Lista oficial de paises considerados paraisos fiscales en España

En España, se define la lista de países considerados paraísos fiscales en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de medidas fiscales urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. Ello tiene efecto al establecer determinada sujeción o exención de impuestos a intereses o incrementos de patrimonio obtenidos a través de los países o territorios que se determinen reglamentariamente por su carácter de paraísos fiscales diversas normas

«Paraíso fiscal» es un término copiado del francés paradis fiscal y este del inglés tax heaven, a partir de la mala traducción de haven («puerto», «refugio»), seguramente entendido como heaven («paraíso») – en inglés se emplea tax haven.

La lista oficial, en el momento actual, está compuesta por los siguientes paises:

  • 1. Principado de Andorra.
  • 2. Antillas Neerlandesas.
  • 3. Aruba.
  • 4. Emirato del Estado de Bahrein.
  • 5. Sultanato de Brunei.
  • 6. República de Chipre.
  • 7. Emiratos Arabes Unidos.
  • 8. Gibraltar.
  • 9. Hong-Kong.
  • 10. Anguilla.
  • 11. Antigua y Barbuda.
  • 12. Las Bahamas.
  • 13. Barbados.
  • 14. Bermuda.
  • 15. Islas Caimanes.
  • 16. Islas Cook.
  • 17. República de Dominica.
  • 18. Granada.
  • 19. Fiji.
  • 20. Islas de Guernesey y de Jersey (Islas del Canal).
  • 21. Jamaica.
  • 22. República de Malta.
  • 23. Islas Malvinas.
  • 24. Isla de Man.
  • 25. Islas Marianas.
  • 26. Mauricio.
  • 27. Montserrat.
  • 28. República de Naurú.
  • 29. Islas Salomón.
  • 30. San Vicente y las Granadinas.
  • 31. Santa Lucía.
  • 32. República de Trinidad y Tobago.
  • 33. Islas Turks y Caicos.
  • 34. República de Vanuatu.
  • 35. Islas Vírgenes Británicas.
  • 36. Islas Vírgenes de Estados Unidos de América.
  • 37. Reino Hachemita de Jordania.
  • 38. República Libanesa.
  • 39. República de Liberia.
  • 40. Principado de Liechtenstein.
  • 41. Gran Ducado de Luxemburgo, por lo que respecta a las rentas percibidas por las Sociedades a que se refiere el párrafo 1 del Protocolo anexo al Convenio, para evitar la doble imposición, de 3 de junio de 1986.
  • 42. Macao.
  • 43. Principado de Mónaco.
  • 44. Sultanato de Omán.
  • 45. República de Panamá.
  • 46. República de San Marino.
  • 47. República de Seychelles.
  • 48. República de Singapur.

Los países y territorios, de los relacionados anteriormente, que hayan firmado con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que dejan de tener la consideración de paraíso fiscal, no tendrán tal consideración desde el momento en que dichos convenios o acuerdos se apliquen y en tanto en que no dejen de aplicarse.

(1) Con efectos desde el 12-9-2006 y 2-4-2007 (fecha de entrada en vigor del Convenio para evitar la doble imposición respectivo), la República de Malta (MT) y los Emiratos Árabes Unidos (AE) han dejado de estar incluidos en el listado de paraísos fiscales. Con efectos desde el 16 de mayo de 2009, Jamaica (JM) ha dejado de estar incluida en dicho listado, la República de Trinidad y Tobago (TT) desde el 28 de diciembre de 2009. Antillas Neerlandesas (AN) y Aruba (AW) han dejado de considerarse paraísos fiscales a partir de 27 de enero de 2010, fecha de entrada en vigor de los correspondientes Acuerdos de intercambio de información. Gran Ducado de Luxemburgo (XG) ha dejado de considerarse paraíso fiscal a partir de 16 de julio de 2010 por los efectos del Protocolo que modifica el Convenio para evitar la doble imposición de 3 de junio de 1986.
(2) Con efectos desde el 10-2-2011, el Principado de Andorra ha dejado de tener la condición de paraíso fiscal.
(3) Commonwealth de las Bahamas ha dejado de considerarse paraíso fiscal a partir del 17 de agosto de 2011, fecha de entrada en vigor del Acuerdo de información en materia tributaria.
(4) Con efectos desde el 14 de octubre de 2011, fecha de entrada en vigor del Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, Barbados ha dejado de considerarse paraíso fiscal.

Estas últimas aclaraciones proceden del Manual práctico del impuesto de Sociedades 2012 de la Agencia Tributaria

Ley, de 23 de julio de 1908, referente a los contratos de préstamo, conocida como Ley de Azcárate o Ley de Usura

Estos días se ha publicado una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, Corte de Luxemburgo, que sostiene que la ley española que regula las ejecuciones hipotecarias (desahucios) viola la normativa comunitaria de protección a los consumidores.

La sentencia concluye que el sistema de ejecución hipotecaria establecido en la legislación española es incompatible con la directiva europea sobre cláusulas abusivas y no protege al consumidor porque permite la pérdida de la propiedad y el desalojo antes de que éste pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios contra la entidad financiera.

Lo cierto es que existe otra normativa poco referenciada y vigente desde 1908 que también limita las cláusulas abusivas y que no parece que se esté aplicando.

De la vigencia de la norma da fe la derogación de sus artículos 2, 8, 12 y 13 por la relativamente reciente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley, de 23 de julio de 1908, referente a los contratos de préstamo (originalmente Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios) se proclamó por el Ministerio de Gracia y Justicia y se publicó en el número 206, de 24 de julio de 1908 en la Gaceta de Madrid (precedente del BOE) .
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución
Rey de España;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes han aprobado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo 1.

Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias. Será también nula la renuncia del fuero propio, dentro de la población, hecha por el deudor en esta clase de contratos.

Artículo 2. Derogado por Ley 1/2000, de 7 de enero.

Artículo 3.

Declarada con arreglo a esta Ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

Artículo 4.

Si el contrato cuya nulidad se declare por virtud de esta Ley es de fecha anterior a su promulgación, se procederá a liquidar el total de lo recibido por el prestamista en pago del capital prestado e intereses vencidos; y si dicha cantidad iguala o excede al capital e interés normal del dinero, se obligará al prestamista a entregar carta de pago total a favor del prestatario, sea cual fuere la forma en que conste el derecho del prestamista.

Si la cantidad es menor que dichos capital e interés normal, la deuda se contraerá a la suma que falte, la que devengará el interés legal correspondiente hasta su completo pago, y si no se hubiere satisfecho por el prestatario cantidad alguna, se reducirá la obligación al pago de la suma recibida y el interés normal.

Artículo 5.

A todo prestamista a quien, conforme a los preceptos de esta Ley, se anulen tres o más contratos de préstamos hechos con posterioridad a la promulgación de la misma, se le impondrá como corrección disciplinaria una multa de 500 a 5.000 pesetas, según la gravedad del abuso y el grado de reincidencia del prestamista.

Artículo 6.

Esta corrección será impuesta por el mismo Tribunal que declare la nulidad del contrato de préstamo.

Artículo 7.

A los efectos de lo que dispone el artículo 5 de esta Ley, el Ministerio de Gracia y Justicia, en vista de los antecedentes que deberán remitirle los Tribunales, formará un Registro Central de contratos de préstamos declarados nulos, con expresión en cada caso del prestamista contra quien se dictó la sentencia. La Dirección general de los Registros expedirá las certificaciones que de las inscripciones del Registro Central expresado reclamen los Tribunales, de oficio o a instancia de parte.

Artículo 8. Derogado por Ley 1/2000, de 7 de enero.

Artículo 9.

Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido.

Artículo 10.

El prestamista que contrate con un menor se supondrá que sabía que lo era, a menos que pruebe haber tenido motivos racionales y suficientes para creer que era mayor de edad.

Artículo 11.

El que no pudiendo tratar con persona incapacitada legalmente para contraer obligaciones intente ligarle al cumplimiento de una, mediante un compromiso de honor u otro procedimiento análogo, incurrirá en la pena que marca el artículo 5 de la presente Ley, impuesta siempre, según los casos, en su grado máximo.

Artículo 12. Derogado por Ley 1/2000, de 7 de enero.

Artículo 13. Derogado por Ley 1/2000, de 7 de enero.

Artículo 14.

Las manifestaciones que se hicieren en los contratos declarados nulos conforme a esta Ley, simulando garantías ilusorias o alterando la fecha de la obligación, para dar a ésta una eficacia de que sin eso carecería, podrán determinar responsabilidad criminal en los casos previstos en el Código penal para los prestamistas siempre, y para los prestatarios cuando por las circunstancias del contrato y la resultancia del juicio lo estime procedente el Tribunal.

Artículo 15.

Los establecimientos de préstamos sobre prendas se regirán por las leyes o Reglamentos especiales dictados o que se dicten.

Artículo 16.

Quedan derogadas cuantas leyes, decretos y disposiciones se opongan a la presente, en aquella parte a que dicha oposición se contraiga.

Por tanto, Mandamos a todos los Tribunales, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad que sean, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus partes.

Dado en San Ildefonso a 23 de julio de 1908.

– Yo, el Rey. –

El Ministerio de Gracia y Justicia,
Juan Armada Losada.

Los jueces denuncian en un informe los abusos del sistema legal de desahucios

Un informe, elaborado por 7 magistrados a solicitud del CGPJ, critica la “mala praxis” bancaria, la venta “torticera” de productos financieros y proponen transferir a los hipotecados las ayudas a la banca

 Artículo publicado en El País.

Autores: /

Madrid. 24-Octubre-2012

 

Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en España, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe será estudiado hoy por el órgano rector de los jueces.

Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Esta es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, señalan en el estudio al que ha tenido acceso EL PAÍS. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.

El informe elaborado por los jueces, habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y propone toda una batería de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento. “El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado”, dice textualmente el informe, “pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.

El informe, que forma parte del estudio Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles, ha sido dirigido por Manuel Almenar, vocal del CGPJ, y elaborado durante ocho meses junto a seis magistrados de distintos puntos de España. Propone una transformación de fondo en el marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias.

El análisis arranca preguntándose cómo y por qué se ha llegado al drama que atraviesan esas 350.000 familias. Y la respuesta apunta en una dirección: la banca. Los bancos, su “ligereza y mala praxis” son, en opinión de la comisión, los causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario “sin valorar las posibilidades reales del deudor” y de la “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos… (participaciones preferentes)”.

Los autores destacan que en los últimos cuatro años las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado y que en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año pasado, alcanzando la cifra de 350.000. Y lo analizan así: “No se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos préstamos que concertaron en época de bonanza económica (por tanto no con fines especulativos o por pura pretensión suntuaria), simplemente para adquirir una vivienda digna que tras el estallido de la crisis no pueden pagar”.

Para la comisión de jueces la banca siempre ha jugado con una “importante ventaja” sobre el deudor. Así, destacan que goza de un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909, que les permite cobrar sus deudas de forma rápida, “un proceso extremadamente agresivo frente al deudor que dota a la escritura del préstamo hipotecario de mayor eficacia incluso que una sentencia ya que las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecución de una sentencia”. Los magistrados citan un informe del Defensor del Pueblo titulado Crisis económica y deudores hipotecarios; actuaciones y propuestas, en el que se incide en este aspecto

El escenario que describen concluye en una situación perversa ya que, finalizada la ejecución, y tras la subasta, los inmuebles se adjudican al banco, “generalmente por un precio inferior al del mercado”, y pasan a engrosar sus activos inmobiliarios “quedando muchas veces desocupados durante años ante la ausencia de potenciales adquirientes dado que en un círculo vicioso la crisis económica ha reducido al mínimo la demanda”.

¿Cómo solucionar estas situaciones de injusticia? ¿Qué medidas se pueden adoptar? El informe propone abrir el debate para evitar “la desgraciada situación en la que se encuentran miles de familias en este país como consecuencia de la crisis económica, con riesgo de pérdida de su vivienda, frecuentemente, el bien mayor del que disponen”. Situaciones excepcionales, como la que vive la economía española, requieren de “soluciones excepcionales”, señala el estudio.

Como primera medida, propone la determinación del concepto de “deudor hipotecario de buena fe”, lo que permitirá que los cambios normativos afecten a gente que realmente los necesita, personas que están punto de perder su vivienda habitual o el local de su negocio.

Otorgar al juez la posibilidad de que conceda moratorias en el pago de cuotas es una de las 18 medidas que desgrana el informe: desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad podrían ser motivos para que el juez estuviera facultado para conceder un aplazamiento del pago.

Pero el estudio va aún más lejos y propone que la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo de cancelar el crédito, se convierta en una “regulación imperativa en determinadas circunstancias”.

El análisis elaborado por los siete magistrados comisionados critica el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. De hecho, propone extender el radio de acción de las medidas de protección, que hasta ahora solo se concedían en casos muy excepcionales, para que puedan acceder a ellas muchos otros deudores en apuros. Bajo el nuevo marco normativo, el juez podría establecer periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y también quitas de la deuda.

Otras medidas que suponen una transformación de fondo son las encaminadas a impedir que los bancos se puedan adjudicar las viviendas de los desahuciados a precio de saldo. El informe dice: “La ley hoy permite a las entidades bancarias adjudicarse bienes por valor notoriamente inferior al real, cuando debería realizarse por su valor real y con arreglo a una tasación realizada por peritos independientes ajenos a la entidad crediticia”. Asimismo, plantea la introducción de mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing.

Esta profunda revisión del régimen legal y procesal que plantea el informe de los siete magistrados se cierra con una propuesta que permitiría que los ciudadanos participen con voz propia. Reclama la creación de unas comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores. Reclama protagonismo para los hipotecados.

 

 

El fracaso del Código de Buenas Prácticas

La medida estrella del Gobierno para favorecer a los ciudadanos desahuciados fue el Código de Buenas Prácticas, pero la comisión de magistrados del Consejo General del Poder Judicial cree que ha fracasado. “No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios”.

Los magistrados destacan que este código, además de ser de asunción voluntaria por los bancos, solo “se aplica a deudores que estén en el umbral de exclusión” y aseguran que desde que entró en vigor hace seis meses “la aplicación de esta norma ha sido testimonial”. La comisión denuncia el privilegio procesal de los bancos para una tutela judicial reforzada “que surgió a principios de siglo pasado (1909) en un contexto que nada tiene que ver con la situación de crisis actual, un proceso en el que el deudor prácticamente nada puede alegar u oponer”. Y propone reconducir la ejecución hipotecaria a las normas generales de la ejecución ordinaria. El análisis reclama que las ayudas públicas a la banca se completen con otras que permitan extender aquellas ayudas a los particulares y buscar soluciones que mitiguen la situación existente y repartan las cargas sociales derivadas de la crisis y que hoy afectan exclusivamente a los ciudadanos, el eslabón más débil de la cadena”. El informe ha sido coordinado por el vocal del CGPJ Manuel Almenar y elaborado junto a los magistrados Ángel Galgo, Enrique García y Pablo Quecedo (Audiencia Provincial de Madrid), Pilar López (Juzgado de primera Instancia de Madrid), María del Mar Hernández (Juzgado Mercantil de Santander) y Pedro Luis Viguer (Decano Audiencia Provincial de Valencia).

Noticias relacionadas, publicadas en diferentes medios:

Novedades de las lineas ICO 2012

El Consejo de Ministros ha aprobado las lineas de financiación del ICO para 2012.

Se amplian a 22.000 millones de euros la dotación de las líneas de mediación ICO para 2012 y se reorientan algunas de ellas, para facilitar la financiación a las empresas, en particular pymes y emprendedores, sus principales destinatarios

Para la distribución de estas Líneas, el Instituto de Crédito Oficial, cuenta con la colaboración de los bancos y cajas de ahorros que se encargan de la tramitación, el estudio y aprobación de las operaciones.

La dotación prevista para estos instrumentos financieros será inicialmente de 22.000 millones de euros, un 15,8% más que en 2011.

A partir de ahora se ofrecerá a las entidades de crédito que se sumen al convenio de colaboración con el ICO para que estas entidades puedan comercializar los diferentes créditos que componen esta oferta.

Lineas de financianión

Las lineas que se acaban de aprobar para 2012 son las siguientes:

  • Linea ICO-Inversión: Servirá para financiar inversiones para la adquisición de activos fijos productivos, vehículos o empresas. En la configuración para este año se incluye la posibilidad de financiar circulante, con el límite del 10% del total solicitado. Esta linea tendrá una dotación de 9.000 millones de euros.
  • Línea ICO-Liquidez: Financiará capital circulante a autónomos y empresas que se enfrentan a situaciones transitorias de restricción de crédito. La dotación para este tipo de préstamos será de 8.000 millones de euros.
  • Línea ICO-Internacionalización: Se utilizará para financiar proyectos de inversión en el exterior, incluyendo la adquisición de activos fijos, vehículos o empresas. Aquí también se incluye la posibilidad de financiar circulante, con un límite del 20% de la inversión total. La dotación será de 2.000 millones de euros, incluyendo un tramo de financiación adicional, sin bonificación, de 1.000 millones de euros.
  • Línea ICO-Vivienda: Financiará la rehabilitación de viviendas y edificios. Tiene una dotación de 1.000 millones de euros y este año, como novedad, se permite la financiación de la reforma de elementos comunes de los edificios.
  • Línea ICO-Emprendedores: Esta linea sustituye a la Línea ICO-Desarrollo Empresarial y financiará proyectos de inversión para autónomos y profesionales que hayan iniciado su actividad en los últimos cinco años. La dotación será de 2.000 millones de euros.


Otras novedades

Además de los incrementos en las dotaciones de las distintas lineas, esta convocatoria eliminará de la linea ICO-Vivienda el llamado tramo “stock de vivienda” que venía facilitando la financiación a los promotores de vivienda que pusieran su stock en alquiler.

Por otro lado se pretende una bajada del coste para el cliente final, al que se traslada la mejora esperada en el coste de financiación del ICO. Esta bajada permitirá también incrementa el margen de las entidades financieras. Eso servirá incentivar la comercialización de las Líneas ICO. Algo que en los pasados ejercicios no se ha conseguido, como demuestra el hecho de que no se cubrieran el total de las dotaciones disponibles a pesar de las necesidades de financiación de las empresas.

Facturas pendientes

La Columna de ABC de hoy, 29 de mayo de 2011, UNA RAYA EN EL AGUA del columnista IGNACIO CAMACHO se titula Financieros a la fuerza y es un buen análisis de una de las causas de la crisis.

Lo transcribo por su interés:

En algunos ayuntamientos, como el de Sevilla, existen facturas pendientes de pago… ¡en pesetas! Eso significa que hay proveedores que llevan más de nueve años sin cobrar, tiempo en el que más de uno habrá quebrado. Al borde de la quiebra están también muchos contratistas de bienes y servicios a los que autonomías y municipios han utilizado como financieros involuntarios de una deuda pública ingente y en muchos casos no contabilizada. Empresas sanitarias, energéticas, de telecomunicaciones, de hostelería, pero también profesionales, autónomos y comerciantes pequeños y medianos que suministraban materiales de necesidad inmediata. Hay hasta clínicas que han cerrado quirófanos por impago de conciertos; una verdadera procesión de afligidos que durante años ha ido acumulando bien a su pesar una verdadera nube tóxica de pasivo.

Esa trampa gigantesca es lo primero que se van a encontrar los nuevos alcaldes y presidentes autonómicos, como se la toparon los dirigentes de CiU —hasta un 0,6 por ciento más de la deuda oficial reconocida— cuando tomaron posesión de la Generalitat catalana. Nadie está limpio de responsabilidad: ocurre lo mismo en las comunidades y ayuntamientos que han estado bajo gobierno del PP. Una deuda inembargable y muchas veces oculta que colapsa el tejido productivo y debería ser la prioridad de cualquier programa de reactivación de la economía y del empleo. El problema es que no basta con hacer auditorías y poner el grito en el cielo contra la bancarrota heredada; urge encontrar fondos para pagar, y las instituciones ya hace tiempo que están al límite —y bastante por encima— de su crédito.

De manera que la única solución, parcial pero imprescindible, es una poda de gasto superfluo. Eso no va a alcanzar para poner el contador a cero pero al menos proporcionará un cierto alivio y sobre todo otorgará autoridad moral para exigir sacrificios o quitas. Porque durante años, los proveedores no sólo se han desesperado de no cobrar sino que mientras se asfixiaban han visto proliferar empresas, nóminas y organismos oficiales cuyos directivos dilapidaban –en ocasones también a débito, para más recochineo— los fondos que faltaban para hacer frente a la montaña de impagos. El adelgazamiento de esa masa administrativa insostenible es una cuestión de ejemplaridad que es menester abordar sin dilaciones ni prórrogas como providencia preliminar de regeneración de la vida pública.

Se trata de una cuestión antipática que conlleva despidos, cierres y demás medidas de ajuste, y que será utilizada por los adversarios políticos para alimentar el discurso del miedo a la derecha, el eje del debate político de los próximos meses. Pero no es negociable: o recortes o ruina. Ruina de las instituciones y ruina de los particulares que las han venido sosteniendo con su deuda paralela.

¿Qué pasó con el volcán?

Tras el caos producido por la torpeza de los responsables del tráfico aéreo (bajo presidencia española de la UE), todo vuelve a la normalidad.

En estos momentos, en los que la nube de ceniza sigue aumentando tras varios meses de actividad del volcán, parece que “no pasa nada”.

Desde luego una gran irresponsabilidad de la que nadie se hace responsable. O no era para tanto entonces, o ahora deberían estar publicándose informes periódicos de seguimiento de la actividad del volcan.

Seguro que al final solo quedarán las estadísticas de las graves pérdidas económicas causadas por la torpeza de los responsables de seguridad aérea y de sus asesores.

Economista Francisco de Vitoria

Francisco de Vitoria fue un fraile dominico español inspirador de la escuela de Salamanca, una variante muy influyente de la escolástica que, entre otras cosas, teorizó abundantemente sobre la economía desde un punto de vista moral.

¿De verdad ha subido tanto el petróleo?

En uno de esos mensajes en cadena he recibido esta comparativa (no sé si se leerá al pegarla en el editor).

Tabla comparativa del precio del barril de petróleo y precio del litro de gasóleo

Año 2000

 

02 de Junio de 2008

Cambio U.S. Dólar $  – Euro €

 

1,2

 

Cambio U.S. Dólar $  – Euro €

 

0,643

 

 

 

 

 

Precio barril de petróleo

60 $ = 72,00 €

 

Precio barril de petróleo

125,57 $ = 80,74€

 

 

 

 

 

Precio de 1 litro de gasóleo

0,65 €/Lt.

 

Precio de 1 litro de gasóleo

1,308 €/Lt.

       

Subida precio del barril de petróleo de 72,00 € a 80,74 € = 11,21 %

      

Campamante08

Subida precio del litro de gasóleo de 0,65 € a 1,308 € = 100,12 %

¿Alguien puede confirmarme si estos datos son ciertos?

Si lo son, ¿Qué es lo que justifica la diferencia?