¿Qué es la Fiscalía o Ministerio Fiscal?

El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, al que el artículo 124 de la Constitución Española, se refiere en los siguientes términos:

El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.
El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso,  a los de legalidad e imparcialidad.

La norma básica que regula el Ministerio Fiscal español es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/81 de 30 de diciembre y  modificado por la Ley  24/2007, de 9 de octubre, que refuerza su autonomía y moderniza su organización territorial.

En el Estatuto Orgánico se contiene la regulación básica de las funciones, la organización, estructura y principios, normas de actuación, formas de acceso y pérdida de la condición de Fiscal, los derechos y deberes de los Fiscales y el régimen disciplinario.

Los principios de legalidad e imparcialidad son los que rigen en todo caso la actuación del Ministerio Fiscal. Por el principio de legalidad el Ministerio Fiscal actúa con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico. Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados.

El Ministerio Fiscal es un órgano  único para todo el Estado y sus miembros son autoridad a todos los efectos, actuando siempre en representación de toda la Institución.

Creada la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia.

Se acaba de publicar en el BOE de 16 de junio la Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia, que crea el Punto de Acceso General (https://sedejudicial.justicia.es),  gestionado por el Ministerio de Justicia, a través del cual se podrá acceder a todas las sedes y subsedes judiciales electrónicas creadas dentro del territorio nacional, en las que se podrán realizar todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración de Justicia o de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con ésta por medios electrónicos. Se aplica a las Oficinas Judiciales que se hallan bajo la competencia del Ministerio de Justicia.

Para el acceso a los servicios se habilitarán los siguientes canales: a) Para el acceso electrónico, a través de Internet y b) Para los servicios que se ofrezcan mediante atención telefónica, los números de teléfono serán debidamente publicados en la propia sede. Se podrán crear una o varias subsedes judiciales electrónicas derivadas de una sede judicial electrónica, accesible desde la principal y por acceso directo.

La Sede Judicial Electrónica entrará en funcionamiento dentro del plazo máximo de seis desde su publicación en el BOE, es decir, antes del 16 de diciembre de 2015.

Comisión General de Codificación

La Comisión General de Codificación es un órgano de asesoramiento en la preparación de las tareas prelegislativas propias del Ministerio de Justicia.

La Subdirección General de Política Legislativa cumple funciones tanto de Secretaría General como de documentación y archivo.

Conforme a la estructura orgánica de dicho Departamento y el Real Decreto que establece el Estatuto de la Comisión General de Codificación el Subdirector General de Política Legislativa es el Secretario General de la Comisión General de Codificación.

La Comisión General de Codificación se define por sus Estatutos, aprobados por el Real Decreto 160/1997, de 7 de febrero, siguiendo la que ha sido su configuración clásica, como «el órgano superior colegiado de asesoramiento en la preparación de las tareas prelegislativas propias del Ministerio de Justicia». A pesar de que el término codificación parece hacer referencia a un modelo legislativo clásico, frente a la profusión y celeridad normativa actual, que ha conllevado precisamente una “descodificación” de nuestro ordenamiento, la Comisión General de Codificación es un órgano vivo, presente en buena parte de las iniciativas legislativas de los últimos años y con tareas importantes que afrontar en los próximos como son la preparación un nuevo Código Mercantil o la actualización del Código Civil en prácticamente todos sus libros. Trabajos que están en la médula de la historia legislativa de España y que, tanto en sus aportaciones del pasado, como en las actuales, merecen gratitud de la sociedad.

Los Estatutos vigentes prevén la existencia de cinco Secciones: la primera, de Derecho Civil; la segunda, de Derecho Mercantil; la tercera, de Derecho Público; la cuarta, de Derecho Penal, y la quinta, de Derecho Procesal. No obstante, solamente dos funcionan con carácter permanente, la de Derecho civil y la de mercantil, sin perjuicio de la funcionamiento de las restantes para el estudio de los asuntos que les sean propuestos desde la Administración.

Destaca también la constitución de numerosas secciones especiales y grupos de trabajo a los que se encarga la elaboración de propuestas normativas en el ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia.

Han destacado en años pasados la ponencia encargada de la “revisión y puesta al día de la Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles”, o la sección especial de Reforma del Código Penal.
A lo largo de 2013 los trabajos realizados en las diversas Secciones así como el resto de actividades desarrolladas en la Comisión General de Codificación han sido:

A) SECCIÓN PRIMERA, DE DERECHO CIVIL.

La Sección primera, de Derecho Civil, bajo la Presidencia de D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León, tiene actualmente 32 Vocales adscritos.

Durante elaño 2013 han actuado como Secretarias de Actas de esta Sección Dª. Mª Luz Puerto Mendoza, Dª. Teresa Mendizábal Sanz y Dª.Irene Fuentetaja Cobas,funcionarias en la Subdirección General de PolíticaLegislativa.

La Sección de Derecho Civil durante el año 2013 ha estado trabajando en las siguientes materias:

Estudios realizados

  1. Reforma del Libro IV del Código Civil, relativaal contrato de préstamo.
  2. Análisis del Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
  3. Análisis del borrador de Anteproyecto de Ley de Bases de Modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos del Código Civil.

Emisión de informes

  1. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia efectuó, a la Sección Primera de la Comisión General de Codificación, consulta para la Reforma relativa al artículo 5.1 d) de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
  2. Informe sobre el contrato de arrendamiento de servicios, encargado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia.

B) SECCIÓN SEGUNDA, DE DERECHO MERCANTIL.

La Sección Segunda de la Comisión General de Codificación, tiene actualmente 36 miembros adscritos. Su Presidente es D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, siendo D. Aurelio Menéndez Menéndez su Presidente Honorario. Actúa como Secretario de Actas D. Julio Carlos Fuentes Gómez, Subdirector General de Promoción Legislativa en su calidad de Secretario General.

En el año 2006, el entonces Ministro de Justicia D. Juan Fernando López Aguilar, encargó a la Sección Segunda de la Comisión General de Codificación, la elaboración de un nuevo Código Mercantil que sustituyera al vigente Código de Comercio de 1885. En esta misma Orden se indicaba a la Sección que utilizara para la sistematización del nuevo texto legal la numeración de los libros, títulos, capítulos y artículos, al modo de la nueva codificación francesa.

Para la elaboración de esta obra han sido necesarios muchos años de trabajo y esfuerzo por parte de todos los miembros de la Sección. Finalmente, en el mes de mayo de 2013 finalizaron los trabajos de coordinación, y el 19 de junio tuvo lugar el acto público de presentación de la finalizada Propuesta del Código Mercantil en el Palacio de Parcent, ante el Ministro de Justicia, D.Alberto Ruiz Gallardón y el ex-Ministro de Justicia, D. Juan Fernando López Aguilar.

El 21 de agosto de 2013 se abrió un plazo para presentar observaciones públicas a la Propuesta de Código Mercantil, que finalizó el 29 de noviembre.

Los Vocales que han participado en la elaboración de la Propuesta de Código Mercantil han sido nombrados mediante las siguientes Órdenes Ministeriales:

  • Por Orden de 12 de julio de 2007, el Ministro de Justicia nombró una serie de expertos como Vocales adscritos a la Sección Segunda de la Comisión de Codificación Mercantil para la elaboración de dichoCódigo.
  • Según Resolución de 12 de septiembre de 2007 del Presidente de la Sección Segunda de la Comisión de Codificación Mercantil, se constituyeron los Grupos de trabajo para la elaboración del nuevo Código Mercantil indicando los Vocales adscritos que se integraban en cada uno de ellos.
  • Por Orden de 31 de julio de 2009, se nombraron 2 nuevos Vocales adscritos a la Sección Segunda de Derecho Mercantil, que pasaron a formar parte del Grupo de Trabajo nº 4 cuya presidencia asumió D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, para abordar cuestiones en materia de propiedad industrial.

Las Órdenes de nombramiento de los Vocales adscritos a los distintos grupos de trabajo han sido prorrogadas anualmente durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. La composición de los grupos durante la última etapa, en particular durante el año 2013, ha estado formada por los siguientes Vocales adscritos:

  • Grupo 3 – Libro III. Derecho de la competencia. Presidente: D . Cándido Paz-Ares.Miembros: D. José Massaguer Fuentes y D. Jesús Alfaro Águila-Real.
  • Grupo 4 -Propiedad Industrial. Presidente: D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano. Miembros: D. Eduardo Galán Corona, y D. Jose A. García-Cruces González.
  • Grupo 6 – Libro V.Título VI. Contratación entre ausentes y contratación electrónica.
    Título III. Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas.
    Título IV. Cláusulas de exclusiva y cláusulas de confidencialidad.
    Libro VI. Título II. Capítulo II. Contratos de prestación de servicios electrónicos.
    Presidente: D. Rafael Illescas. Miembros: Dª Pilar Perales Viscosillas y D. Manuel Alba Fernández.
  • Grupo 7 – Libro VI. Título I. Capítulos I (Compraventa mercantil en general), II (Modalidades especiales de compraventa), III (Contrato de suministro), IV (Contrato de permuta) y V (protección del adquirente de bienes muebles en el tráfico mercantil). Presidenta: Dª Esperanza Gallego Sánchez. Miembros: D. Guillermo Alcocer Garau y D. Francisco Ruiz Marco.
  • Grupo 8 – Libro VI. Título I. Capítulo VI (Contrato de obra por empresa). Miembros: Dª Aurora Martínez Flórez y D. Alberto Vaquerizo Alonso.
  • Grupo 9 – Libro VI. Título II. Capítulo I. (Contrato de prestación de servicios mercantiles en general). Capítulo III (Contratos publicitarios). Presidenta: Dª Carmen Alonso Ledesma. Miembros: D. Adolfo Sequeira Martín y D. Luis A. Velasco San Pedro.
  • Grupo 10 – Libro VI. Título II. Capítulo IV (Contratos de servicios turísticos).
    Capítulo V (Contrato de Cesión de bienes inmateriales). Capítulo VI (Contratos de licencia). Capítulo VII (Contrato de obra inmaterial).
    Presidenta: Dª Mª Teresa Gispert Pastor. Miembros: Dª Apolonia Martínez Nadal y D. Sebastián Sastre Papiol.
  • Grupo 11 – Libro VI. Título III. (Contratos de colaboración). Presidente: D. Evelio Verdera y Tulles. Miembros: D. Fernando Rodríguez Artígas y D. Ricardo Alonso Soto.
  • Grupo 13 – Libro VI. Título V (Contratos mercantiles de financiación). Presidente: D. Enrique Piñel Lopez, Miembros: D. Ignacio Martínez-Gil Vich y D. Ignacio Paz-Ares Rodríguez.
  • Grupo 14 – Libro VI. Título VI (Contratos Bancarios). Presidente: D. Enrique Piñel Lopez. Miembros: D. José Antonio Alepuz Sánchez y D. Sebastián Sastre Papiol.
  • Grupo 15 – Libros VI. Título VII (Operaciones en el mercado de valores). Presidente: D. Juan Jesús Roldán Fernández. Miembros: D. Juan Sánchez-Calero Guilarte y D. Javier Rodríguez Pelletero.
  • Grupo 16 – Libro VI. Título VIII. (Contratos de seguros y de mediación de seguros). Presidente: D. Angel Rojo Fernández-Río. Miembros: Dª María José Sánchez-Andrade Fernández y D. Alberto Tapia Hermida.
  • Grupo 17 – Libro VII (Valores e instrumentos de crédito y de pago). Presidente: D. Angel Rojo Fernández-Río. Miembros: D. Andrés Recalde Castells y D. Jorge Tomillo Urbina.

C) PONENCIA ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE LAS TAREAS DE ELABORACIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO MERCANTIL.

Mediante Orden de 24 de noviembre de 2006, se constituyó en el seno de la Sección Segunda de Derecho Mercantil una Ponencia para la Coordinación de las tareas de elaboración de un nuevo Código Mercantil. Dicha Ponencia está integrada por los siguientes miembros: Presidente: D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, Vicepresidente: D. Juan Luis Iglesias Prada y Vocales: D. José María de Prada González, Dª Mercedes Vérgez Sánchez, D. Ángel Rojo Fernández-Río y D. Enrique Piñel López. Actúa como Secretario de Actas, D. Julio C. Fuentes Gómez, Subdirector General de Política Legislativa en su calidad de Secretario General, siendo sustituido en algunas reuniones por una funcionaria de la misma Subdirección General.

En el año 2013 la Ponencia ha mantenido 10 reuniones. En ellas ha revisado los trabajos elaborados por los distintos Grupos de Trabajo creados en virtud de la Orden de 12 de julio de 2007, dando coherencia y unidad de presentación a los textos previamente aprobados por el Pleno de la Sección Segunda.

D) PONENCIA ENCARGADA DE LA REVISIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LA PROPUESTA DE CÓDIGO DE SOCIEDADES MERCANTILES.

Mediante Orden de 28 de octubre de 2005, se constituyó en el seno de la Comisión General de Codificación una Ponencia para la revisión y puesta al día de la Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles, con el objeto de elaborar un borrador para su regulación. Según dicha Orden, el texto debía contener una Memoria explicativa, una Exposición de Motivos y un Texto articulado.

Se nombró Presidente de la Ponencia a D. Fernando Sánchez Calero y Vocales a D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano y D. Ángel Rojo-Fernández-Río.

Con motivo del fallecimiento del profesor D. Fernando Sánchez Calero, el  15 mayo 2011, Vocal de la Comisión General de Codificación adscrito a la Sección de Derecho Mercantil, y presidente de la Ponencia de Sociedades, se designó como nuevo presidente de esta Ponencia al profesor D. Ángel Rojo Fernández-Río.

Mediante Órdenes Ministeriales de 20 de diciembre de 2005, se nombraron Vocales de esta Ponencia a los Vocales de la Sección Segunda: Dª. Mercedes Vérgez Sánchez, D. Emilio Beltrán Sánchez, D. Gaudencio Esteban Velasco y D. Jesús Quijano González. Actúa como Secretario de Actas de esta Ponencia, D. Julio C. Fuentes Gómez, Subdirector General de Política Legislativa en su calidad de Secretario General.
Durante el año 2013, la Ponencia ha mantenido 2 reuniones. En la primera se estudió la incorporación de las normas sobre Derecho de Sociedades contenidas en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización, y su posible influencia sobre la propuesta de Código Mercantil realizada por la Sección II de la Comisión General de Codificación al Libro II de la Propuestade Código Mercantil.
En la segunda reunión se llevó a cabo el estudio de las propuestas de reforma para la elaboración del informe solicitado por el Ministerio de Justicia a la Sección de Derecho Mercantil, en relación con el Anteproyecto de Ley de Sociedades de Capital de la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo.

E) SECCIÓN ESPECIAL PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE PROTECTORADO E INSCRIPCIÓN DE LAS FUNDACIONES.

Mediante Orden de 12 de septiembre de 2012, se constituyó en el seno de la Comisión General de Codificación una SecciónEspecial para la preparación de una propuesta de revisión de la normativa de fundaciones, en especial, a la constitución de un Registro de Fundaciones de competencia Estatal dependiente del Ministerio de Justicia y al sistema de Protectorado ejercido por la Administración del Estado. Esta Ponencia fue integrada por los siguientes miembros: Presidente: D. José Luis Piñar Mañas, Vocales: D. Antonio Pau Padrón y D. Alberto Palomar Olmeda. Actuó como Secretaria de Actas, una funcionaria de la Subdirección General de Política Legislativa del Ministerio de Justicia.

Según la Orden de 25 de octubre de 2012, por la que se modificó la de 12 de septiembre, se facultaba al Presidente de la Sección para convocar a representantes de la Secretaría de Estado, de la Abogacía General del Estado y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Durante el año 2013 la Ponencia ha mantenido una sola reunión, el 26 de febrero de 2013, en la que se revisó el articuladode la normativa de Fundaciones y las observaciones hechas al mismo por parte de los miembros de esta Ponencia

En el mes de marzo de 2013, el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Justicia editó y publicó la propuesta para la Reforma de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones del Estado.

F) SECCIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE LA REGULACIÓN DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL.

Mediante Orden de 20 de abril de 2012, se constituyó en el seno de la Comisión General de Codificación, una Sección especial para la regulación de la Jurisdicción Voluntaria y la actualización de la Legislación Procesal Civil, al objeto de presentar al Ministerio de Justicia una propuesta de Anteproyecto de Ley de Regulación de la Jurisdicción Voluntaria, y para la mejora y puesta al día de la legislación Procesal Civil. Dicha Ponencia fue constituida por los siguientes miembros: Presidente: D. Julio Banacloch e Palao. Vocales: D. Alfonso Candau Pérez, D. Manuel López Pardiñas. D. Jose Luis González Armengol, D. Jaime Vegas Torres, D. Francisco José León, D. Jesús María González García, Dª. María de los Desamparados Nuñez Boluda. Actuó como Secretario, D. Julio C. Fuentes Gómez, Subdirector General de Política Legislativa en su calidad de Secretario General, siendo sustituido en algunas reuniones por una funcionaria de la misma Subdirección General.

Asimismo, fueron convocados un representante de la Secretaría de Estado de Justicia y otro de la Abogacía General del Estado.
Mediante Orden de 23 de mayo de 2012 se amplió la composición de la Sección especial para la regulación de la Jurisdicción Voluntaria y la actualización de la legislación Procesal Civil, y pasaron a formar parte de ella los siguientes Vocales: D. Antonio Fernández de Buján y Dª Rosa Mariscal de Gante.
En 2012 se remitió el texto elaborado por la Ponencia al Gabinete del  Ministro, al Gabinete del Secretario de Estado y a la Abogacía General del Estado. En octubre del año 2013, el texto fue aprobado para Informe por el Consejo de Ministros.

G) SECCIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE LA REGORMA DE LA LEY DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

Mediante Orden de 11 de julio de 2012, se constituyó en el seno de la Comisión General de Codificación una Sección especial para la preparación deuna propuesta de Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dicha Ponencia está constituida por los siguientes miembros: Presidente: D. Francisco Velasco Caballero. Vocales: D. José María Baño León, D.ª Elisenda Malaret i García., D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco, Dª. Nùria Cléries Nerin, D. Diego Córdoba Castroverde, D. Jesús López-Medel Báscones. Actuó como Secretario de Actas D. Julio C. Fuentes Gómez, Subdirector General de Política Legislativa en su calidad de Secretario General.

La Sección especial fue asistida por un Grupo de Estudios, actuando de acuerdo con las instrucciones de su Presidente. Para tal fin se nombraron los siguientes Vocales: D. Gabriel Doménech Pascual, Dª. Silvia Díez Sastre, D. Luis Medina Alcoz, D. Francisco Rodríguez Pontón, Dª. María Hernando Rydings.

Mediante Orden de 25 de octubre de 2012 se modificó la Orden de 11 de julio de 2012, incorporando a las sesiones, a instancias del Presidente, a unrepresentante de la Secretaría de Estado de Justicia y otros dos de la Abogacía General del Estado.

En el mes de marzo de 2013 el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Justicia editó y publicó la Propuesta de Anteproyecto de ley de Eficiencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

H) ARCHIVO DE LA COMISIÓN.

El capítulo IV del Real Decreto 160/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Comisión General de Codificación, está dedicado a la custodia, consulta y derecho de acceso al Archivo de la Comisión.

En cumplimiento del artículo 29 de dicho texto, la Secretaría General en el año 2007 realizó un trabajo de custodia y con servación de los fondos del Archivo de la Comisión General de Codificación. Para ello se hizo una recopilación en DVD que se denominó “Actas de las sesiones de la Comisión General de Codificación 1828-1994”, cuyo contenido son las actas de todas las materias jurídicas tratadas en un periodo anterior a la constitución de la Comisión General de Codificación.

Las colecciones de actas que figuran en el DVD son las siguientes:

  1. Primeras Actas Originales de Diversas Materias.
  2. Actas del Pleno.
  3. Actas de la Sección Segunda de Derecho Público y Privado, y de la Sección Cuarta de Derecho Penal y Penitenciario.
  4. Actas de la Sección Primera.
  5. Actas de la Comisión Permanente.
  6. Actas de la Sección Tercera de Derecho Procesal y Organización Judicial.
  7. Actas de la Sección Primera, Subsección de Derecho Mercantil.
  8. Actas de la Comisión Extranjera e Información Jurídica.
  9. Actas Sección Quinta, Organización de Tribunales y Derecho Procesal.

Actualmente, y siguiendo con el deber de custodia y conservación de los fondos de Archivo para la protección de los bienes integrantes del patrimonio documental, las actas levantadas en las sesiones de las secciones permanentes, secciones especiales y grupos, así como la documentación aportada a los mismas, permanece custodiada en la Secretaría General de la Comisión General de Codificación.

I) INVESTIGADORES.

El Archivo de la Comisión General de Codificación es habitualmente consultado por investigadores que acreditan un interés histórico, científico o cultural, relevante, previa solicitud de acceso al mismo de conformidad con los Estatutos de la Comisión.

Actualmente existe una copia informática de los fondos del Archivo, siendo esta la que sirve a los Investigadores para realizar sus consultas consiguiendo con ello una mejor conservación de los fondos del Archivo. Tras la consulta de los fondos se facilita a los investigadores una copia de los documentos solicitados en soporte informático.

Durante el año 2013 el Archivo ha sido consultado por un total de 18 investigadores.

J) SECRETARÍA.

En cumplimiento del artículo 1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, según el cual darán origen a indemnización o compensación las asistencias a Órganos Colegiados de la Administración General del Estado, la Secretaría de la Comisión General de Codificación es la encargada de gestionar y tramitar las asistencias, así como las comisiones de servicios para el abono de los gastos originados a los Vocales de las Secciones por los desplazamientos desde su lugar de origen hasta la sede del Ministerio de Justicia.
Asimismo, se presta la colaboración requerida por las distintas Secciones, Ponencias y Grupos de Trabajo, remitiendo a los Vocales la documentación necesaria y facilitando las comunicac
iones y servicios administrativos necesarios para el correcto desarrollo de las reuniones de la Comisión.

PERSONAL DESTINADO EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL

El trabajo técnico de estudio y propuesta se ha realizado por:

  • D. Julio Fuentes, Subdirector General
  • Dª. Mª Luz Puerto Mendoza, Subdirectora General Adjunta
  • Dª. Iria Losada Baltar, Consejera Técnica
  • Dª. Irene Fuentetaja Cobas, Consejera Técnica
  • Dª. Mª Teresa Mendizábal Sanz, Consejera Técnica Asesora en materia de Derecho penal y procesal penal
  • Dª Ángela Matía Sacristán, Vocal Asesora de la Secretaría General Técnica.

El seguimiento de la normativa europea y coordinación de actividades de transposición de Directivas se ha realizado por Dª. Nicasia Rodríguez, Jefa de Servicio.

La Secretaría de la Comisión General de Codificación y elaboración de actas de las Secciones, ha correspondido a Dª. Mª Luz Puerto Mendoza, Subdirectora General Adjunta, Dª. Iria Losada Baltar, Consejera Técnica, Dª. Mª Teresa Mendizábal Sanz, Consejera Técnica y Dª. Paula Yanguas Fidalgo, Jefa de Servicio de Política Legislativa.

La documentación y archivo de las actividades de la Subdirección ha sido realizada por Dª. Mª Isabel Álvarez Álvarez, Jefa de Sección.

Las actividades administrativas de apoyo a la Comisión General de Codificación se han realizado por Dª. Elena Cid Barreiros, Dª. ConsueloMaestro Izquierdo, Dª. Rosario Illescas Vegara. Dª. Rocío Cercadillo Hidalgo ha desempeñado el puesto de Secretaria del Subdirector General.

 

Propuestas de derecho civil

Otras aportaciones a textos legislativos

 

 

Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico

Comision-Lenguaje-JuridicoLa ciudadanía tiene derecho a comprender las comunicaciones verbales o escritas de los profesionales del derecho. Para hacer efectivo este derecho, se incluyó en el Plan Estratégico para la Modernización del sistema de Justicia el compromiso de constituir formalmente una Comisión para la modernización del lenguaje jurídico. Esta  Comisión recibió el encargo de presentar al Consejo de Ministros un informe de recomendaciones sobre el lenguaje empleado por los profesionales del derecho, con la finalidad de hacerlo más claro y comprensible para los ciudadanos.

Las diversas encuestas sobre el estado de la Justicia que, desde el inicio de la democracia, se han realizado en España ponen de manifiesto que la ciudadanía confía en el rigor y calidad de los juristas pero que, al mismo tiempo, no les comprende o, en el mejor de los casos, les comprende con dificultad.

El informe que aquí se presenta culmina el trabajo de esta Comisión y pretende ser un primer paso en la construcción del derecho a comprender. Se estructura en dos tipos principales de recomendaciones:

  • A los profesionales: sobre la base de los errores gramaticales y de sintaxis más comunes, se propone un conjunto de recomendaciones básicas.
  • A las instituciones: corresponde a las instituciones impulsar medidas que permitan acercar el lenguaje jurídico al ciudadano y poner al alcance de nuestros profesionales del derecho medios suficientes para la búsqueda de la excelencia en su expresión lingüística.

Asimismo, con el fin de emplear un método riguroso, la Comisión encomendó un conjunto de estudios de campo a varios equipos de investigación dirigidos por filólogos de reconocido prestigio, bajo la supervisión de la Real Academia de la Lengua Española. Estos estudios  son uno de los más completos análisis empíricos sobre el lenguaje jurídico elaborados en España hasta la fecha y han contribuido de forma significativa a los debates de la Comisión.

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO (PDF. 3.36 MB)Este enlace se abre en una nueva pantalla

 

Estudios de campo:

CONVENIO PARA PROMOVER LA CLARIDAD DEL LENGUAJE JURÍDICO (PDF. 952 KB)

Principios de acceso a la información pública y a los trámites administrativos por vía electrónica

La Coalición Pro Acceso, que agrupa a 29 ONG comprometidas con el derecho a la información pública, ha elaborado un decálogo basado en la doctrina internacional sobre la materia:

  • 1. El derecho a la información es un derecho de todos.
  • 2. El derecho se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
  • 3. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
  • 4. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
  • 5. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de acceso deben ser la excepción.
  • 6. Las denegaciones de acceso deben limitarse y estar debidamente motivadas.
  • 7. Toda persona tiene derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
  • 8. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
  • 9. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.

Legalización internacional de documentos y Apostilla de la Haya

El trámite de apostilla consiste en colocar sobre un documento público, o una prolongación del mismo, una Apostilla o anotación que certificará la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos en un país firmante del XII Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros que deban surtir efectos en otro país firmante del mismo.

Así, los documentos emitidos en un país firmante del Convenio que hayan sido certificados por una Apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de autenticación.

España es uno de los países adheridos al Convenio de la Haya. Puede encontrar todos los Estados adheridos al citado Convenio en la página Web de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado (En el caso de la República Popular China sólo se aplica a los territorios de Macao y Hong Kong. Respecto de Albania no se aplica el Convenio con España).

¿Qué documentos pueden apostillarse? Documentos públicos

  • Documentos judiciales: Documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un secretario, oficial o agente judicial.
  • Documentos administrativos.
  • Certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como la certificación del registro de un documento, la certificación sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones oficiales y notariales de firmas en documentos de carácter privado.

Sin embargo, no se aplicará a:

  • a) los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares.
  • b) los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.
  • c) los documentos que, en aplicación de otros Convenios Internacionales, estén exentos de ser legalizados o apostillados.Quién puede solicitarlo/presentarlo

Puede solicitar la Apostilla de la Haya cualquier portador de un documento público cuya autenticidad desee certificar.

Para el caso de Apostillas en formato electrónico, el ciudadano, después de presentar la solicitud ante la Autoridad competente correspondiente, podrá descargarse la Apostilla a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.

¿Dónde se puede acudir para apostillar un documento?

Según lo indicado en el Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre, por el que se determinan los funcionarios y autoridades competentes para realizar la legalización única o Apostilla prevista por el Convenio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, de 5 de octubre de 1961, se puede acudir para apostillar un documento a los siguientes lugares:

  • Documentos públicos judiciales expedidos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo:
    • Secretarios de Gobierno de los respectivos tribunales o en quien ellos deleguen.

Información adicional

Documentos Administrativos que precisan de reconocimiento previo de firma para ser apostillados:
Tipo DocumentoReconocimiento Previo de firma porDirección
Títulos y Certificados de Estudios UniversitariosOficiales.Mº de Educación, Cultura y Deporte y Altas Inspecciones de Educación en las Comunidades Autónomas (sólo en algunos casos, consultar enlace).Paseo del Prado, 28, Madrid, y direcciones de las Altas Inspecciones de Educación en las Comunidades Autónomas.
Títulos y Certificaciones académicas oficiales no universitarias.Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas.Consultar en página web de la Consejería de Educación competente.
Documentos de la Agencia Tributaria.Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.C/ Alcalá 7-9, Madrid.
Documentos Oficina delServicio Público de Empleo Estatal y de las Entidades de la Seguridad Social (tales como reconocimiento de desempleo, vida laboral, etc.).Ministerio de Empleo y Seguridad Social.Paseo de la Castellana, 65, Madrid.
Documentos no educativos de las Comunidades Autónomas.En algunos casos, como la Comunidad de Madrid, es preciso el reconocimiento previo de firma por la Consejería de Presidencia.Para documentos de la Comunidad de Madrid, C/ Carretas, 4.
Documentos de Entidades Locales (tales como certificados de empadronamiento).No es preciso el reconocimiento previo de firma, siempre que esté firmado por una autoridad cuya firma conste en el sistema, a excepción del Ayuntamiento de Madrid, que requiere reconocimiento previo de firma.Para documentos del Ayuntamiento de Madrid: C/ Montalbán, 1, Madrid.
Documentos consulares (en sus funciones de Registro Civil o Notaría).Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.C/ Juan de Mena, 4, Madrid.
Certificados de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.Encargado del Registro Mercantil (para los Registros de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) o Decano Presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles de España.Calle Diego de León, 21, Madrid.
Documentos AENA, Marina Mercante, Pilotos de Vuelo, o tripulante de barcos.Ministerio de Fomento.Paseo de la Castellana, 67, Madrid.
Documentos Bancarios.Departamento de cuentas Corrientes del Banco de España.C/ Alcalá, 48, Madrid.
Boletín Oficial del Estado.No es preciso reconocimiento previo por la Agencia Estatal del BOE en documentos posteriores a junio de 2011.C/ Manoteras, 54, Madrid
Documentos emitidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.Ministerio del Interior.C/ Amador de los Ríos, 7, Madrid.
Documentos de la Dirección General de Tráfico.Ministerio del Interior o Dirección General de Tráfico.C/ Amador de los Ríos, 7, Madrid o C/ Josefa Valcárcel, 28, Madrid, respectivamente.
Otros.Consultar en el Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia.902 007 214 / 918 372 295

 

Sistema judicial español

La página web de European Justice describe los sistemas judiciales de todos los estados miembros, lo que es un buen punto para encontrar un buen resumen del sistema judicial español.

Administración de Justicia

En el ámbito de los sistemas jurídicos contemporáneos, el sistema español responde a las características del llamado modelo continental,  que tiene como características fundamentales:

  • la separación del sector público y el sector privado del ordenamiento jurídico, generalizando la división del mismo en parcelas que abarcan las materias constitucional, penal, administrativa, tributaria, civil, mercantil, social y procesal.
  • primacía de la ley y del derecho escrito, dentro del sistema de fuentes que define el Código Civil y que son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.
  • organización jerárquica de los tribunales con un sistema de recursos jurisdiccionales.

Tipos de tribunales. Descripción breve

La Constitución Española de 1978 estable que España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

La Constitución dedica su Título VI al Poder Judicial y afirma su artículo 117 que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.

Todos estos principios informan la Organización de los Juzgados y Tribunales en España y se plasma en la existencia de una única jurisdicción, integrada por un único cuerpo de jueces y magistrados que constituyen la Jurisdicción Ordinaria.

Existen numerosos juzgados y tribunales que se distribuyen el trabajo a través de los criterios de reparto de la competencia: materia, cuantía, persona, función o territorio, ya que la Unidad de jurisdicción no se opone a la existencia de diferentes órganos con diferentes competencias.

Para que un órgano judicial pueda considerarse ordinario debe estar regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, por mandato del artículo 122 de la Constitución Española de 1978.

Hay que distinguir tres aspectos fundamentales:

  1. el aspecto territorial.
  2. el carácter unipersonal o colegiado de los órganos.
  3. el aspecto competencial.

El aspecto territorial

De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, el Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas, sobre los que ejercen potestad jurisdiccional Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. Sobre todo el territorio nacional ejercen potestad jurisdiccional la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y los Juzgados Centrales de Instrucción y de lo Contencioso-administrativo.

El carácter unipersonal o colegiado de los órganos

En cuanto al carácter unipersonal o colegiado de los órganos, son todos unipersonales excepto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales.

  • El Tribunal Supremo se compone de su presidente, de los presidentes de  sala y los magistrados que determine la ley para cada una de  sus salas y secciones. Tiene cinco salas: de lo Civil, de lo Penal, de lo ContenciosoAdministrativo, de lo Social y de lo Militar.
  • La Audiencia Nacional se compone de su presidente, los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley para cada una de  sus Salas y Secciones (de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social).
  • Los Tribunales Superiores de Justicia constan de cuatro salas (civil, penal, contencioso-administrativo y social). Se componen de un presidente, que lo será también de las salas civil y penal; de los presidentes de sala y de los magistrados que determine la ley para cada una de sus salas.
  • Las Audiencias Provinciales se componen de un presidente y dos o mas magistrados. Conocerán de los órdenes civil y penal, pudiendo existir secciones con la misma composición.

La Oficina Judicial

La Ley Orgánica del Poder Judicial define la Oficina Judicial como “la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales”.

Su diseño se ha concebido para mejorar la eficacia, la eficiencia y la transparencia de las actuaciones judiciales, agilizar la resolución de trámites y procesos, y fomentar la cooperación y coordinación entre las distintas administraciones. Su puesta en funcionamiento responde, por lo tanto, al compromiso con un servicio público próximo y de calidad, conforme a los valores constitucionales y ajustado a las necesidades actuales de la ciudadanía

Se trata de un nuevo modelo organizativo que introduce modernas técnicas de gestión, basado en la combinación de unidades administrativas diversas; Unidades Procesales de Apoyo directo, equivalente a los antiguos juzgados, que apoyan al Juez o Magistrado en su función jurisdiccional y Servicios comunes procesales, dirigidos por Secretarios Judiciales que realizan y deciden todas aquellas funciones no estrictamente jurisdiccionales, tales como: recepción de escritos, notificaciones, ejecución de resoluciones, tramites procesales no judiciales, admisión de la demanda a trámite, traslado a las partes, subsanación de defectos procesales…

Hay tres clases de Servicios comunes Procesales:

  • Servicio Común General
  • Servicio Común de Ordenación del Procedimiento
  • Servicio Común de Ejecución

El nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia se puso en funcionamiento en Burgos y Murcia en noviembre de 2010. En febrero del año siguiente, la Oficina Judicial fue implantada en Cáceres y Ciudad Real y en el mes de junio de 2011 en las sedes de León, Cuenca y Mérida. En el año 2013 se  jmplantó  en Ceuta y Melilla. Este modelo organizativo coexiste con el antiguo de juzgados y tribunales que rige en el resto del territorio.

El aspecto competencial

Además del componente territorial, hay que destacar las diferentes materias o asuntos de los que pueden conocer los juzgados y tribunales y que determinan la existencia de cuatro órdenes jurisdiccionales:

  • Civil: examina los litigios cuyo conocimiento no venga expresamente atribuido a otro orden jurisdiccional. Por ello puede ser catalogado como ordinario o común.
  • Penal: Corresponde al orden penal el conocimiento de las causas y juicios criminales. Es característica del Derecho español que la acción civil derivada de ilícito penal pueda ser ejercitada conjuntamente con la penal. En tal caso, el tribunal penal decidirá la indemnización correspondiente para reparar los daños y perjuicios ocasionados por el delito o falta.
  • Contencioso administrativo: el contencioso-administrativo trata del control de la legalidad de la actuación de las administraciones públicas y las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se dirijan contra las mismas.
  • Social: que conocen de las pretensiones que se ejerciten en la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales entre trabajador y empresario con ocasión del contrato de trabajo, como en materia de negociación colectiva, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.

Además de los cuatro órdenes jurisdiccionales, existe en España la Jurisdicción Militar.

La Jurisdicción Militar supone una excepción al principio de unidad jurisdiccional.

No existe en España un orden jurisdiccional extraordinario, pero si podemos destacar que, dentro de los órdenes jurisdiccionales mencionados, se han creado Juzgados especializados por razón de la materia. Así por ejemplo, los juzgados de Violencia sobre la Mujer, los juzgados de vigilancia penitenciaria o de menores. Estos juzgados son jurisdicción ordinaria pero cuentan con una especialización por razón de la materia.

Jerarquía de los juzgados y tribunales

España sigue un sistema de doble instancia, que permite el recurso o apelación, lo que determina la jerarquización de los tribunales dentro de un sistema de recursos.

Habrá que estar a lo que determine el ordenamiento jurídico español en lo relativo a las competencias de cada órgano judicial para ver qué recursos caben y  ante qué juzgado habrán de plantearse. Para más información, ver ficha sobre la jurisdicción ordinaria en España.

Bases de datos legales

El acceso a varias bases de datos legales relevantes es gratuito:

Enlaces relacionados

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA

Fianzas y objetos desaparecen de juzgados lentos y desorganizados

¿Puede decirse lo mismo en junio de 2014? Porque este era el titular de una noticia de El País del 29 de junio de 1997. El autor de la noticia era Bonifacio de la Cuadra.

La desorganización de muchos juzgados y el lento sistema de trabajo motiva la mayor parte de las reclamaciones de indemnización por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, informadas favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial. He aquí casos de objetos o fianzas que se pierden o retrasos que perjudican.34 diskettes y una pistola. En 1991 la policía registró un despacho, en el que intervino 34 diskettes de ordenador y una pistola y los puso a disposición de un juzgado de Santander. Cuando tres años después se acordó su devolución, no pudo efectuarse, por ignorarse donde se encontraban. Juan García Arbiza valora las pérdidas en un total de 5.315.000 pesetas, que reclama al Ministerio de Justicia.

Incendio en la Audiencia. José Miguel Martínez pide 20 millones de pesetas por los danos y perjuicios materiales y morales sufridos por el retraso de 14 años en un proceso penal contra él en el que terminó siendo absuelto y que le obligó a la presentación quincenal en el juzgado. Hubo que reconstruir el sumario por el incendio ocurrido en la Audiencia de Alicante, por falta de vigilancia nocturna.

Tabaco robado esfumado. Álvaro Morla García reclama 158.390 pesetas, importe del tabaco que le fue sustraído en 1993 de un vehículo suyo y que fue recuperado por la Guardia Civil, que lo entregó a un juzgado de León, en donde se esfumó.

739 días de cárcel indebida. Nueve millones de pesetas pide Cristóbal Sánchez Girona como indemnización por los 739 días de prisión provisional indebida en un proceso penal en Tarragona en el que finalmente fue absuelto. Solicita 5,9 millones por daños materiales (8.000 pesetas por cada uno de los 739 días indebidos de cárcel) y el resto, hasta nueve millones, por perjuicios morales.

Pérdida de tres fianzas. Ángel Marcen Seral reclama las 600.000 pesetas -más intereses- que depositó en 1986 en un juzgado de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) como fianza por su libertad provisional, y que de modo indebido fueron devueltas a una tercera persona. Igual hace Agustín Arellano Mollano respecto a las 100.000 pesetas que en 1982 ingresó por el mismo motivo en un juzgado de Bergara (Guipuzcoa) y que en 1993. no le devolvieron por no aparecer el resguardo justificativo del ingreso. Tampoco apareció en 1994, en un juzgado de Bilbao, el ingreso de 25.000 pesetas hecho por Ana María Tascón Fernández 10 años antes, a cambio de la libertad de su marido, por lo que también reclama.

Un abogado reclama al Estado 55,4 millones al ser absuelto tras ocho años de procesamiento

Un abogado procesado durante ocho años y luego absuelto reclama al Estado 55,4 millones. Los familiares de sendos difuntos piden seis millones por haber ordenado los jueces enterrarles sin avisar de la aparición de los cadáveres. Son algunas de las reclamaciones al Ministerio de Justicia por anormal funcionamiento judicial, por más de 132 millones, de pesetas, informadas favorablemente, en sus primeros meses de mandato, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegido en 1996. Más de la mitad del medio centenar de informes confirma el anormal funcionamiento judicial, en su mayor parte por retrasos o pérdidas de objetos o fianzas en los juzgados. Pero sólo en un caso cree el CGPJ repercutible la indemnización sobre el juez.

Frente al deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia, la Constitución de 1978 estableció una solución escoba, para cuando a los ciudadanos perjudicados les fracasan otros recursos y resortes jurídicos. El artículo 121 establece que “los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.En 1985 se desarrolló por ley ese precepto y comenzaron a producirse las reclamaciones por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Según los últimos datos disponibles -el actual Ministerio de Justicia no ha podido facilitar durante esta semana los datos relativos a 1996, recabados por este periódico-, desde principios de 1991 a finales de 1995 costaron al Estado 174 millones de pesetas, distribuídos entre 148 reclamaciones estimadas, de un total de 1.038 en los cinco años.

Estafa inexistente

De la nueva hormada de reclamaciones estudiadas por el nuevo CGPJ -que, como el anterior, informa a favor más de la mitad- destaca, por su importe, la del abogado que pide al Estado 55.444.430 pesetas. Se trata de José María Torne Farré, de 64 años, que ha ejercido la abogacía durante 37 años en Cataluña. En 1986 fue procesado en Valencia por presuntos delitos de estafa e introducción y puesta en circulación de títulos al portador falsos. En 1994, tras una serie de peripecias procesales, Torne fue absuelto de tales delitos. En consecuencia, reclama 444.430 pesetas por gastos, 30 millones por daños morales -habida cuenta su profesión, las penas pedidas y los ocho años y cuatro meses que estuvo procesado- y 25 millones “por baja en el rendimiento económico de su bufete”.El CGPJ informa que se ha producido funcionamiento anormal de la Justicia, entre otras razones porque el letrado “estuvo sometido a procesamiento durante más de ocho años, sin que sea atribuible a su actuación la dilación del mismo, no siendo, por otra parte, la materia debatida de una complejidad que pudiera justificar tan dilatada tramitación”.

Otras dos reclamaciones guardan relación con la falta de información sobre la muerte de dos personas. En un caso, Cristóbal Criado se queja de que no fue informado de la muerte de un hijo suyo, cuyo cadáver fue encontrado “con documentación acreditativa de su completa filiación y domicilio” en Cornellá (Barcelona).

Criado, pide un millón de pesetas por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, porque el juzgado archivó la investigación y acordó el entierro del cadáver sin haber realizado “actuación alguna” para localizar a la familia, que durante cinco meses estuvo buscando infructuosamente a su desaparecido, incluso a través de un programa de televisión. El CGPJ informa favorablemente la petición, ya que el juzgado contaba con “datos más que suficientes para, al menos, tratar de localizar a los familiares del finado”.

Cadáver identificado

Otro caso similar es el planteado por Santas Torrijos y María Elia Suárez, madre y esposa de otro difunto. Ambas narran que el 27 de agosto de 1994 fue hallado en Las Palmas de Gran Canaria el cadáver de su familiar, identificado con DNI, NIF y otros efectos personales, a pesar de lo cual los familiares no fueron informados. Dos meses después un amigo comunicó que había fallecido. Preguntaron, en el Juzgado de Instrucción número 5 y se les contestó que “casos de esos había muchos”. Ambas mujeres alegan los sufrimientos padecidos y solicitan cinco millones de pesetas por los daños morales causados.El CGPJ estima que se produjo anormal funcionamiento judicial. Razona que cuando el 3 de noviembre de 1994 se entregaron los efectos personales del fallecido a las reclamantes, entre ellos existía una cartera con el DNI y el NIF y otra documentación personal que habría permitido informarles. No hacerlo les privó de la toma de decisiones “pertenecientes a un ámbito tan íntimo como el de los sentimientos y emociones (…) ligados al enterramiento de un familiar”.

El juez que la hace sigue sin pagarla

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) permite al Ministerio de Justicia repercutir el importe de la indemnización pagada por el Estado, por anormal funcionamiento de la justicia, sobre el juez o magistrado responsable de los daños “por dolo [intencionalidad] o culpa grave”. Sin embargo, son escasísimos los casos en que se ha intentado. Los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, también suelen eludir pronunciarse sobre la materia. El resultado es que, a veces, el juez que la hace no la paga.La Administración alega que la mayoría de tales indemnizaciones se derivan de problemas estructurales o no personalizables, por lo que no resulta fácil concretar la responsabilidad en un juez, un secretario u otro funcionario. Sin embargo, durante el mandato de Juan Alberto Belloch al frente del Ministerio de Justicia, en una ocasión se intentó recobrar de un juez de Sabadell (Barcelona) los 4,7 millones indemnizados por un retraso de casi cinco años en resolver un asunto.

El anterior CGPJ se planteó la actitud a adoptar en sus informes. El 26 de febrero de 1992 acordó formular un “pronunciamiento expreso” cuando quede clara “la improcedencia de la acción de repetición que asiste al Estado, (…) guardando silencio en caso contrario”. El actual CGPJ, en un informe de 15 de enero de 1997, acordó que si “aprecia que no concurren de modo manifiesto los requisitos necesarios para repetir contra el juez o magistrado que hubiera intervenido en el proceso de que se trate, podrá hacerlo constar así en su informe, mientras que, en caso contrario, si no puede excluirse la existencia de dolo o culpa grave, bastará con poner de manifiesto tal circunstancia”.

El CGPJ considera que la facultad discrecional de recuperar de los jueces el importe de la indemnización puede “constituir un elemento perturbador de la independencia jurisdiccional”, por lo que decide que sólo pondrá de manifiesto tal circunstancia, “de modo que no se efectue una invitación explícita o implícita al ejercicio de la acción de repetición”. Así lo ha hecho respecto a un juez que, en unión de una secretaria de un juzgado de Córdoba, autorizó la “indebida entrega de dinero embargado”, que dio lugar a la reclamación de 350.870 pesetas, más intereses, formulada por Luis Mengibar Jiménez, e informada a favor por el CGPJ.