Fianzas y objetos desaparecen de juzgados lentos y desorganizados

¿Puede decirse lo mismo en junio de 2014? Porque este era el titular de una noticia de El País del 29 de junio de 1997. El autor de la noticia era Bonifacio de la Cuadra.

La desorganización de muchos juzgados y el lento sistema de trabajo motiva la mayor parte de las reclamaciones de indemnización por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, informadas favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial. He aquí casos de objetos o fianzas que se pierden o retrasos que perjudican.34 diskettes y una pistola. En 1991 la policía registró un despacho, en el que intervino 34 diskettes de ordenador y una pistola y los puso a disposición de un juzgado de Santander. Cuando tres años después se acordó su devolución, no pudo efectuarse, por ignorarse donde se encontraban. Juan García Arbiza valora las pérdidas en un total de 5.315.000 pesetas, que reclama al Ministerio de Justicia.

Incendio en la Audiencia. José Miguel Martínez pide 20 millones de pesetas por los danos y perjuicios materiales y morales sufridos por el retraso de 14 años en un proceso penal contra él en el que terminó siendo absuelto y que le obligó a la presentación quincenal en el juzgado. Hubo que reconstruir el sumario por el incendio ocurrido en la Audiencia de Alicante, por falta de vigilancia nocturna.

Tabaco robado esfumado. Álvaro Morla García reclama 158.390 pesetas, importe del tabaco que le fue sustraído en 1993 de un vehículo suyo y que fue recuperado por la Guardia Civil, que lo entregó a un juzgado de León, en donde se esfumó.

739 días de cárcel indebida. Nueve millones de pesetas pide Cristóbal Sánchez Girona como indemnización por los 739 días de prisión provisional indebida en un proceso penal en Tarragona en el que finalmente fue absuelto. Solicita 5,9 millones por daños materiales (8.000 pesetas por cada uno de los 739 días indebidos de cárcel) y el resto, hasta nueve millones, por perjuicios morales.

Pérdida de tres fianzas. Ángel Marcen Seral reclama las 600.000 pesetas -más intereses- que depositó en 1986 en un juzgado de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) como fianza por su libertad provisional, y que de modo indebido fueron devueltas a una tercera persona. Igual hace Agustín Arellano Mollano respecto a las 100.000 pesetas que en 1982 ingresó por el mismo motivo en un juzgado de Bergara (Guipuzcoa) y que en 1993. no le devolvieron por no aparecer el resguardo justificativo del ingreso. Tampoco apareció en 1994, en un juzgado de Bilbao, el ingreso de 25.000 pesetas hecho por Ana María Tascón Fernández 10 años antes, a cambio de la libertad de su marido, por lo que también reclama.

Un abogado reclama al Estado 55,4 millones al ser absuelto tras ocho años de procesamiento

Un abogado procesado durante ocho años y luego absuelto reclama al Estado 55,4 millones. Los familiares de sendos difuntos piden seis millones por haber ordenado los jueces enterrarles sin avisar de la aparición de los cadáveres. Son algunas de las reclamaciones al Ministerio de Justicia por anormal funcionamiento judicial, por más de 132 millones, de pesetas, informadas favorablemente, en sus primeros meses de mandato, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegido en 1996. Más de la mitad del medio centenar de informes confirma el anormal funcionamiento judicial, en su mayor parte por retrasos o pérdidas de objetos o fianzas en los juzgados. Pero sólo en un caso cree el CGPJ repercutible la indemnización sobre el juez.

Frente al deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia, la Constitución de 1978 estableció una solución escoba, para cuando a los ciudadanos perjudicados les fracasan otros recursos y resortes jurídicos. El artículo 121 establece que “los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.En 1985 se desarrolló por ley ese precepto y comenzaron a producirse las reclamaciones por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Según los últimos datos disponibles -el actual Ministerio de Justicia no ha podido facilitar durante esta semana los datos relativos a 1996, recabados por este periódico-, desde principios de 1991 a finales de 1995 costaron al Estado 174 millones de pesetas, distribuídos entre 148 reclamaciones estimadas, de un total de 1.038 en los cinco años.

Estafa inexistente

De la nueva hormada de reclamaciones estudiadas por el nuevo CGPJ -que, como el anterior, informa a favor más de la mitad- destaca, por su importe, la del abogado que pide al Estado 55.444.430 pesetas. Se trata de José María Torne Farré, de 64 años, que ha ejercido la abogacía durante 37 años en Cataluña. En 1986 fue procesado en Valencia por presuntos delitos de estafa e introducción y puesta en circulación de títulos al portador falsos. En 1994, tras una serie de peripecias procesales, Torne fue absuelto de tales delitos. En consecuencia, reclama 444.430 pesetas por gastos, 30 millones por daños morales -habida cuenta su profesión, las penas pedidas y los ocho años y cuatro meses que estuvo procesado- y 25 millones “por baja en el rendimiento económico de su bufete”.El CGPJ informa que se ha producido funcionamiento anormal de la Justicia, entre otras razones porque el letrado “estuvo sometido a procesamiento durante más de ocho años, sin que sea atribuible a su actuación la dilación del mismo, no siendo, por otra parte, la materia debatida de una complejidad que pudiera justificar tan dilatada tramitación”.

Otras dos reclamaciones guardan relación con la falta de información sobre la muerte de dos personas. En un caso, Cristóbal Criado se queja de que no fue informado de la muerte de un hijo suyo, cuyo cadáver fue encontrado “con documentación acreditativa de su completa filiación y domicilio” en Cornellá (Barcelona).

Criado, pide un millón de pesetas por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, porque el juzgado archivó la investigación y acordó el entierro del cadáver sin haber realizado “actuación alguna” para localizar a la familia, que durante cinco meses estuvo buscando infructuosamente a su desaparecido, incluso a través de un programa de televisión. El CGPJ informa favorablemente la petición, ya que el juzgado contaba con “datos más que suficientes para, al menos, tratar de localizar a los familiares del finado”.

Cadáver identificado

Otro caso similar es el planteado por Santas Torrijos y María Elia Suárez, madre y esposa de otro difunto. Ambas narran que el 27 de agosto de 1994 fue hallado en Las Palmas de Gran Canaria el cadáver de su familiar, identificado con DNI, NIF y otros efectos personales, a pesar de lo cual los familiares no fueron informados. Dos meses después un amigo comunicó que había fallecido. Preguntaron, en el Juzgado de Instrucción número 5 y se les contestó que “casos de esos había muchos”. Ambas mujeres alegan los sufrimientos padecidos y solicitan cinco millones de pesetas por los daños morales causados.El CGPJ estima que se produjo anormal funcionamiento judicial. Razona que cuando el 3 de noviembre de 1994 se entregaron los efectos personales del fallecido a las reclamantes, entre ellos existía una cartera con el DNI y el NIF y otra documentación personal que habría permitido informarles. No hacerlo les privó de la toma de decisiones “pertenecientes a un ámbito tan íntimo como el de los sentimientos y emociones (…) ligados al enterramiento de un familiar”.

El juez que la hace sigue sin pagarla

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) permite al Ministerio de Justicia repercutir el importe de la indemnización pagada por el Estado, por anormal funcionamiento de la justicia, sobre el juez o magistrado responsable de los daños “por dolo [intencionalidad] o culpa grave”. Sin embargo, son escasísimos los casos en que se ha intentado. Los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, también suelen eludir pronunciarse sobre la materia. El resultado es que, a veces, el juez que la hace no la paga.La Administración alega que la mayoría de tales indemnizaciones se derivan de problemas estructurales o no personalizables, por lo que no resulta fácil concretar la responsabilidad en un juez, un secretario u otro funcionario. Sin embargo, durante el mandato de Juan Alberto Belloch al frente del Ministerio de Justicia, en una ocasión se intentó recobrar de un juez de Sabadell (Barcelona) los 4,7 millones indemnizados por un retraso de casi cinco años en resolver un asunto.

El anterior CGPJ se planteó la actitud a adoptar en sus informes. El 26 de febrero de 1992 acordó formular un “pronunciamiento expreso” cuando quede clara “la improcedencia de la acción de repetición que asiste al Estado, (…) guardando silencio en caso contrario”. El actual CGPJ, en un informe de 15 de enero de 1997, acordó que si “aprecia que no concurren de modo manifiesto los requisitos necesarios para repetir contra el juez o magistrado que hubiera intervenido en el proceso de que se trate, podrá hacerlo constar así en su informe, mientras que, en caso contrario, si no puede excluirse la existencia de dolo o culpa grave, bastará con poner de manifiesto tal circunstancia”.

El CGPJ considera que la facultad discrecional de recuperar de los jueces el importe de la indemnización puede “constituir un elemento perturbador de la independencia jurisdiccional”, por lo que decide que sólo pondrá de manifiesto tal circunstancia, “de modo que no se efectue una invitación explícita o implícita al ejercicio de la acción de repetición”. Así lo ha hecho respecto a un juez que, en unión de una secretaria de un juzgado de Córdoba, autorizó la “indebida entrega de dinero embargado”, que dio lugar a la reclamación de 350.870 pesetas, más intereses, formulada por Luis Mengibar Jiménez, e informada a favor por el CGPJ.

NSM Nieto San Martín Comunicaciones

En Junio de 2011 la empresa NSM Comunicaciones nos hizo una oferta para migrar nuestras lineas de Orange a Vodafone. Nos prometieron ahorros de 300 euros al mes, bajando nuestros futuros costes de telecomunicaciones de unos 600 euros a unos 300 mensuales.

Ya en la primera factura, la diferencia fue impresionante, Vodafone nos cobraba más de 1.000 euros.

Nos avisaron de que la primera factura podía venir mal porque no estuvieran correctamente aplicadas las tarifas correctas y los descuentos, pero que inmediatamente se corregiría.

Desde entonces han transcurrido 9 meses.

9 meses de reclamaciones continuas a diferentes comerciales de NSM, reclamaciones continuas a Vodafone, incluso reclamaciones a través de la Oficina de Atención al Usuario de telecomunicaciones.

Meses en los que estamos sufriendo múltiples inconvenientes porque muchas peticiones que hacemos directamente a Vodafone no las pueden gestionar sus operadores ya que estamos “presos” de nuestra relación con NSM ya que es la empresa que nos captó.

Estamos teniendo problemas con la VPN (red privada virtual) de telefonía, ya que cuando deseamos segregar un teléfono de la red (por ejemplo, para traspasárselo a otro titular) el teléfono afectado deja de recibir llamadas durante varios días (hasta que tras diferentes protestas al teléfono 122 de atención al cliente, alguien da con el especialista que sabe resolverlo).

Aun estamos pendientes de que se realice un “recálculo” de qué se debería haber facturado desde el principio, aplicando las tarifas y los descuentos correctamente. 9 meses esperando, y la cuenta creciendo.

Mi recomendación a quienes estén recibiendo ofertas de Vodafone a través de la empresa NSM (Nieto San Martín) es que declinen la relación. No van a tener más que problemas.

Citaría los nombres de los comerciales que nos han atendido (los causantes directos de nuestros problemas), pero para evitarme problemas relacionados con la normativa de protección de datos, no los pondré aquí.

Pero sí información disponible en fuentes públicas:
Dirección: Calle Severo Ochoa 7, local- bajo D – 28932, Móstoles (Madrid)
Otra dírección: Avenida de las Nieves, 37, portal 1, escalera A, piso 1º, oficina B, CP:28935 – Móstoles (Madrid)
Teléfono: 671 522 490
Fijo: 91 127 71 16
Fax: 91 226 75 17
CIF:B83912444

Información de su Responsable del Departamento de Desarrollo y Captación en la página 20 de esta Revista de Móstoles.

Acabo de descubrir que tienen un web . OJO. No Fiarse.
También acabo de ver que tienen un convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (C.O.I.T.I.M.). OJO. No Fiarse.


1, 2, 3, 4, 5

CIATESA VCompactN Serie INE Modelo 155

CIATESA VCompactDesde enero de 2009 hasta diciembre de 2011 han transcurrido casi 3 años sin que ni el servicio técnico de CIATESA ni el de la empresa de mantenimiento del equipo de climatizacion  haya conseguido hacer funcionar el equipo que ya mencioné en una ocasion anterior.

Sorprende que una empresa, con presencia internacional a través de CIAT, instale productos tan malos y no pueda aportar una solución dentro del período de garantía (ni después, tras pagar un costoso servicio de mantenimento).

Confío en que quienes estén tomando la decisión de adquirir un equipo de climatización, acondicionador de aire, bomba de calor, refrigeración, tratamiento de aire, intercambios térmicos, lean este artículo y desechen la opción de que sea de esta empresa: CIAT – CIATESA.

Son equipos caros, ruidosos, poco eficientes, con muchas averías, con gran consumo eléctrico, siempre están mal ajustados, requieren (en este caso) conexión trifásica (que hemos tenido que dar de alta solo por este equipo), que nunca llegan a funcionar correctamente y que dan muchos problemas.

Solo el tiempo perdido por el personal de la empresa y por mi mismo para llamar a la empresa CIATESA y al servicio de mantenimiento ha ascendido a  unos cuantos cientos de horas este año 2011.

Seguro que puedes encontrar equipos mejores y más baratos. Sigue buscando.

Fermax REF. 1304

En 2008, en la reforma de nuestras instalaciones, adquirimos el producto 1304 de Fermax que permitía gestionar el videoportero automático desde cualquier ordenador. El software que lo acompañaba funcionaba en Windows XP pero ya entonces Microsoft distribuía Windows Vista.

Ahora que ya no quedan equipos con Windows XP, hemos solicitado soporte a Fermax, y nos indican que el sistema está descatalogado (sin embargo, en estos momentos sigue apareciendo en su página web), y con esa simple excusa se pretenden exonerar de su reponsabilidad con los clientes que adquirieron el producto.  Yo estoy convencido que el modo de compatibilidad de Windows 7 se puede configurar para permitir el uso del software original, pero pienso que lo lógico es que esa solución la den ellos.

Ya veis la calidad de servicio de Fermax. Si estais pensando en instalar alguno de sus productos, pensároslo dos veces. Y si veis alguna alternativa de otro fabricante para una misma función, dadle un oportunidad.

Os adjunto el aspecto de la página web del producto de Fermax, por si a raíz de esta denuncia lo eliminan de su web.

Descripción Especificaciones técnicas

REF. 1304 Versión en PDF

PVP: 700,00 €

Consiga sus licenciasVIDEOPORTERO IP.
Controla tu videoportero desde cualquier PC. Una extensión virtual para tu videoportero.

Permite la recepción de las llamadas de placas ADS en uno o varios PC’s (hasta 10) a través de la red local o de Internet, disponiendo de todas las funciones de un videoportero.

– Comunicación Audio/Video con la placa de calle y conserjería.
– Visualización de la imagen de las cámaras.
– Apertura de Puerta.
– Activación desde el PC de las cámaras de placa y de una cámara auxiliar para vigilancia de la vivienda.
– Grabación de imágenes de las llamadas.
– Grabación en modo video o modo foto.
– Automatización de la grabación
– Consulta y visualización de las imágenes grabadas.

SOFTWARE DE CONTROL. Aplicación software residente. No precisa instalación. Portable en medios removibles (Disco USB).

Formato carril DIN-10 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.

Sistema VDS: Sistema de portero y videoportero de instalación simplificada, que no emplea hilos de llamada por vivienda.
La llamada se efectúa mediante la transmisión de un código de llamada digital generado por el amplificador VDS.

– En obra nueva, la instalación puede realizarse con el siguiente tipo de cableado: UTP CAT5 / 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video). Permite gestionar edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos de entrada y central de conserjería.
Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.

– En reposición, se puede realizar el cambio de portero analógico a videoportero aprovechando el cableado existente. La capacidad y distancia del sistema dependerá del cableado de la instalación.

El amplificador VDS incluye de serie sintetizador de voz. Al accionarse el abrepertas se emite un mensaje: “puerta abierta, cierre después de entrar”.

Los terminales de vivienda requieren de una sencilla programación que se realiza desde la placa de calle. Mediante esta programación se asigna a cada terminal (teléfono o monitor) un código de llamada.

La comunicación es privada.

Cableado
Audio: bus de 3 hilos.
Video: UTP CAT5 / 5 Hilos / 3 hilos + Coaxial (video).
Distancia máxima desde primer acceso a última vivienda: 200 m.

* FERMAX se reserva el derecho a modificar los precios sin previo aviso
* Impuestos no incluidos
* Precios válidos para España y Portugal