliente tenga que acudir personalmente a la sucursal a realizar sus operaciones, y han puesto un gran énfasis en el concepto de “canal“.

Los nuevos canales han ofrecido extraordinarias oportunidades a las entidades financieras para mejorar el servicio al cliente y reducir costes, pero han exigido un cambio en la mentalidad por parte del cliente en su concepto de relación con la entidad financiera, y no siempre se entendieron cuando las entidades pioneras los proponían en sus estrategias tempranas.

Las tarjetas de crédito, los cajeros automáticos, los terminales punto de venta, los sistemas de atención telefónica, los venerables sistemas de videotext condenados a la obsolescencia por Internet, o los sistemas de cash managemet han permitido generar sistemas de uso intensivo, muy automatizados y con capacidad de marcar criterios de calidad en la mente de los usuarios que les lleve a “preferir” los servicios de determinadas entidades por encima de los de otras.

Cuando la capacidad de atender volúmenes altos de clientes ya no depende de la infraestructura humana, sino de la tecnológica, tiene sentido plantearse departamentos de marketing agresivos, con estrategias de captación de clientes respecto a los productos existentes dentro de los canales automáticos, como departamento diferenciado del marketing de productos o de red de las instituciones tradicionales.

Pero la importancia del concepto de automatización de la relación con el cliente va subordinada a la comprensión del cliente respecto a los canales que la institución pone a su disposición, y por eso, los diferentes canales maduran a diferentes ritmos, según la capacidad de los clientes de adaptarse a ellos.

Y en esto, se desarrolla un nuevo canal de conectividad universal, multimedia, interactivo, con un gran componente conceptual de ocio, y de bajo coste. Y algunas instituciones apuestan tempranamente por él, ante la incomprensión de otras que, en menos de un año, han de seguir la estela.

Las posibilidades que brindan las innovaciones tecnológicas en telecomunicaciones y gestión de la información son ilimitadas: desde la consulta de saldos y movimientos de la cuenta corriente personal mediante televisión interactiva, pasando por la realización de transferencias y otras operaciones a través de un teléfono móvil con la última tecnología WAP o la compra-venta de valores y acciones a través de Internet a precios muy ventajosos. El límite tan sólo viene impuesto por la imaginación de los proveedores de contenidos y servicios.

Llega un momento en el que algunas instituciones financieras descubren el nicho tecnológico y lo elevan a la categoría de estratégico. Y entonces crean instituciones especializadas: el banco “telefónico”, el banco “por Internet”,… con la esperanza de que desarrollando una entidad desde el principio se puedan optimizar las infraestructuras liberándose de lastres históricos en la entidad matriz. Sin embargo, las nuevas instituciones han de crear toda una infraestructura específica para el canal al que se dirigen, completada con la necesaria para resolver las necesidades de una entidad convencional (salvando quizá la necesidad de dar servicio a sucursales) y un esquema de relaciones con el resto del sistema financiero, que requiere de inversiones significativas en tecnología. Y por otro lado, las inversiones en marketing, necesarias para obtener un nivel de notoriedad equivalente al de una tupida red de sucursales, hacen que sea igualmente duro defender la marca y dotarla de confianza.

Sin embargo, la sola mención de que una entidad se desarrolle “por Internet” estimula la especulación del enorme potencial de usuarios que podrán elegirla 3 millones, 30 millones, 300 millones,… Parece llegado el momento de desechar cualquier vía de expansión ligada al átomo y apostar por las de los bits. Bits instead of Atoms.

Lo mejor de ambos: Estrategia bricks and bits

Sin embargo, lo que verdaderamente sucede es que las personas son multidimensionales y los internautas son personas con una importante faceta de relación “internet“. Es cierto que Internet no puede ser tratado simplemente como un canal, y que, cuando es la vía de relación preferida por el cliente, se ha de ser consciente de sus muchas ramificaciones. Pero no se pueden escamotear a los clientes todas aquellas otras posibilidades de recibir un buen servicio.Por eso surge la estrategia “Bricks&Bits” que Banesto desarrolla y que pretende aunar todas las opciones en la búsqueda del servicio integral al cliente: ofrecerle, junto a la proximidad física, la proximidad virtual.

Para desarrollar esta estrategia adecuadamente, es preciso disponer de una capacidad tecnológica que simultáneamente optimice los canales tradicionales y se prepare para una integración total con los conceptos que Internet estimula.

Es preciso que toda la organización se integre en Internet, tanto departamento técnicos como comerciales, aprovechando las oportunidades que ofrecen tanto el mundo real como el virtual.

D. Alfredo Sáenz, presidente de Banesto, ha presentado la estrategia “Brick&Bits” el miércoles 19.01.2000, tras dar cuenta de los resultados de la entidad en 1.999 y anticipar los objetivos para el año 2.000